Las industrias del petróleo, el gas y la minería concentran casi dos tercios de las violaciones de los derechos humanos, las leyes ambientales y las normas laborales, según un estudio de la ONU de próxima publicación.
La industria de la alimentación y las bebidas ocupan un distante segundo lugar, seguidas por las de vestimenta y calzado y el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones.
"Las industrias extractivas —petróleo, gas y minerales— también representan la mayoría de las acusaciones de los peores abusos, incluida complicidad con crímenes contra la humanidad", indica el informe preliminar, titulado "Promoción y protección de los derechos humanos".
El estudio, cuya versión definitiva será publicada a fines de año, fue elaborado a instancias de la hoy disuelta Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) por un equipo que dirigió John Ruggie, representante especial del secretario general del foro mundial, Kofi Annan.
El informe menciona entre los "crímenes contra la humanidad" actos cometidos por fuerzas de seguridad públicas y privadas para proteger bienes y propiedades, corrupción a gran escala, violación de derechos laborales y una amplia gama de abusos contra comunidades locales, en especial indígenas.
[related_articles]
Los abusos cometidos por las industrias extractivas figuran ente "los más concentrados y visibles y de más urgente atención", dijo a IPS Kathryn Mulvey, de la organización no gubernamental Corporate Accountability International.
"Los abusos de otras industrias, como la tabacalera, que se cobra cinco millones de vidas en el mundo cada año, no han sido consideradas como cuestiones de derechos humanos, pero eso está cambiando", agregó Mulvey.
Corporate Accountability International es el nombre que en 2004 asumió InFact. La organización se dedica desde hace un cuarto de siglo a "realizar campañas que desafían las acciones corporativas irresponsables y peligrosas en todo el mundo", contra firmas como Nestlé, General Electric y Philip Morris.
La acción de Infact fue decisiva para la aprobación en 2003 del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es, al mismo tiempo, el primer tratado internacional de salud pública y de responsabilidad corporativa. La norma restringe la actividad de la industria tabacalera, en especial la promoción.
"Los problemas de corrupción y la mala asignación de ingresos públicos han sido endémicos", indica el informe de la ONU. "Ellos socavan el estado de derecho, frenan la consecución de objetivos sociales y redundan en conflictos que con frecuencia alientan los abusos de derechos humanos."
"Sin un registro mundial de información completa, consistente e imparcial, no podemos decir con certeza si los abusos vinculados con el sector corporativo aumentan o disminuyen en el tiempo, sólo que son informados más que antes porque más actores los rastrean y hay más transparencia que antes", agrega el estudio.
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), existen unas 70.000 firmas transnacionales con unas 700.000 subsidiarias y millones de proveedores en todo rincón del planeta.
La semana pasada, Ruggie informó a representantes de varias organizaciones no gubernamentales sobre los avances en la protección de los derechos humanos en relación con la acción de las transnacionales.
"La sensación general fue que el informe preliminar dejaba demasiado espacio como para acomodar las prioridades empresariales", dijo a IPS el portavoz de una de las organizaciones.
Ruggie planificaba realizar consultas regionales, entre ellas una en Colombia y otra en Tailandia a fines de junio. "Quiere hacer visitas de campo a las compañías ya las comunidades afectadas" por actitudes empresariales, explicó el informante.
Mulvey dijo que en la mayoría de las industrias —desde las proveedoras de agua potable hasta las tabacaleras— "las corporaciones transnacionales realizan acciones irresponsables y peligrosas".
"Cuando se organizan campañas para proteger al público y salvar vidas, logramos avances atendiendo de a un problema a la vez", agregó.
En la lucha para frenar la epidemia de tabaquismo, activistas de la salud y los derechos humanos alcanzaron una enorme conquista con la aprobación del Convenio.
"Pero en un mundo donde más de 1.000 millones de personas carecen de líquido seguro para beber, debemos fortalecer y poner en vigor instrumentos legales internacionales que impidan la interferencia corporativa al derecho humano al agua", advirtió Mulvey.
"Las corporaciones transnacionales responden a la demanda de responsabilidad ante pueblos y comunidades, pero, a la larga, se requieren instituciones democráticas y mecanismos de fiscalización mundiales para detener los abusos", afirmó.
Consultadas para la elaboración del informe de la ONU, sólo 80 de las 500 compañías más poderosas del mundo del listado de la revista estadounidense Forbes contestaron a las preguntas sobre sus medidas para proteger los derechos humanos.
"Esto demuestra que necesitamos normas obligatorias para las corporaciones", con un riguroso régimen de control, sostuvo Mulvey.
Para eso, una base sobre la que debería trabajar Ruggie son las Normas de Derechos Humanos para Corporaciones Transnancionales aprobadas por la Subcomisión sobre Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la ONU, agregó.
La ONU promueve el denominado Pacto Mundial, descripto como "la mayor iniciativa global de responsabilidad corporativa", con casi 3.000 participantes.
Pero Saradha Iyer, de la no gubernamental Red del Tercer Mundo con sede en Malasia, dijo a IPS: "Personalmente no creo que las corporaciones hayan jugado un papel en el desarrollo sustentable. El Pacto Mundial se ha vuelto adicto a las investigaciones y publicaciones que promocionan la contribución de sus miembros."
