El estadounidense Lorry Post no desea la muerte para el hombre que mató a su hija en 1989. Prefiere que pase el resto de sus días tras las rejas.
"Lisa quería a la gente. No podía soportar que lastimaran a alguien. La ejecución habría sido lo último que ella querría", dijo Post a IPS.
Post, fundador del Neojerseítas por Alternativas a la Pena de Muerte, fue una de las 70 personas que prestaron testimonio este año ante una comisión de la legislatura del nororiental estado de Nueva Jersey a cargo de evaluar la actual moratoria de ejecuciones.
"Siempre estuve en contra de la pena de muerte", indicó Post.
La Comisión de Estudio acerca de la Pena de Muerte en Nueva Jersey, creada en enero, realizó cinco audiencias públicas entre julio y octubre en Trenton, la capital del estado.
Participaron en esas reuniones críticos del castigo extremo, como Post, y defensores decididos a mantener las ejecuciones.
La Comisión debía presentar su informe en noviembre, pero prorrogó el plazo hasta fines de este mes.
Varios analistas consideran que probablemente el panel recomendará la abolición o, al menos, la prolongación de la moratoria a las ejecuciones.
De hecho, a principios de este año, el senado local instauró la moratoria por un año, convirtiendo así a Nueva Jersey en el primer estado en legislar al respecto.
Otros estados, en especial Illinois, abolieron la pena capital por orden del gobernador. El de Nueva Jersey, Jon Corzine, del Partido Demócrata, es un férreo opositor de la pena máxima.
Cuando Corzine fue senador en el Congreso legislativo redactó en 2002 junto con el senador demócrata por Wisconsin Russ Feingold un documento exhortando a que se interrumpieran las ejecuciones en todo el país.
La última vez que Nueva Jersey ejecutó a alguien fue en 1963.
El ex presidente del Seminario Teológico de Nueva York, el reverendo M. William Howard Jr., preside esa Comisión de 13 miembros.
También la integran una diversidad de personalidades del ámbito local como el jefe de policía James P. Abbott y la defensora de víctimas de delitos violentos Kathleen M. García.
En ella se escucharon los relatos de ex condenados a muerte, sentenciados por error, y espeluznantes historias como la ejecución del cubano Pedro Medina en el estado Florida en 1997.
Una falla en la silla eléctrica en la que murió Medina hizo que su cabeza ardiera en llamas e inundara el recinto de humo.
Post y su esposa presentaron a la Comisión la firma de 31 familiares de asesinados y que respaldan el fin de la pena de muerte.
"La pena de muerte fue un fracaso rotundo", dijo a IPS la directora ejecutiva de NJADP, Celeste Fitzgerald.
"Hemos aprendido que el largo proceso legal es doloroso para la familia de las víctimas, que se corre el riesgo de ejecutar a inocentes, que resta recursos de otras importantes necesidades del estado y que, por encima de todo, la pena de muerte distrae a la justicia", explicó.
La Comisión también escuchó a defensores de la pena capital como Sharon Hazard-Johnson, cuyos padres fueron asesinados por un intruso.
"Para los asesinatos más atroces, la pena de muerte es el único castigo consistente con la justicia. Menos que eso es una farsa", dijo a IPS el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Marquette, en Wisconsin, John C. McAdams.
McAdams no prestó testimonio ante la Comisión.
Pocas cuestiones desatan en Estados Unidos pasiones tan fuertes como la pena de muerte, por encima de los diferentes partidos, géneros y creencias religiosas.
La pena capital está vigente en 38 de los 50 estados de la Unión, aunque pocos la aplican. También está prevista en la legislación federal y en los códigos militares.
En enero de 2003, el entonces gobernador de Illinois, el republicano George H. Ryan, que antes había ordenado una moratoria sobre las ejecuciones en su estado, conmutó todas las condenas a muerte por cadena perpetua.
En cambio, en los cinco años en que el actual presidente George W. Bush fue gobernador de Texas, avaló la ejecución de 131 presos, muchas más que en cualquier otro estado.
La pena de muerte fue declarada inconstitucional en Nueva York en 2004 por el tribunal de apelaciones de este estado.
En muchos estados, la organización Innocence Projects se dedica a exonerar de culpas a condenados por error, mediante un análisis de ADN. Así, lograron determinar la inocencia de 187 sentenciados, aunque no todos ellos estaban en el pabellón de la muerte.
En el referéndum realizado junto a las elecciones legislativas del 7 de noviembre, más de 55 por ciento de los votantes de Wisconsin respaldaron la restauración de la pena de muerte para los casos de homicidios múltiples intencionales en primer grado, y con confirmación mediante análisis de ADN.
De todos modos, la consulta popular no obliga al estado a aplicarla.
Además, las legislaturas estaduales de varios estados del sur consideran promulgar leyes que permitan la pena de muerte para condenados por delitos sexuales contra menores de edad.
La ciudadanía de Nueva Jersey votó a favor de restaurar la pena capital en 1982, pero nadie ha sido ejecutado desde 1963, cuando Ralph J. Hudson fue electrocutado por matar a cuchilladas a su mujer, de la que estaba separado, mientras trabajaba de camarera en Atlantic City.
Antes, ese estado había ejecutado al delincuente bígamo Henry Colin Campbell, en 1930, y al carpintero Bruno Richard Hauptmann, inmigrante alemán electrocutado por el secuestro y asesinato del hijo de 20 meses del célebre aviador Charles Lindbergh.
La responsabilidad de Hauptmann en ese caso fue seriamente cuestionada años después.
Los opositores de la pena capital trataron de convencer a la Comisión de esa misma imperfección.
***** + Neojerseítas por Alternativas a la Pena de Muerte, en inglés (http://www.njadp.org/) + Proyecto Inocencia, en inglés (http://www.innocenceproject.org/) (FIN/IPS/traen-vf-mj/md/al/na hd dp/06)
