Arabia Saudita constituyó un órgano de vigilancia de los derechos humanos en aparente respuesta a críticas de activistas internacionales, según las cuales los prisioneros de Estados Unidos transferidos a ese reino corren riesgo de tortura.
Quince detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, fueron transferidos el 18 de mayo a Arabia Saudita, donde los juicios justos son una rareza y la tortura es frecuente, advirtió la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
La Comisión de Derechos Humanos, calificada por el gobierno saudita de órgano de control independiente, se creó en octubre pasado, pero aún no comenzó a funcionar porque el rey Abdallah acaba de designar a sus integrantes.
El presidente de este órgano, el ex ministro Turki Ibn Khaled Al-Sudairi, anunció que ninguna mujer lo integrará.
HRW consideró "difícil" que los 15 prisioneros saudíes transferidos de Guantánamo a Arabia Saudita "tengan un juicio justo" y alertó que "corren riesgo de ser torturados".
"Después que por años les fuera negado un juicio en la base naval de Estados Unidos, pueden continuar en prisión sin el debido proceso legal en Arabia Saudita", arguyó la organización.
Los 15 quedaron encarcelados al llegar a Arabia Saudita. Algunos serán juzgados si las pruebas contra ellos son consideradas suficientes, o podrán ser liberados después de que se presente una revisión de la sentencia judicial, según las leyes del reino.
Se estima que en Guantánamo todavía se encuentran un centenar de sauditas. Algunos están allí hace más de cuatro años.
Hace poco, Arabia Saudita liberó a tres ex prisioneros en Guantánamo que cumplieron una pena de cárcel, según informó la agencia de noticias estatal SPA. Los tres habían sido entregados por Estados Unidos el año pasado.
En 2005, al menos otros cinco detenidos fueron liberados por Riyad después de cumplir sus penas de prisión.
El nuevo organismo saudita de derechos humanos es similar a otros muchos creados por gobiernos de Medio Oriente en los últimos años, entre ellos Egipto, Jordania y Marruecos.
También en Libia, el hijo del líder del gobierno Muammar Gadhafi creó una organización de derechos humanos "informal".
La comisión saudita responde al rey, que designa a sus integrantes, y su misión es "proteger los derechos humanos y crear conciencia sobre ellos, de acuerdo con las disposiciones de la ley islámica". El directorio tiene 18 miembros de tiempo completo y seis de medio tiempo.
El presidente de la comisión informó que ya recibió 400 peticiones sobre supuestas violaciones de derechos humanos. Pero, como la mayoría de los cuerpos similares del mundo árabe, esta comisión cumple un rol consultivo y no puede iniciar sus propias investigaciones de forma independiente.
El último informe anual de derechos humanos sobre Arabia Saudita elaborado por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos sostiene que "los logros del gobierno en esta materia siguen siendo muy pocos con permanentes y serios problemas, a pesar de algunos avances".
Los "problemas" a los que se refiere el informe se refieren a la imposibilidad de cambiar de gobierno, los serios castigos corporales legales impuestos por ley que causan graves dolencias a los condenados, arrestos arbitrarios, incomunicación de detenidos, negación de juicios públicos justos, exención de la ley para algunos individuos y falta de independencia del sistema judicial.
El estudio del gobierno estadounidense también lamenta la ausencia de libertad de expresión y de prensa, la discriminación social y legal de las mujeres y de minorías religiosas y graves limitaciones de los derechos de los trabajadores.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional informó desde su oficina central en Londres que en Jordania "una veintena de personas habían sido arrestadas por razones políticas, algunas de ellas acusadas de terrorismo".
"Muchos fueron llevados ante el Tribunal de Seguridad del Estado donde afirmaron haber sido torturados para confesar", agregó.
"Hubo permanentes restricciones a las libertades de expresión y de reunión. Las mujeres siguieron sujetas a discriminaciones legales y otras, e inadecuadamente protegidas contra la violencia familiar. Al menos 11 personas fueron condenadas a muerte y 11 ejecutadas", dice Aministía.
El gubernamental Centro Nacional de Derechos Humanos informó haber recibido 250 denuncias de torturas entre junio de 2003 y diciembre de 2004. Pero los demandantes pasan por enormes dificultades para demostrar sus acusaciones.
Sin embargo, 10 policías fueron condenados a más de 30 meses de prisión por causar la muerte de un prisionero, informó el Centro.
La existencia de estos órganos estatales de derechos humanos puede haber contribuido a llamar la atención sobre el asunto. Pero en la mayoría de los países de Medio Oriente y de África septentrional, no han influido en una disminución de los abusos.
La evidencia sugiere que las organizaciones no gubernamentales son responsables de gran parte de las denuncias.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Egipto, presidida por el ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Boutros Boutros-Ghali, está operativa desde 2003.
Esta Comisión recibe críticas de organizaciones internacionales y egipcias por su silencio ante numerosos abusos bien documentados, que incluyen la tortura y el asesinato de detenidos.
El director de Programas Internacionales de la organización de derechos humanos Human Rights First, Neil Hicks, dijo a IPS no estar sorprendido de que la comisión egipcia no haya tenido mayor visibilidad.
"Espero que cuando la Comisión informe sobre los hechos ocurridos desde la elección presidencial critique represión de manifestantes por parte del gobierno".
Los órganos estatales de derechos humanos en Medio Oriente y África septentrional "no hacen daño y pueden resultar beneficiosos. La comisión marroquí parece haber hecho bien las cosas. Durante años hizo muy poco, pero finalmente incitó al gobierno a realizar algunas reformas importantes", añadió Hicks. (
