Wanjiku Njoroge Rumiritu fue desplazada de su tierra por un gobierno de Kenia y perdió sus tierras a manos del siguiente. Ahora decidió acudir a la justicia para exigir una compensación, sumándose la suya a casi 500 demandas presentadas a comienzos de este mes.
Su objetivo es recuperar las tierras que perdió hace unos 10 años, cuando la violencia se propagó por toda la occidental provincia de Rift Valley.
"Era la tierra de nuestra familia. Es donde crecí y crié a mis hijos. Sin esa tierra no tengo donde ir. Regresé unos meses después de que la situación mejoró, pero encontré nuevos ocupantes que amenazaron con matarme si ponía de nuevo un pie allí", dijo a IPS Rumiritu, de 62 años.
La violencia estalló en vísperas de la primera elección multipartidaria de este país en 1992, cuando las rivalidades étnicas fueron azuzadas para debilitar el apoyo a la oposición en Rift Valley, el distrito al que corresponden más escaños legislativos.
Miembros de la Unión Nacional Africana de Kenia incitaron a integrantes de la etnia kalenjin, a la que pertenecía el entonces presidente Daniel arap Moi (1978-2002) para que atacaran a comunidades de las etnias kikuyu, luhya y luo.
Estos hechos ocurrieron entre reclamos de "majimbo", un sistema de gobierno que para algunos aboga por una limpieza étnica regional mediante el retorno de pueblos no indígenas a sus áreas de origen.
Según la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC son sus siglas en inglés) 15.000 personas murieron en los enfrentamientos, mientras unas 300.000 fueron desplazadas de Rift Valley y de las provincias occidentales.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que el número es menor, situándolo en 200.000 personas. IPS no pudo obtener cifras del gobierno sobre la cantidad de población afectada por ese brote de violencia.
Los incidentes étnicos se renovaron en la Provincia Costera antes de las elecciones generales de 1997, cuando seguidores de la oposición fueron nuevamente el blanco, y la violencia y los ataques de venganza se reiteraron en Rift Valley, en 1998. La organización Human Rights Watch (HWR), con sede en Nueva York, dijo que los episodios de enfrentamientos étnicos con fines políticos cobraron unas 2.000 vidas y desplazaron a unas 400.000 personas.
Uba Omari, sobreviviente de los hechos de 1997, dijo a IPS que fue torturada por agentes de seguridad que la acusaron de esconder armas en sus "partes privadas". Se vio obligada a huir con sus dos hijos.
"Fui forzada a correr por mi vida, a causa de lo que había sucedido. Cuando regresé más tarde, después de que volvió la calma, encontré rostros extraños ocupando mi tierra, y me dijeron las autoridades se la habían dado, e incluso me mostraron una escritura", señaló durante una entrevista en Nairobi.
Rumiritu y los demás querellantes esperan que los tribunales obliguen al gobierno a cumplir una recomendación hecha por una comisión designada en julio de 1998 para investigar la violencia.
Dirigida por Justice Akilano Akiwumi, la comisión emitió un informe en 1999 exigiendo el reasentamiento de las personas desplazadas y el procesamiento de los funcionarios acusados de planificar los enfrentamientos. Miembros del anterior y del actual régimen fueron mencionados en el reporte.
Sin embargo, el documento fue archivado y no se tomó ninguna acción contra líderes políticos o funcionarios del gobierno acusados, dijo Davis Malombe, asistente de programas de la KHRC que investiga temas relacionados con la impunidad.
"Esta complacencia por parte del Estado alimenta la espantosa cultura de la impunidad, los crímenes cometidos contra la humanidad son ignorados o se les presta muy poca atención, para hacer a los perpetradores menos responsables ante la ley", afirmó.
Entidades defensoras de los derechos humanos están embarcadas en la iniciativa nacional "Campaña contra la impunidad" con el fin de que los implicados en los enfrentamientos sean llevados a juicio.
Activistas como Odenda Lumumba, coordinadora nacional de la Alianza para la Tierra de Kenia, alegan que el actual gobierno de la Coalición Nacional del Arcoiris ha progresado poco en materia de reasentamientos pese a haber estado en el poder durante dos años y medio. La alianza abarca a varias organizaciones de la sociedad civil que presionan por una reforma agraria.
"Es una vergüenza que algunas de las víctimas sigan siendo desplazadas más de 10 años después, sin ningún esquema de reasentamientos del gobierno para ellos", dijo a IPS.
La portavoz del Ministerio de Tierras, Mary Ngaruma, sostuvo que el reasentamiento de los desplazados por la violencia está en proceso.
"El ejercicio comenzó el año pasado. El gobierno ha estado autenticando los casos y hasta ahora ha reubicado a algunos que fueron realmente desposeídos", dijo a IPS.
Pero Ngaruma no pudo decir cuántas personas habían sido obtenido tierras, y el titular de otra cartera incluso pareció no estar al tanto de una medida semejante.
"Se están realizando consultas con el Ministerio de Tierras y la oficina del presidente sobre la formación de un comité para elaborar las modalidades para reasentar a las víctimas de los enfrentamientos", dijo el ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales, Kiraitu Murungi.
"Apenas las modalidades sean elaboradas comenzará el reasentamiento", agregó.
Pero aunque Rumiritu recupere su tierra, quedarán algunas heridas que no podrá curar.
"Los oficiales de policía incendiaron nuestras casas, mataron a nuestras familias y violaron mujeres", dijo, aludiendo a la violencia de 1992.
"Perdí a cuatro de mis cinco hijos, además de mi esposo por la violencia. Tuve que abandonar mi parcela de tierra de dos hectáreas y correr por mi seguridad. Ahora vivo como una ocupante ilegal", relató.
