Casi dos meses después de que el huracán Katrina azotó a buena parte del sudeste de Estados Unidos, los evacuados se organizan y exigen una respuesta del gobierno, pero sus reclamos siguen postergados.
Cuando Tanya Harris regresó a lo que había quedado de su casa en Nueva Orleans, una de las más golpeadas por Katrina desde el 28 de agosto, temía que las escasas pertenencias que había dejado estuvieran bajo los escombros que se estaban acumulando en las afueras de la ciudad.
"Las casas fueron arrasadas con topadoras, no sólo las calles", dijo Harris, una vecina del Noveno Distrito de la ciudad, en una conferencia de prensa telefónica para anunciar la creación de la Asociación de Sobrevivientes de Katrina (AKSA por sus siglas en inglés) de la Asociación de Organizaciones Comunitarias para una Reforma Ahora (ACORN).
"Ninguno de nosotros pudimos ingresar al Noveno Distrito. Queríamos ir para ver qué podíamos salvar", afirmó Harris, quien instaló, con un grupo de residentes del área, cientos de carteles con la frase "Salven a nuestro barrio: ¡no arrasen!".
"En el pasado, muchas de nuestras luchas fueron de David contra Goliat, y quizás ésta también lo sea. Pero no permitiremos que los intereses empresariales decidan sin control alguno cómo se reconstruirá Nueva Orleans", advirtió.
Un mes después de que el huracán Katrina arrasara la costa estadounidense del Golfo de México, matando a por lo menos 1.050 personas solamente en Louisiana, muchos sobrevivientes decidieron tomar estos asuntos en sus propias manos.
Mediante la presión pública, la acción directa y el diálogo con los funcionarios electos demandaron su derecho a regresar —comenzando por la provisión de casas rodantes en las que vivir cerca de sus destruidos hogares — y mayor participación en la reconstrucción.
Se estima que Katrina desplazó a 1,5 millones de personas. Alrededor de 95 por ciento fueron repartidas en refugios de distintas ciudades. A través de reuniones celebradas en esos lugares en todo el país, la AKSA ha sumado unos 1.600 miembros y espera llegar a 100.000 el año próximo.
Este esfuerzo cuenta con el respaldo del considerable poder organizativo de ACORN, una organización nacional que protege a personas de ingresos bajos y medios y que ahora abarca a 175.000 familias.
La organización señala las muchas fallas de la Agencia Federal para la Administración de la Emergencia (FEMA son sus siglas en inglés) al responder a la tormenta, como prueba de que el desarrollo de la región no puede ser confiado solamente a funcionarios del gobierno.
"Nueva Orleans es mi hogar, nací y me crié aquí", dijo Dorothy Stoops, del Tercer Distrito, que vive temporalmente en Houston, Texas. "Lo que experimentó nuestra comunidad no fue sólo un desastre natural, sino una dura exhibición de injusticia racista y económica".
"Siento que mi gobierno y mi país me decepcionaron. Así es como muchos nos sentimos. En el Superdome (estadio de Nueva Orleans donde se albergó a muchos evacuados por Katrina) durante cuatro días y noches fue un infierno. Fui tratado como un animal, con soldados apuntándome con armas como si hubiera cometido un delito, en lugar de haber sido desarraigado por una tragedia natural".
"Es por eso que nos estamos reuniendo en todo el país, para asegurarnos de que nuestro gobierno no se olvide de nosotros a medida que las semanas se convierten en meses. Estamos aquí para que estas ciudades sean reconstruidas para toda la población, no sólo para los ricos", añadió Stoops.
"Estoy enfadada", afirmó Beulah Labostrie, de 80 años. "He estado aquí toda mi vida, y me hiere que en otras zonas de esta comunidad haya una enorme ayuda, mientras en el área donde vivo y donde viven otras minorías no haya respuesta".
"He llamado día y noche y no he obtenido respuesta de la FEMA ni de Allstate (la empresa aseguradora más grande del país). De un modo u otro, somos los últimos en recibir la ayuda que necesitamos", afirmó.
Katie Neeson, del Noveno Distrito, que fue evacuada el día antes de que se desatara la tormenta a Dallas, Texas, también dijo no haber recibido nada de la FEMA, aunque la agencia debe pagar unos 800 dólares por mes por asistencia habitacional a quienes quedaron sin vivienda.
"Estoy cansada de pedir dinero prestado para llegar a fin de mes", dijo. "Acabo de recibir un aviso de que tengo que pagar el alquiler el 1 de noviembre, y no tengo el dinero para hacerlo", sostuvo.
El martes, la organización envió a una delegación a presionar al Congreso legislativo, que tomará decisiones clave en materia de presupuesto en las próximas semanas, incluyendo una propuesta del gobernante Partido Republicano de recortar impuestos por unos 70.000 millones de dólares, una medida que favorecerá mayoritariamente a quienes perciben ingresos anuales superiores a 200.000 dólares.
Aunque los legisladores aprobaron una asistencia de emergencia de 62.000 millones para Louisiana, Mississippi y Alabama, AKSA y otras organizaciones quieren asegurarse de que la reconstrucción se lleve a cabo de modo transparente, y que los sobrevivientes participen en todas las decisiones importantes.
"Tenemos una lucha por delante: asegurarnos de que quienes fueron olvidados no sean olvidados en la reconstrucción", explicó Maude Hurd, residente de Nueva Orleans y presidenta nacional de ACORN.
"Insistimos en tener un lugar en la mesa donde se están tomando las decisiones y se están asignando los recursos. No permitiremos que estos miles de millones de dólares sean gastados sin considerar las necesidades de la gente de bajos ingresos y de la clase obrera", insistió.
En Nueva York, sindicatos y organizaciones comunitarias afroamericanas se reunieron el pasado fin de semana para buscar formas de traducir la indignación pública por la tardía respuesta del gobierno al desastre en una campaña progresista "para forjar la unidad entre la lucha de liberación de los negros, la lucha de los trabajadores y la lucha antiimperialista".
"El desastre apunta a la profundidad del subdesarrollo de la mayoría de los afroamericanos, especialmente en el sur de Estados Unidos", señaló Saladin Muhammad, presidente de Trabajadores Negros por la Justicia y coordinador para la región sur del Movimiento por la Marcha del Millón de Trabajadores.
"Lo que ocurrió está haciendo que la gente cuestione la guerra (contra Iraq), este gobierno habla de construir la democracia en el exterior cuando niega los derechos humanos y la democracia en casa", agregó.
Malcolm Suber, residente en Nueva Orleans durante 27 años y organizador del Fondo Popular de Ayuda por el Huracán, opinó que el trato de Washington a los sobrevivientes repitió la brutalidad de la era del esclavismo estadounidense.
"El método y los medios de dejarnos afuera nos puso en el bloque de remate de nuevo", dijo. "Cuando uno se subía a un autobús no sabía adónde iba. Hermanos y hermanas, esposos y esposas eran separados. Había policías y soldados con armas que no dejaban bajar del autobús a nadie, aunque les dijeras que tus hijos estaban ahí afuera", relató.
Suber señaló que esta crisis llevaba largo tiempo incubándose a partir de la larga historia de opresión racial en el sur de Estados Unidos.
"En los barrios de Nueva Orleans, el desempleo era de 50 por ciento y el tráfico de drogas el principal empleador. Había guerras sangrientas. Nueva Orleans lideraba la nación en cantidad de homicidios, y no era raro despertarse un lunes y enterarse de que siete personas habían sido asesinadas el fin de semana", dijo Suber.
"Debemos aprovechar este momento para establecer nuestros principios. Esta no es la clase de sociedad en la que queremos vivir", concluyó.
