Preocupados por lo que consideran una creciente anarquía y esgrimiendo argumentos cuestionados por las propias estadísticas, partidos políticos de Sudáfrica se unieron en una misma causa: exigir la reinstauración de la pena de muerte.
Esta alianza está conformada por los opositores Frente de la Libertad, Partido Demócrata Cristiano y Partido Pro-Pena de Muerte.
Pero activistas que trabajaron por la abolición de la pena máxima hace 11 años anunciaron que se opondrán a esta campaña con la misma fuerza. Estos arguyen que la tasa de homicidios se redujo en los últimos cinco años y que, como demostró el apartheid (régimen segregacionista blanco), con frecuencia personas inocentes son condenadas a muerte.
Sudáfrica abolió la pena capital en 1995, un año después del fin del apartheid. Pero Pieter Uys, portavoz del Frente de la Libertad, con oficina central en Petroria, dijo a IPS que debería cambiarse la ley.
"Se producen 18.000 asesinatos al año en Sudáfrica. Esto significa que hay 18.000 asesinos caminando por ahí con pocos policías que los buscan. Estos criminales no respetan ninguna forma de vida. La única solución es reinstaurar la pena de muerte. Todas las demás iniciativas han fracasado", sostuvo.
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El problema es en especial grave para los agricultores blancos, que constituyen la base del Frente de la Libertad, subrayó Uys.
"En los últimos cinco años hubo 4.126 ataques contra agricultores (blancos), y 562 fueron asesinados. Sudáfrica es el único lugar del mundo donde ocurren estos homicidios", sostuvo.
La sensación de inacción de parte de las autoridades llevó a que estos partidos exigieran el regreso de las ejecuciones.
"Es horrible. Las personas ya no saben qué hacer. Han realizado manifestaciones, han escrito peticiones y han difundido sus penurias en la prensa sin obtener ningún resultado", dijo Uys.
El Frente de la Libertad no es el único que pide la máxima condena como respuesta a los constantes crímenes violentos que aparecen en los titulares de los periódicos.
"No debería ser visto como un castigo, sino como una forma para garantizar la seguridad de nuestra sociedad", sostuvo Theunas Botha, líder nacional del Partido Demócrata Cristiano.
Esta fuerza política lleva adelante una campaña a favor de la pena de muerte desde hace varios años, con pocos resultados. Botha sostiene que el gobernante Congreso Nacional Africano no está dispuesto a permitir un referendo sobre el tema porque teme un resultado adverso.
"Si fuéramos a realizar un referendo hoy, descubriríamos que una abrumadora mayoría apoya la reinstauración de la pena de muerte", indicó Botha.
El líder político dijo estar convencido de que la amenaza de la ejecución puede disuadir a los criminales.
"Yo viví en Gran Bretaña entre 1960 y 1970 cuando la pena de muerte se aplicaba allí. Había menos crímenes. Desde que sacaron la pena, te enteras sobre toda clase de delitos, incluyendo homicidios. La policía antes ni siquiera solía portar armas. Ahora sí", afirmó.
Botha no pudo proveer estadísticas para demostrar que la pena de muerte disuade a los criminales en Gran Bretaña o en Sudáfrica. De hecho, estudios han confirmado que ese argumento es erróneo, según la organización Amnistía Internacional.
La tasa general de delitos en Sudáfrica es comparable con la de otros países en desarrollo, de acuerdo con datos de Interpol. Sin embargo, esta nación sufre el más alto índice de crímenes violentos por habitante del mundo.
El índice de asesinatos en Sudáfrica se disparó con el inicio de la democracia hace 11 años, pero alcanzó su pico en 2001, y a partir de entonces comenzó a caer.
En el período 2002-2003 se registraron 21.405 homicidios, y 18.793 entre marzo de 2004 y abril de 2005, según estadísticas policiales.
"La pena de muerte es un homicidio premeditado. Existe poca evidencia de que pueda disuadir a los homicidas. Es un argumento muy débil y descuidado", afirmó la activista Marjorie Dobson, presidenta del no gubernamental Grupo de Apoyo Khulumani, que lanzó una campaña abolicionista hace una década.
Una mejor forma de prevenir el crimen es enfrentar las causas, dijo Dobson. "Hemos estudiado a las personas condenadas a muerte y descubrimos que la mayoría de los asesinatos fueron cometidos cuando (los perpetradores) estaban borrachos", indicó.
Para Dobson, no hay justificación para reinstaurar la pena de muerte. "Tomar la vida es un castigo cruel e inhumano" que permite "lavarse las manos y dejar que el Estado cumpla la terrible función de matar", sostuvo.
Actualmente, 63 prisioneros permanecen técnicamente a la espera de su ejecución. Cuando se abolió la pena capital, el Tribunal Constitucional concluyó que sus sentencias debían ser conmutadas por cadena perpetua o revisadas con la posibilidad de libertad bajo palabra.
El tribunal admitió esto último al reconocer que algunos pudieron haber sido injustamente sentenciados.
Un portavoz del Departamento de Justicia dijo a IPS que aún se está analizando cada caso.
