Activistas de Zimbabwe lanzaron una campaña sin precedentes en contra de la pena de muerte, afirmando que el país necesita un debate abierto sobre su integración a las «democracias civilizadas del mundo».
"La pena de muerte es una amenaza a la libertad de expresión", dijo a IPS el activista Edson Chiota, coordinador nacional de la Asociación de Zimbabwe para la Prevención del Delito y la Rehabilitación de los Infractores (Zacro, por sus siglas en inglés).
Chiota participó del Tercer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en París a inicios de este mes.
"El gobierno intenta silenciar a la oposición. Si públicamente criticas al jefe de Estado, hay una gran probabilidad de que seas acusado de traición. Es algo de temer. La traición lleva a la pena de muerte", señaló.
Los activistas subrayan que dos importantes líderes políticos fueron acusados de traición en una campaña de intimidación antes de las últimas elecciones.
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Morgan Tsvangirai, líder del principal partido opositor, el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), fue acusado de traición tres veces, la última de ellas en vísperas de los comicios presidenciales de 2002. El juicio duró casi dos años, y terminó con una sorpresiva absolución.
Ndabaningi Sithole, dirigente de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF, por sus siglas en inglés), fue acusado de haberse complotado para derrocar al régimen de Robert Mugabe. Esto ocurrió en vísperas de las elecciones de 1996.
Sithole fue hallado culpable y sentenciado a cinco años de prisión, aunque recuperó la libertad antes de tiempo en consideración a su delicada salud. La condena le impidió integrar el parlamento hasta su muerte, tres años después. Ambos políticos aseguraron haber sido incriminados por los servicios de seguridad del Estado.
Sin embargo, el encargado de información y publicidad de Zacro, Wonder Chakanyuka, evitó referirse a la pena de muerte como una herramienta para silenciar a disidentes.
En cambio, subrayó que es una práctica contraria a las tradiciones africanas y remanente de los tiempos coloniales.
"Era usada para intimidar y eliminar a la población negra, y los zimbabwenses no podemos seguir teniendo esta ley en nuestros libros", escribió Chakanyuka en un artículo de opinión para el diario oficialista The Herald.
"Un creciente número de estados africanos han abolido la pena de muerte, y Zimbabwe no puede permitirse quedar atrás", añadió.
Al final del artículo se publicó una nota editorial señalando que la cruzada abolicionista de Zacro no era impulsada por ningún partido en particular y no debía ser usada para "demonizar" a ningún sector.
Esto parece confirmar la visión de Zacro de que el gobierno de Mugabe no pondrá obstáculos a la campaña.
"Nunca hemos chocado con el gobierno en este tema. Nos deja movernos con libertad. Esto significa que quiere dejar que el público tome una postura" sobre el tema, reconoció Chiota.
Es posible que la iniciativa de Zacro obtenga fuerte apoyo popular y de muchas organizaciones no gubernamentales, iglesias, líderes tradicionales, abogados e incluso miembros del Departamento de Justicia.
"Matar a alguien por un delito no cambiará ni resolverá nada. Nadie tiene derecho a matar a otro", dijo a IPS el director ejecutivo de la Fundación Cívica Educativa Zimbabwe (ZIMCET), David Chimhini.
La ZIMCET promueve abolir la pena capital y en cambio adoptar la cadena perpetua para el delito de asesinato.
Por su parte, la Fundación de Derechos Humanos de Sudáfrica también se lanzó contra las condenas de muerte, proponiendo la pena penitenciaría con el fin de hacer "reflexionar y reformar" a los sentenciados.
"Los tribunales pueden sentenciar a alguien a muerte, pero nunca podrán estar 100 por ciento seguros de que esa persona cometió el delito", dijo a IPS el director ejecutivo de la Fundación, Noel Kututwa.
Sin embargo, expresó dudas de que el régimen de Mugabe vaya a escuchar los reclamos abolicionistas. "No me imagino al gobierno moviéndose, siquiera una pulgada, para cambiar la ley de pena de muerte", afirmó.
