El buque Probo Koala, de bandera panameña, descargó hace un mes más de 550 toneladas de desechos tóxicos en el puerto de Abidján, Costa de Marfil. Las emisiones derivadas de esos residuos mataron a siete personas y envenenaron a miles.
La mortal carga fue embarcada en Amsterdam, donde las autoridades portuarias habían rechazado el barco el 2 de julio a causa de su contenido tóxico. El Probo Koala había sido fletado por la empresa Trafigure Beheer BV, especializada en el "suministro y compra de crudo, productos derivados del petróleo, gas licuado de petróleo, metales y minerales de metales y concentrados".
Ahora Trafigure Beheer BV admite que el buque no pasó por la limpieza obligatoria antes de llevar una nueva carga. "La razón por la que en última instancia no lo hizo es que la compañía de eliminación de desechos en Amsterdam quería renegociar su contrato original", aseguró la empresa en una declaración divulgada el martes.
El portavoz de la firma, Jan Maat, dijo a periodistas en Amsterdam que limpiar el barco en Holanda "habría significado perder una enorme suma de dinero". Eso equivaldría a 35.000 dólares por día de demora en el puerto. "Por lo tanto, decidimos bombear nuevamente los desechos en el buque cisterna y buscar otro puerto", alegó.
Un puerto disponible para descargar la basura era Abidján, a unos 7.000 kilómetros de distancia.
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"Todo el procedimiento fue ilegal", dijo a IPS Andreas Bernstorff, experto en tráfico de desechos tóxicos y ex activista de Greenpeace, residente en la septentrional ciudad alemana de Hamburgo.
"Las autoridades portuarias de Amsterdam deberían haber obligado al Probo Koala a ir al incinerador ubicado en (la sudoccidental ciudad holandesa de) Rotterdam", agregó.
Bernstorff dijo que la Convención de Basilea sobre el Control del Transporte Transnacional de Materiales Tóxicos y sus Desechos regula las responsabilidades de los países industrializados para eliminar los residuos contaminantes.
"Según la Convención, las autoridades portuarias de Amsterdam no debieron haber permitido que el Probo Koala continuara su ruta como si no hubiera ocurrido nada malo", aseveró.
La Convención fue adoptada en 1989 en la septentrional ciudad suiza de Basilea y entró en vigencia en 1992. Prohíbe las exportaciones de todas las formas de materiales tóxicos desde los países más industrializados al Sur en desarrollo.
Pero varias naciones industrializadas, como Australia, Canadá y Estados Unidos, no la ratificaron. Holanda estuvo entre los 15 miembros más antiguos de la Unión Europea que suscribieron la Convención desde que fue concebida.
La organización ambiental Basel Action Network (BAN, Red de Acción de Basilea) con sede en la septentrional ciudad estadounidense de Seattle, sostuvo que la eliminación de la carga tóxica del Probo Koala en Abidján era "una clara violación de las normas ambientales internacionales".
Importantes ambientalistas condenaron lo ocurrido.
"El desastre de Abidján es un ejemplo particularmente doloroso del sufrimiento humano causado por la descarga ilegal de desechos" tóxicos, indicó el director del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Achim Steiner, en un comunicado de prensa emitido por la secretaría de la Convención de Basilea.
"Son puros desechos petroquímicos", dijo por su parte Rudolph Walder, experto suizo en materiales tóxicos del Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en casos de Desastres (Undac) en Abidján.
Walder añadió que los desechos incluían sólidos, sustancias oleosas y agua, productos que podrían proceder de una refinería, de la industria petroquímica o de la limpieza de barcos.
"Me queda muy claro que (los residuos) constituyen un producto que viola la Convención de Basilea", aseguró.
"La actual situación se parece mucho a la de 1988", antes que la Convención fuera adoptada, dijo a IPS Jim Puckett, de BAN. "Ahora, pese a las regulaciones, hay más evidencia de muerte y enfermedades derivadas del transporte de desechos que nunca antes".
Martin Bézieux, experto en desechos tóxicos de Greenpeace Francia, dijo a IPS que "las reglas que prohíben tales exportaciones existen, pero su aplicación y el control de su aplicación son insuficientes".
La exportación ilegal de residuos contaminantes de países industrializados a naciones en desarrollo es rutina. Según Greenpeace, "inspecciones de 18 puertos marítimos europeos en 2005 descubrieron que 47 por ciento de desechos destinados a la exportación, incluyendo basura electrónica, eran ilegales".
Solo de Gran Bretaña, al menos 23.000 toneladas de basura electrónica no declarada o del mercado "gris" (de equipos reacondicionados a nuevo) fueron embarcadas ilegalmente en 2003 a Asia sudoriental, África, China e India, según Greenpeace.
En Estados Unidos, la Silicon Valley Toxic Coalition (SVTC, Coalición de Silicon Valley contra las Sustancias Tóxicas), organización no gubernamental que hace campaña contra la exportación de desechos electrónicos, estima que entre 50 y 80 por ciento de la basura electrónica recolectada para su reciclaje es enviada a países en desarrollo.
En su informe "Exporting harm – the high-tech trashing of Asia" ("Exportando daños: El basurero de alta tecnología de Asia), difundido en 2002, la SVTC estima que, entre 1997 y 2007, unos 500 millones de computadoras usadas en Estados Unidos se habrán vuelto obsoletas, llevando a la producción de más de 600.000 toneladas de desechos tóxicos, incluyendo plástico, plomo, cadmio, cromo y mercurio.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, admite que 50 por ciento de las exportaciones de residuos que parten de puertos del bloque no cumplen con la legislación internacional. La Comisión anunció en junio que a partir de 2007 reforzará la aplicación de sus propias leyes.
Expertos ambientales estiman que cada año se producen más de 100 millones de toneladas de materiales contaminantes en todo el mundo, y alrededor de 10 por ciento de esa cantidad se exporta.
"Estas cifras dan una idea de la dimensión de la situación, pero no pueden ilustrar completamente la realidad del comercio de desechos tóxicos", dijo a IPS el subsecretario ejecutivo de la Convención de Basilea, Pierre Portas.
Un peligro particular presenta la exportación de barcos cuya vida útil está por finalizar, contaminados con asbesto y residuos electrónicos, a desguazaderos de Asia.
Este año, el gobierno francés fue forzado a abandonar la exportación de su portaaviones militar Clemenceau, contaminado con asbesto, al astillero de Alang, en el occidental estado indio de Gujarat.
Pero otro buque, el SS Norway, anteriormente propiedad del gobierno francés y que se dice contiene 1.250 toneladas de asbesto, espera ser desmantelado en el mismo desguazadero.
Se sabe que el asbesto, una fibra mineral que puede ser fácilmente inhalada, causa cáncer y asbestosis, una fatal enfermedad pulmonar. Su uso fue común en diversas industrias, sobre todo en la construcción, como aislante y protector del fuego.
