La falta de claridad y confiabilidad caracterizan la información brindada al público de Estados Unidos sobre la guerra mundial contra el terror, lanzada por el gobierno de George W. Bush hace más de cuatro años.
Los acontecimientos de las últimas semanas consolidan ese panorama, luego de revelarse que Bush ordenó intervenciones secretas de teléfonos y de casillas de correo electrónico a ciudadanos estadounidenses.
Tampoco se entiende, de la lectura de los sondeos, si, para la mayoría de los ciudadanos, algunas libertades civiles deben sacrificarse para garantizar la seguridad del país respecto de las amenazas terroristas si las libertades civiles y la seguridad pueden coexistir.
Las encuestas tampoco echan luz sobre la aceptación de la tortura por parte de la mayoría de los estadounidenses: o es inadmisible o puede permitirse, en ciertas condiciones, según el estudio de que se trate.
De cualquier manera, la incapacidad de las personas de obtener respuestas creíbles condujo a la creciente desaprobación de la gestión del Congreso legislativo y del presidente.
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En las últimas encuestas conocidas, la desaprobación del Congreso oscila entre 50 y 56 por ciento, mientras que la aprobación del presidente se ubica en 42 por ciento, cuatro puntos porcentuales más desde que inició en noviembre una campaña en busca de apoyo para la guerra en Iraq.
Pero esos cuatro puntos están dentro del margen de error de la encuesta.
Pero no sólo el público estadounidense se afana en comprender cuestiones cruciales sobre la guerra contra el terror. El gobierno de Bush, el Congreso y los tribunales, también.
El presidente admitió y defendió las intervenciones telefónicas apenas un día después de negarse a discutir el asunto, entrevistado por el periodista Jim Lehrer, del programa de televisión pública Newshour.
A la mañana siguiente, Bush utilizó todo su espacio semanal de radio en vivo para asegurar que esa práctica era necesaria, legal y contemplada en sus potestades como comandante en jefe en tiempos de guerra.
También dijo que había notificado de esas actividades a los líderes del Congreso, pero tanto la demócrata Nancy Pelosi como el republicano Bob Graham lo negaron.
Pelosi, líder del grupo del opositor Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, aseguró haber formulado objeciones. Y el hoy retirado oficialista Graham, entonces presidente del Comité de Inteligencia del Senado, declaró que nunca le informaron sobre el programa de "pinchazos" telefónicos mientras estuvo al frente del organismo.
Graham admitió haber asistido, a comienzos de 2002, a una reunión sobre la Agencia Nacional de Seguridad celebrada en la oficina del vicepresidente en la Casa Blanca, a través de la cual se ordenó la vigilancia.
Pero alegó que la conversación se concentró en otras operaciones, tales como el control del tráfico de correo electrónico en el exterior canalizados a través de proveedores de servicios de Internet radicados en Estados Unidos.
Pero otros líderes, incluidos los senadores republicanos Arlen Specter, presidente del Comité Judicial del Senado, y Lindsey Graham, señalaron que, ya en los años 70, el Congreso estableció normas según las cuales las autoridades deben pedir permiso a un tribunal para realizar estos procedimientos.
El tribunal se reencarnó con la Ley Patriótica. Otra norma, la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), es la que invoca el Departamento de Justicia (fiscalía general) vigilar a ciudadanos estadounidenses.
Pero aún no está claro por qué el presidente no empleó el proceso establecido por la FISA. Varios senadores, incluyendo al demócrata Carl Levin y Lindsey Graham, dijeron el domingo que piensan que el presidente puede haber infringido la ley al no hacerlo.
Sumándose a la confusión pública está el actual debate sobre la renovación de la Ley Patriótica, aprobada apresuradamente seis semanas después de los atentados que el 11 de septiembre de 2001 dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
La norma expirará el 31 de diciembre, pero la Cámara de Representantes y el Senado han sido incapaces de alcanzar un consenso al respecto.
Como consecuencia, un grupo de senadores republicanos y demócratas han solicitado una prórroga de tres meses para el vencimiento de la ley actual, con el fin de allanar diferencias. El presidente anunció que vetaría ese pedido.
Otros dos casos sumaron confusión a la guerra contra el terror a fines de año.
Abogados del gobierno advirtieron a la Corte Suprema de Justicia a mediados de diciembre que sería "totalmente imprudente" que revisara la apelación del ciudadano estadounidense José Padilla a su detención militar como combatiente enemigo.
La intención de los abogados de Padilla es que la Corte Suprema establezca si el presidente tiene la potestad de declarar a un ciudadano estadounidense "combatiente enemigo" y mantenerlo indefinidamente sin acusación, sin acceso a asesoramiento legal y sin derecho a pedir que un tribunal civil determine su condición judicial.
Padilla fue arrestado en 2002 en el Aeropuerto Internacional de O'Hare, en Chicago, designado combatiente enemigo y detenido en un cuartel de la marina de guerra hasta noviembre, la mayor parte del tiempo sin acceso a asesoramiento legal o a las evidencias en su contra.
Pero en noviembre, el Departamento de Justicia, que no quiso arriesgarse a sufrir una decisión judicial negativa sobre el encarcelamiento de tres años de Padilla sin acusación, le acusó en un tribunal civil de apelaciones.
En el momento de su arresto, el Departamento de Justicia acusó a Padilla de planear detonar una "bomba atómica sucia" dentro de Estados Unidos. Pero esa acusación estuvo ausente de la demanda presentada por el fiscal general Alberto González en un tribunal civil.
En cambio, fue acusado de integrar una red norteamericana de apoyo a terroristas que enviaba dinero y combatientes al exterior.
Un tercer asunto que confunde al público sobre las normas que rigen la guerra contra el terrorismo es la llamada Enmienda Graham, ahora pendiente de aprobación en el Congreso.
Presentada por el senador Lindsey Graham, junto con el republicano John Kyl y el demócrata Carl Levin, la norma ordenaría a los militares que interroguen a prisioneros a restringir su acción a las disposiciones del Manual de Campo del Ejército.
Pero la enmienda dejan sin desvelar ni cuestionar un anexo secreto del manual, que explicita las técnicas específicas que los soldados pueden y no pueden utilizar. Los ciudadanos comunes y la mayoría de los legisladores probablemente no sepan nunca cuáles son esas técnicas.
Pero el 15 de diciembre, en el programa "The Situation Room", de la cadena de televisión CNN, el fiscal general González se negó a definir como "tortura" a la práctica que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llama "waterboarding".
Se trata del equivalente a lo que en las dictaduras latinoamericanas de los años 70 se llamó "submarino", y que consiste en introducir la cabeza del detenido en un tanque de agua mientras se le sujeta por los pies hasta el límite del ahogo.
La segunda disposición controvertida en la Enmienda Graham es la suspensión del habeas corpus —derecho a impugnar judicialmente la razón de una detención— para prisioneros en custodia estadounidense, incluidos los cerca de 500 en la base naval en Guantánamo, en Cuba.
El habeas corpus es considerado la regla de oro del derecho británico, base de las leyes de Estados Unidos.
"La capacidad de presentar una petición de habeas corpus es tal vez el derecho civil supremo. La mayoría de los políticos la considerarían intocable", dijo a IPS Brian J. Foley, profesor de derecho en Florida.
Privar de este derecho a "los prisioneros de Guantánamo, donde sabemos que algunos han sido encarcelados por error y torturados, significa que el modo de nuestro gobierno de 'proteger las libertades civiles' es para asegurarse de que ningún tribunal jamás vea judicialmente ninguna violación en primer lugar", dijo.
