Los senadores del gobernante Partido Republicano desoyen a la Casa Blanca y ceden a la creciente presión para asegurar un tratamiento «humano» a los capturados en la llamada guerra de Estados Unidos contra el terrorismo.
La presión se refiere a propuestas legislativas, la primera de ellas presentada, entre otros senadores republicanos, por John McCain, un ex piloto de combate prisionero de guerra en el infame "Hanoi Hilton" durante buena parte de la guerra de Vietnam.
Esa norma, incluida como enmienda en el presupuesto de defensa para el año próximo, ordenaría a todos los funcionarios estadounidenses el cumplimiento de las leyes militares en materia de interrogatorios.
Hasta ahora, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, ha logrado con sus maniobras impedir que la disposición sea discutida en el plenario para su votación.
Mientras, la Casa Blanca advirtió que vetará todo el presupuesto, de 400.000 millones de dólares, si las enmiendas son aprobadas.
La denominada "enmienda McCain", copatrocinada por 11 senadores republicanos, prohibiría a todo funcionario estadounidense el "tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante", como establece la Constitución estadounidense.
También se prohibiría cualquier técnica de interrogatorio no autorizada por el Manual de Campo del Ejército, elaborado de acuerdo con las Convenciones de Ginebra.
Estas convenciones constituyen la base del derecho internacional humanitario, que protege a los prisioneros de guerra y a la población civil en áreas de conflicto.
También adhieren a la "enmienda McCain" 28 altos oficiales militares retirados, entre ellos el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, general John Shalikashvili, y el primer jefe de la ocupación de Iraq, general Jay Garner.
Los principales funcionarios del área jurídica de cada una de las armas estadounidenses y el ex prisionero de guerra en Vietnam y luego embajador en ese país, Pete Peterson, son otros de los respaldos de la norma.
"El abuso de prisioneros lesiona la causa estadounidense en la guerra contra el terror, pone en peligro a soldados estadounidenses que puedan ser capturados por el enemigo y es anatema respecto de los valores que este país ha honrado durante generaciones", afirmaron los 28 militares en una carta a McCain.
El Manual de Campo del Ejército es "la regla de oro" para el "efectivo, legítimo y humano" tratamiento de prisioneros. "De haberse seguido el Manual al pie de la letra, nos habríamos librado del dolor del escándalo por los abusos de prisioneros", agregaron.
Dos altos socios del American Enterprise Institute, el principal entre los centros académicos que han defendido la negativa del Departamento (ministerio) de Defensa a aplicar las Convenciones de Ginebra a sospechosos de terrorismo, respaldaron la enmienda.
La violación de las convenciones "hace más fácil que nuestros enemigos nos odien y más difícil que nuestros amigos nos amen", anotaron Thomas Donnely y Vance Serchuk en un artículo publicado por el semanario Weekly Standard, expresión de los neoconservadores, el ala más derechista del gobierno.
El creciente apoyo a la enmienda McCain da esperanzas a activistas de derechos humanos, quienes prevén su aprobación por un amplio margen si es considerada por el Senado.
Si bien no todos los senadores del opositor Partido Demócrata apoyan la norma, algunos republicanos que no figuran entre los patrocinantes han anunciado en privado que la votarán.
"Creo que las cosas están cambiando, realmente", dijo Elisa Massimino, directora de la oficina en Washington de la organización de derechos humanos Human Rights First, que se ha opuesto a la negativa a garantizar a los detenidos en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, las prerrogativas que las Convenciones de Ginebra conceden a los prisioneros de guerra.
El Departamento de Defensa ha insistido que los sospechosos de "terrorismo" capturados en Afganistán y otros países no son prisioneros de guerra protegidos por las Convenciones, sino que los ubica en una categoría no prevista en las normas a la que denominan "combatiente enemigo".
De todos modos, el gobierno insiste en que los detenidos han sido tratados "humanamente", si bien autorizó técnicas de interrogatorio que violaban las Convenciones de Ginebra, como han demostrado varias investigaciones periodísticas.
Se suponía que los detenidos en Iraq gozaban de garantías, pero informes periodísticos y de organizaciones de derechos humanos así como documentos reservados luego "desclasificados", audiencias administrativas y cortes marciales demostraron que muchas de las técnicas de interrogatorio empleadas en Afganistán y Guantánamo "emigraron" a Iraq.
El último de los hechos en ese sentido fue la condena de la soldado Lynndie England por abusos —documentados en fotografías— en la prisión bagdadí de Abu Ghraib.
En una carta a McCain, el capitán del ejército Ian Fishbach mencionó abusos "de rutina" y "duras" golpizas a detenidos iraquíes en una base operativa cerca de la meridional ciudad iraquí de Faluya.
Fishbach, quien investigó durante 17 meses en busca de responsables hacia arriba de la cadena de mando, recibió instrucciones de "aplacar su preocupación", según aseguró la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
Entre los abusos investigados por el oficial figuraban "amenazas de muerte, golpizas, rotura de husos, asesinatos, exposición a elementos nocivos, agotamiento físico extremo, toma de rehenes, desnudez, privación del sueño y tratamiento degradante" tanto en Afganistán como en Iraq.
Sólo cuando Fishbach se dirigió a las oficinas del Congreso legislativo el mes pasado fue que el ejército, que había intentado confinarlo a la base en Faluya, inició una investigación. De todos modos, el primer interés fue descubrir la identidad de los sargentos que informaron a Human Rights Watch.
