Crece la tensión entre el Banco Mundial y la nación centroafricana de Chad, una de las más pobres del mundo, debido a la decisión de sus autoridades de dar otro uso a fondos que debían destinarse a educación, salud, servicios sociales y desarrollo rural.
La Asamblea Nacional de Chad, cuerpo legislativo de ese país, aprobó una enmienda a la Ley para la Administración de las Ganancias del Petróleo resultante de un acuerdo firmado con el Banco, institución que financió el oleoducto que une Chad y Camerún, en la costa del océano Atlántico.
Según la ley acordada con el Banco, a cambio de esa financiación del oleoducto, Chad se comprometía a destinar las ganancias del petróleo a áreas sociales prioritarias.
La enmienda a la ley da a N'Djamena (la capital de Chad) más control sobre el destino de esos ingresos y lo habilita a utilizar una mayor porción a satisfacer otras demandas presupuestarias.
Pero el Banco, cuyo apoyo fue crucial para iniciar el tendido del oleoducto en 2000, y un número de organizaciones no gubernamentales observadoras dicen que este cambio seguramente debilitará el plan para reducir la pobreza en ese país, que fue la condición para que Chad recibiera el préstamo.
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La ley original era la pieza clave y la principal garantía del apoyo del Banco Mundial, diseñada para que la mayoría de las ganancias que recibiría el Estado por la explotación petrolera fueran volcadas a "áreas prioritarias" tales como la salud, la educación, provisión de servicios básicos y a desarrollar zonas rurales.
La ley también establecía que 10 por ciento de las ganancias debían acumularse en un Fondo para Futuras Generaciones, al que recurrir cuando se agotaran las riquezas de hidrocarburos.
Los cambios legislativos introducidos aumentan de 15 a 30 por ciento la proporción de las ganancias que irán a rentas generales del Estado.
Este aumento se logra a expensas de eliminar el Fondo para Futuras Generaciones, y el dinero ahorrado hasta el momento se destinará a otros gastos más inmediatos.
La reforma legal también redefine las "áreas prioritarias" para dar lugar a gastos de seguridad.
El caso de Chad era particularmente importante para el Banco Mundial. Éste había publicitado su participación en la construcción del oleoducto como modelo de contribución a la reducción de pobreza en el mundo.
El oleoducto es una empresa en la que participan las gigantes estadounidenses ExxonMobil (propietaria de 40 por ciento de las acciones privadas) y Chevron (25 por ciento) y Petronas, la compañía petrolera estatal de Malasia (con 35 por ciento).
Organizaciones no gubernamentales y activistas que luchan contra la pobreza siempre criticaron este tipo de programas del Banco Mundial, alegando que estos proyectos desarrollistas (en este caso, vinculado al petróleo) suelen derivar en prácticas corruptas y mala administración.
Las instalaciones petroleras, que incluyen un oleoducto de 1.000 kilómetros diseñado para transportar 225.000 barriles (de 159 litros) de crudo al día hasta el océano, insumieron 4.000 millones de dólares.
Se supone que su funcionamiento reportará al Estado al menos 2.000 millones de dólares en los próximos 25 años, o aproximadamente 80 millones de dólares anuales.
El Banco se apresuró a condenar la reforma aprobada por la Asamblea Nacional, pese a que todavía debe ser ratificada por el presidente de Chad, Idriss Deby.
La institución financiera con sede en Washington dice que está realizando una serie de consultas para ver qué decisión tomará al respecto.
"Si la reforma pasa a ser ley hará mucho daño al bienestar de los sectores más pobres y vulnerables de Chad y significará una violación al acuerdo original", dijo el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, ex subsecretario de Defensa de la administración de George W. Bush.
"Estoy reuniéndome con los otros socios y accionistas para ver qué pasos tomamos", dijo Wolfowitz.
El Banco puede invocar a manera de represalia la posible suspensión de nuevos créditos a ese país, la interrupción de los desembolsos pactados en algunos o en todos los acuerdos vigentes, y una aceleración del pago de los préstamos extendidos al gobierno de Chad.
El Banco dice comprender que el gobierno esté atravesando por una circunstancia financiera difícil, y se ofreció para asistir a Chad con su política fiscal.
Pero el gobierno acusó al Banco de actuar como un poder colonial y no darse cuenta de las crecientes presiones presupuestarias.
Chad tiene ahora mayores gastos en seguridad puesto que debe proteger su frontera oriental, lindante con la región occidental sudanesa de Darfur, donde miles de refugiados intentan escapar a la violencia de milicias armadas. Pero también tiene focos de insurgencia propios.
La semana pasada, Chad declaró encontrarse en un "estado de beligerancia" con Sudán y acusó a Jartum de asistir a rebeldes chadianos.
Chad tiene una población de casi nueve millones de habitantes, 80 por ciento de los cuales viven en la pobreza, con ingresos menores a dos dólares al día. La mayor parte de su territorio es desértico o semi-árido, tiene una topografía difícil y una base económica muy estrecha.
La disputa entre Chad y el Banco Mundial viene a confirmar advertencias y críticas de organizaciones no gubernamentales acerca de que el proyecto petrolero se prestaría a maniobras de corrupción de la oligarquía gobernante, consolidándola, a la vez que resultaría en un empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de las mayorías.
El gobierno de Chad se sitúa en los puestos más altos del ranking de corrupción y también entre los más abusivos de los derechos humanos en el mundo.
Los primeros 4,5 millones de dólares recibidos por las autoridades de manos de las corporaciones petroleras en el momento de la firma del acuerdo fueron destinados a comprar armas para combatir a los rebeldes del norte del país.
Los críticos dicen que el historial de favores del Banco Mundial a las grandes corporaciones sumado a la corrupción y la falta de capacidad del gobierno chadiano hacen dudar de la efectividad de cualquier mecanismo para administrar la riqueza petrolera de esa pobre nación.
