En un hecho inusual, la Corte Suprema de Nepal exigió esta semana al gobierno que creara una comisión para investigar la desaparición de tres personas que se encontraban bajo custodia militar poco después de que comenzara la guerra civil contra los rebeldes maoístas hace una década.
El caso renovó el debate sobre las trágicas consecuencias de la guerra civil que azotó durante 10 años a este pequeño país del Himalaya con 24 millones de habitantes, y que mató a más de 13.000 personas.
Además, cobró especial relevancia este miércoles, Día Internacional de las Personas Desaparecidas.
Cuatro meses después de que los maoístas se unieran a un levantamiento popular que acabó con la dictadura del rey Gyanendra, Nepal todavía intenta hacer justicia por los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, y sobre todo por las desapariciones de personas acusadas de ayudar a los rebeldes.
No hay cifras globales disponibles, pero organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que cientos de nepaleses siguen desaparecidos, y lo más probable es que estén muertos.
"Seguramente sólo unas pocas sigan vivos, pero debemos averiguar dónde están e investigar lo que les pasó", afirmó un activista que prefirió no dar su nombre.
La mayoría de los desaparecidos estuvieron cautivos en cuarteles del ejército, sobre todo en el del Batallón Bhairavnath, guarnición de paracaidistas de Katmandú.
Un informe publicado en mayo por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) indica que se desconoce el paradero de 49 nepaleses que estuvieron detenidos en centros militares.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Nepal elevó la cifra de desaparecidos a 66.
"La resolución de casos destacados de desapariciones sigue siendo la prioridad para el Alto Comisionado. Hubo muchos en los últimos años", dijo a IPS el jefe de la oficina en Katmandú de Acnudh, David Johnson.
Activistas ahora le piden al nuevo gobierno que investigue los pasados abusos y aproveche el actual ambiente político, marcado por el cese del fuego con los maoístas
Desde que el rey Gyanendra depuso el poder absoluto —pero retuvo la corona— en abril, a raíz de un enérgico movimiento popular que duró 19 días, el gobierno y los rebeldes respetan una tregua, pero el proceso de paz todavía no es fácil.
"El tema de la consolidación de los derechos de la población debe ser considerado. Sin embargo, ese trabajo también debe significar una justicia de transición", señaló Kundan Aryal, secretario general del Centro de Servicio al Sector Informal, la principal organización nepalesa defensora de los derechos humanos.
Las desapariciones fueron el resultado de una brutal lucha contra la insurgencia. Muchos sospechosos de rebelión fueron recluidos en cuarteles del ejército, a donde no se le permitía acceder a ningún civil.
Los familiares de los detenidos nunca eran informados. Por lo general, no tenían otra opción que acudir a Acnudh o a organizaciones de los derechos humanos y a la Corte Suprema. Pero los militares por lo general ignoraban las citaciones judiciales y actuaban con total impunidad durante la dictadura del rey Gyanendra.
Fue en este clima de miedo que, en 2003 y 2004, se produjeron los peores casos de violaciones a los derechos humanos, haciendo que Nepal ganara la indeseable distinción de ser el país con más casos informados al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de Acnudh, con sede en Ginebra.
En la occidental localidad nepalí de Terai, la comunidad indígena tharu fue la más afectada por las desapariciones. Johnson, de Acnudh, señaló que solo en el distrito de Bardiya hubo 100 casos, perpetrados por las fuerzas de seguridad entre 2002 y 2003.
A fines de 2004, la Comisión de Derechos Humanos señaló que más de 1.400 personas habían desaparecido desde 1998, y acusó al ejército por la mayoría de los casos.
Las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch también divulgaron informes advirtiendo la gravedad del problema.
Activistas señalan que las desapariciones fueron estimuladas por una cultura de impunidad dentro de las filas castrenses. "Los perpetradores son protegidos por la sistemática impunidad que se extiende sobre las fuerzas de seguridad de Nepal", señaló la Comisión Asiática de Derechos Humanos.
Pero en 2005, a pesar de la dictadura de Gyanendra, la situación comenzó a mejorar.
En abril de ese año, bajo presión de la comunidad internacional, la monarquía permitió a Acnudh establecer una oficina en Katmandú para seguir de cerca los casos de violaciones a los derechos humanos. Esto ayudó a mejorar la situación.
"La gran razón de esto, si me preguntas, fue que Acnudh asumió el desafío y la monarquía dio marcha atrás", sostuvo el editor del influyente diario Kantipur, Narayan Wagle.
"Hubiera sido imposible que continuaran las desapariciones frente a las narices de Acnudh si el ejército quería mantener su lucrativa participación en las misiones de paz de la ONU", añadió.
Varias organizaciones de derechos humanos también reconocen nuevos casos de desapariciones entre 2005 y 2006, pero es difícil investigarlos.
Aunque ahora Acnudh y la Cruz Roja Internacional tienen acceso a instalaciones del ejército, los militares se niegan a entregarles documentos.
"El ejército sigue sin cooperar y sin responsabilizarse por los abusos pasados. El clima está mejorando, pero aún no llegamos a donde queremos", dijo un activista extranjero en Nepal. ***** + NEPAL: Ahora, la ONU (https://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=38387)
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