Activistas y líderes políticos de Estados Unidos intensificaron sus llamados al Congreso legislativo para que apruebe una reforma migratoria integral, que no se limite a imponer restricciones al ingreso de extranjeros.
El Grupo Independiente de Expertos sobre Inmigración y el Futuro de Estados Unidos, encabezado por legisladores oficialistas y opositores, dio a conocer a inicios de enero un informe sobre el problema migratorio que se espera tenga eco tanto dentro de la administración de Bush como dentro del Congreso, donde el opositor Partido Demócrata es mayoría.
El ex miembro de la Cámara de Representantes Lee Hamilton fue la figura demócrata en ese grupo, mientras que el ex senador y ministro de Energía Spencer Abraham fue su contraparte del gobernante Partido Republicano. Dirigiendo las deliberaciones estuvo Doris Miessner, comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización durante el gobierno de Bill Clinton (1993-2001).
En el grupo también estaban tres de los cuatro principales redactores de un nuevo proyecto de ley de reforma migratoria presentado por el senador demócrata Edward Kennedy, el senador republicano John McCain y el representante demócrata Jeff Flake.
Se espera que este proyecto sea debatido antes de que finalice el primer trimestre de este año.
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El portavoz de Flake, Mathew Specht, dijo a IPS que el "congresista comparte la opinión del grupo de expertos de que la reforma migratoria debe ser integral".
"Integral" es la palabra clave para diferenciar los proyectos que propician una inclusión de los inmigrantes de los que se concentran en limitar el acceso a los extranjeros.
El año pasado, la Cámara de Representantes aprobó restricciones draconianas a la inmigración, incluyendo la construcción de más de 1.000 kilómetros de doble vallado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y la penalización de la indocumentación y de la ayuda a inmigrantes sin papeles. Dieciocho por ciento de los demócratas apoyaron el proyecto.
La dirigencia republicana, sin embargo, no fue capaz de reconciliar el texto de la Cámara de Representantes con el aprobado por el Senado, que incluía un programa de trabajadores "invitados" y un camino para regularizar la situación de algunos inmigrantes indocumentados, proyecto respaldado por el presidente George W. Bush.
Finalmente, en el otoño boreal, los republicanos aprobaron la Ley del Cerco Seguro, que autorizó agregar 1.112 kilómetros de vallado en la frontera a los menos de 160 kilómetros que ya estaban cercados.
Mientras, el proyecto McCain-Kennedy distingue tres categorías de indocumentados, que recibirían distintos beneficios.
Los inmigrantes con cinco o más años en Estados Unidos podrían regularizar su situación, pero deberían abandonar el país los que tengan menos de cinco.
Este proyecto podría conciliar la posición más restrictiva con la propicia a la apertura. Ambas están presentes tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata.
El grupo de expertos fue convocado por el Instituto de Políticas Migratorias, asociado con el Instituto Manhattan y con el Centro Internacional de Expertos Woodrow Wilson.
Steven Camarota, del Centro de Estudios sobre Inmigración, institución de investigación sin filiación política que aboga por reforzar las restricciones al ingreso de extranjeros, dijo que las recomendaciones del Grupo "fueron redactadas por abogados favorables a fronteras abiertas: no hay diversidad de puntos de vista en ellas".
"Hay mucho apoyo de la elite estadounidense a esta posición. Ellos ven la necesidad de la mano de obra de los inmigrantes. No quieren enviar a los indocumentados a sus países de origen. Les gusta mucho la inmigración legal", dijo a IPS.
El grupo representó "una suerte de amplio consenso entre los líderes de opinión de Estados Unidos, dentro y fuera del Congreso", añadió.
Sobre el tema migratorio, "hay una gran división entre los estadounidenses, y no entre los de derecha e izquierda. Tampoco entre demócratas y republicanos. Es entre la elite y la gente del común. Es entre los intereses de un grupo y la opinión pública. Y esto es lo que crea el estancamiento político", sostuvo.
Una encuesta de la consultora Tarrance Group descubrió que 75 por ciento de los votantes en los comicios legislativos de noviembre esperaban que el nuevo Congreso aprobara una reforma migratoria integral. Cincuenta por ciento de los consultados prefirieron esto, mientras que apenas 37 por ciento apoyaron la idea de sólo fortalecer las fronteras.
Sesenta y ocho por ciento favorecieron brindar un camino para que los inmigrantes indocumentados obtengan estatus legal a través de una multa, siempre que trabajen, paguen sus impuestos, no hayan incurrido en ningún delito y aprendan inglés.
En las elecciones de noviembre, varios de los candidatos que defendían medidas restrictivas a la inmigración fueron rotundamente derrotados.
En el informe "Inmigración y el Futuro de Estados Unidos: Un Nuevo Capítulo", el grupo de expertos llama a que se reformen las dimensiones legales, sociales y económicas del sistema de inmigración.
"Todo el debate se ha enfocado en la inmigración ilegal. Pero es sólo un síntoma, Empleadores prefieren contratar a indocumentados, y expandir los canales legales podría reducir las presiones en las fronteras", dijo Deborah Meyers, una de los autores del informe e integrante del Instituto de Políticas Migratorias.
El grupo de expertos recomendó inicialmente fijar cuotas de inmigrantes de cerca de 1,5 millones al año, apenas 300.000 menos que el actual número.
Mientras, sindicatos, empresarios y líderes religiosos formaron una alianza para presionar por una reforma migratoria integral este año.
La alianza está conformada por la Cámara de Comercio, el Consejo Nacional de la Raza, la Conferencia de Obispos Católicos y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios.
En tanto, líderes del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa anunciaron una campaña de cabildeo en los próximos meses, que buscará "educar" a los congresistas sobre el problema.
Representantes de más de 200 organizaciones defensoras de los inmigrantes se congregaron en Washington la semana pasada para dar inicio formalmente a la campaña.
Los activistas dialogaron con el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, y subrayaron la necesidad de que cualquier reforma incluya un camino para la regularización de la situación de los inmigrantes indocumentados.
