La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos estudia los alcances de un tratado internacional que permite a los extranjeros arrestados pedir ayuda a sus respectivos consulados. El fallo interesa a unos 120 prisioneros de 31 países que esperan su ejecución en cárceles estadounidenses.
La máxima instancia judicial analiza en particular el caso del mexicano Moisés Sanchez-Llamas, detenido en 1999 por haber disparado un arma contra un policía en el noroccidental estado de Oregon.
A Sanchez-Llamas, quien alegó estar borracho cuando realizó el ataque, se le leyeron sus derechos en español y en inglés en el momento de su detención, pero no se le informó que, por ser extranjero, estaba autorizado a contactarse con su consulado para recibir asistencia.
El mexicano fue hallado culpable de intento de asesinato, pero ahora la Corte Suprema de Justicia analiza una revisión de la condena.
Su caso fue unido al del hondureño Mario Bustillo, detenido en similares circunstancias. Bustillo fue hallado culpable en 1998 de haber asesinado a un hombre con un bate de béisbol en el oriental estado de Virginia.
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Lo que resuelva la Corte Suprema tendrá repercusión en los cerca de 120 extranjeros sentenciados a muerte en este país.
Muchos de ellos no tuvieron una adecuada representación legal, ya que fue violado su derecho a llamar a sus respectivos consulados, según estipula la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, ratificada por Washington en 1969, explicó a IPS el director ejecutivo del Centro de Información sobre Pena de Muerte, Richard Dieter.
"Lo que establece el tratado es muy claro, pero no se aplica", afirmó.
El artículo 36 de la Convención de Viena obliga a los servicios policiales locales a contactarse con los gobiernos de los ciudadanos extranjeros que detiene. Estados Unidos apoyó esa provisión y de hecho es el país que más apela a ella para defender a sus cerca de 6.000 ciudadanos arrestados en el exterior.
Washington interpreta el tratado como un acuerdo entre gobiernos, pero que no puede ser invocado por ciudadanos ante los tribunales.
Cuando Estados Unidos ha sido acusado de violar el artículo 36, el Departamento de Estado (cancillería) se ha disculpado con el gobierno respectivo.
Sanchez-Llamas y Bustillo aseguran que nunca se les informó de su derecho a llamar a sus respectivos consulados, y por eso demandan que se los vuelva a juzgar.
La Corte Suprema decidirá si la Convención de Viena otorga a los individuos derechos aplicables en los tribunales estadounidenses. También evaluará si las declaraciones hechas por un detenido a la policía deben ser suprimidas si éste no fue informado de sus derechos consulares.
El fallo, esperado para junio, tendrá consecuencias de largo alcance, no sólo para los extranjeros sentenciados a muerte en Estados Unidos, sino también para los ciudadanos detenidos en el exterior.
"Estados Unidos se ha comportado muy mal (con respecto a la Convención). Yo esperaría gozar de ese derecho cuando estoy en el exterior. Este caso debe crear más conciencia sobre la necesidad de aplicarlo", dijo a IPS Susan Drake, una ex defensora pública del estado de Oregon.
Actualmente, abogados, trabajadores de consulados y activistas de derechos humanos señalan que el tratado es ignorado en Estados Unidos porque, por lo general, las autoridades desconocen sus alcances.
"No se puede negar que es un derecho fundamental", señaló Mark Warren, especialista en derechos consulares y director de la organización no gubernamental Human Rights Research, con sede en Canadá.
Una disculpa de un país a otro no es suficiente cuando se trata de casos como el de un extranjero sentenciado a muerte, afirmó.
"Es un constante esfuerzo para hacer que se apliquen las convenciones", dijo a IPS Luis Cabrera, del consulado mexicano en la sudoccidental ciudad de San Diego.
México, que abolió la pena de muerte el año pasado, ha sido la nación más agresiva en la defensa de sus ciudadanos detenidos en Estados Unidos.
En 2000, ese país creó el Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena Capital, que ayuda a los abogados de los ciudadanos en riesgo de ser sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos.
Además, varios consulados habilitaron un número de teléfono con atención las 24 horas para reportar la detención de un ciudadano mexicano.
"No está en nuestra jurisdicción decidir si (un ciudadano) es culpable o inocente. Queremos que se aplique la justicia, y la notificación consular es importante en ese proceso", señaló Cabrera.
La notificación consular es algo crucial, subrayó la abogada Sandra Babcock, directora del programa legal mexicano.
"Aun aquellos que tienen experiencia no están familiarizados con los impedimentos culturales que surgen al defender a un ciudadano mexicano (en Estados Unidos), así como los asuntos legales particulares que deben ser planteados", dijo Babcock a IPS.
La abogada señaló que las violaciones de la Convención son constantes en Estados Unidos porque la policía no está familiarizada con ella o no entiende su importancia. "Escucho informes de violaciones en casos de pena capital casi todas las semanas", indicó.
Varios países de la Unión Europea (UE) y de América del Sur presentaron recursos de "amicus curiae" (presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa judicial) sobre casos de sentencias de muerte contra extranjeros, instando a Estados Unidos a respetar la Convención y subrayando que pocos países hoy aplican la pena de muerte.
"La UE considera la aplicación del derecho a acceso consular de suma importancia para los miembros de la comunidad internacional. Cuando se omite la notificación y prosigue una sentencia penal, los tribunales deben proveer un remedio", señala un recurso presentado ante la Corte Suprema en respaldo a Sanchez-Llamas.
Una consulta informal realizada por IPS en varios estados, desde California (oeste) hasta Nueva York (noreste), reveló que la aplicación de la Convención varía entre los diferentes departamentos de policía.
"Cuando preguntas sobre la Convención te dicen: '¿De qué estás hablando?'. La mayoría (de los policías) no se dan cuenta de qué se trata", indicó a IPS el abogado de inmigrantes Pieter Speyer, de California.
En Chicago, donde la policía tiene prohibido preguntar el estatus de inmigrante de un detenido, hay carteles informando el derecho a notificación consular en inglés, español, chino y polaco en varios centros de detención.
Warren sostuvo que Estados Unidos se muestra al mundo con un doble discurso.
"Cuando estás en el exterior, eres un extraño en una tierra extraña, y el consulado te provee un puente cultural. Al violar continuamente la Convención en lo interno, Estados Unidos reduce a un estatus de segunda clase" a sus ciudadanos en el exterior, sostuvo.
