El pedido de parlamentarios canadienses de establecer normas de conducta obligatorias para las empresas mineras que operan en el exterior y de investigar las polémicas actividades de una de ellas en Filipinas fue rechazado de plano por el canciller Pierre Pettigrew.
Canadá prefiere las pautas voluntarias para las corporaciones multinacionales, como establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la que pertenecen todas las naciones industriales, señaló Kim Girtel, portavoz del Departamento (ministerio) de Asuntos Exteriores.
"La naturaleza no obligatoria de esas pautas aumentó significativamente la capacidad de los gobiernos de construir apoyo internacional, lo que no habría sido posible con medidas obligatorias", sostuvo.
Girtel rehusó mencionar los países que se opondrían a establecer pautas de conducta obligatorias para las corporaciones transnacionales.
La portavoz dijo a IPS que el informe sobre minería en los países en desarrollo publicado por la multipartidaria Comisión de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del parlamento canadiense llamó la atención sobre "cuestiones muy complejas que precisan una reflexión más detenida".
Pero la escritora y periodista empresarial Madelaine Drohan, en un artículo publicado por el periódico Globe and Mail el 20 de este mes, dijo que "grandes partes" de la réplica de Pettigrew a los legisladores "en el mejor de los casos, y siendo generosos, podrían ser catalogadas de necedades, y otras son, sencillamente, engañosas y se prestan a confusión".
Casi 60 por ciento de las compañías de exploración y explotación minera del mundo cotizan en la bolsa de valores de Canadá, según la cancillería.
Este sector representa una inversión directa acumulativa de 42.000 millones de dólares en todo el mundo, y hay planes de invertir otros 14.000 millones en los próximos cinco años.
Miles de compañías mineras con sede en Canadá y que producen dividendos en su bolsa de valores operan en países en desarrollo que, según el Banco Mundial, "están obligados a generar divisas para poder pagar sus deudas, y la minería es una buena forma de hacerlo", explicó Jaimie Kneen, de la organización no gubernamental Mining Watch Canada (un observatorio de las actividades mineras en este país), con sede en Ottawa.
La comisión parlamentaria, que contó con apoyo unánime de todos los legisladores, incluso los del gobernante Partido Liberal, está preocupada por el impacto de las compañías canadienses que explotan recursos naturales en el bienestar económico y social de los trabajadores y habitantes y en el ambiente de países como Filipinas, Colombia, Sudán y la República Democrática de Congo.
La comisión también pidió a la embajada de Canadá en Filipinas que no promoviera ni apoyara públicamente la explotación de oro y plata que la firma canadiense TVI Pacific, con sede en Calgary, viene realizando desde 1994 en la región filipina de Canatuan, mientras no se investigaran las acusaciones de violaciones a los derechos de los pobladores y de daños ambientales.
Canatuan es una región montañosa en el oeste de Mindanao —la segunda isla más grande de Filipinas, situada en la parte meridional del país— habitada por los subanones, el grupo étnico más numeroso de Filipinas.
Unos 2.000 subanones residen en Canatuan, y la explotación de la TVI Pacific, entre otras cosas, compite con las actividades mineras de pequeña escala de dicha comunidad.
Lo que ocurrió allí no es un ejemplo atípico de cómo operan las compañías canadienses en los países en desarrollo, sostuvo Catherine Coumans, coordinadora de investigaciones de Mining Watch Canada.
Aunque la legislación filipina prohíbe el desarrollo de cualquier actividad económica que no tenga autorización expresa de los habitantes nativos, la TVI Pacific fue autorizada por el gobierno a explotar los yacimientos de oro de una montaña considerada sagrada por los habitantes de Canatuan.
Uno de los problemas de los subanones y otros habitantes cercanos a la mina, en funcionamiento desde el año pasado, es la ausencia de medidas de protección contra la contaminación, agregó Coumans.
Los productos químicos que se utilizan en la minería aurífera pueden contaminar los ríos y las corrientes de agua de la región, la fauna que habita en esas aguas así como las plantaciones de arroz y de árboles frutales.
Según la activista, la TVI Pacific pretende desalojar a los residentes —muchos de los cuales no quieren dejar sus hogares— y guardias privados de la compañía apostados en controles de caminos cierran el paso a los pobladores del lugar.
Todo esto ocurre, además, en una zona en la que operan más o menos libremente grupos guerrilleros y bandas criminales, y donde se han cometido ya emboscadas, asaltos y secuestros.
"Amnistía Internacional y otras organizaciones señalaron que estas compañías no deberían operar en áreas que requieran el uso de la fuerza militar o medidas extremas de seguridad para poder desarrollar sus actividades, porque esas condiciones suelen derivar en violaciones a los derechos humanos", dijo Coumans.
No hay forma de controlar que se respeten los principios voluntarios de la OCDE, y la oficina de contacto en Canadá que recibe las denuncias sobre actividades de las empresas en el exterior "carece de instrumentos para obligar a las compañías a responder", sostuvo Craig Forcese, profesor de derecho de la Universidad de Ottawa.
Una serie de pautas adicionales, también de adhesión voluntaria, fue negociada entre Estados Unidos y Gran Bretaña durante el gobierno de Bill Clinton (1993-2001).
Dicho acuerdo establece un protocolo de seguridad para que las compañías vigilen sus operaciones de extracción sin recurrir a fuerzas militares o a grupos paramilitares con historiales de violaciones de derechos humanos.
Según Forcese, el gobierno de George W. Bush no parece muy interesado en promover la adhesión a ese protocolo.
Canadá nunca firmó un acuerdo semejante. Aunque la Mining Watch esperaba que el gobierno se expidiera finalmente sobre esto, la portavoz de la cancillería Girtal dijo a IPS que "todavía no se ha tomado ninguna decisión".
Para Coumans, esto se debe al enorme peso que históricamente tiene el sector minero en la política canadiense. Los tres anteriores primeros ministros, Jean Chretien, Joe Clark y Brian Mulroney, fueron miembros de directorios de varias compañías o bien ayudaron a promover esa industria en los países en desarrollo.
Coumans contrasta la conducta de Canadá con la de Bélgica, un país con un polémico pasado colonial, hoy favorable a implementar un estricto código de conducta corporativo que todas las compañías deben firmar si quieren financiación para sus exportaciones.
En Bélgica, además, existe un firme procedimiento de denuncias, según el cual las empresas que no cumplen con las normas pierden el apoyo del gobierno.
"Si los belgas lo pueden hacer, ¿por qué no lo podemos hacer en Canadá?", preguntó Coumans.
