Brasil va camino a convertirse en el primer país en prohibir la venta de armas de fuego por mandato popular, en el marco de la campaña para abatir la cantidad de muertes violentas que pasó a ser una verdadera epidemia en las últimas dos décadas.
La última encuesta realizada por la Confederación Nacional de Transporte registró que 72,7 por ciento de los entrevistados están dispuestos a confirmar en el referendo del 23 de octubre el fin del comercio de armas y municiones en el país, frente a sólo 24 por ciento de ellos que se declararon en contra.
Además, el movimiento Frente Brasil sin Armas, que defiende el "Si" a la prohibición en el referendo, ganó fuertes argumentos con los datos sobre homicidios divulgados hace dos semanas por el Ministerio de Salud.
En 2004, por primera vez en 12 años, bajó la cantidad de personas muertas por armas de fuego en Brasil, al sumar 36.091, lo cual resultó en 3.234 menos que el año anterior.
La caída de 8,2 por ciento es en gran parte atribuida a la campaña del desarme, iniciada en julio de ese año, que estimuló a la población a entregar sus armas para ser destruidas. Hasta ahora fueron recogidas más de 450.000 y se espera alcanzar medio millón antes de que venza el plazo dado, el 23 de octubre, el mismo día del referendo.
De todas formas, la cifra anual de homicidios por armas de fuego más que se duplicó desde 1992, cuando se registraron 16.729 casos. Los datos reflejan la acelerada expansión de esta especie de epidemia en las últimas décadas.
Esa mortandad incontrolada, que afecta principalmente a la franja etaria de 15 a 24 años, motivó la aprobación en el Congreso legislativo, en diciembre de 2003, del Estatuto del Desarme, una norma que prohíbe el porte de armas por ciudadanos comunes, autorizando sólo a militares, policías y profesionales de seguridad.
Además, el Estatuto impone rígidas condiciones para poder tener un arma de fuego en el hogar y que todo el armamento y las municiones fabricadas en el país tengan marcas que permitan su identificación.
La ley establece también la prohibición del comercio en todo el territorio nacional, una medida sujeta, empero, a su confirmación en el referendo de octubre, que parece asegurada.
Otras encuestas anteriores indicaban una aprobación cercana a 80 por ciento de los entrevistados, lo cual "traduce el sentimiento de riesgo que las armas provocan en la población", dijo a IPS Josephine Bourgeois, investigadora de Viva Río, una organización no gubernamental que encabeza la lucha por el desarme.
Una población bien informada apoya el desarme y el fin del comercio, sostuvo. En Australia se aprobó una ley de control riguroso en 1996 y luego una campaña llevó a que las autoridades recogieran 643.726 armas. Cinco años después, la tasa de homicidios en el país cayó 50 por ciento en general y 57 por ciento entre las mujeres en particular, destacó Bourgeois.
Algo similar ocurrió en Canadá tras aumentar el control y debe repetirse en Brasil, según espera la investigadora francesa que reside hace años en Brasil.
El índice de homicidios por arma de fuego en Brasil, sin embargo, es incomparablemente superior al de los países de referencia, pues llegó a 22 por 100.000 habitantes en 2002, mientras en Australia se limitó a 0,24 por 100.000.
El referendo entrará en su fase decisiva el 1 de octubre, cuando comience la campaña oficial con la confrontación de dos frentes parlamentarios: Brasil sin Armas y Por el Derecho de Legítima Defensa. Ambos tendrán nueve minutos diarios para defender sus ideas en cadena nacional de radio y televisión.
La pregunta "¿El comercio de armas de fuego y munición debe ser prohibido en el país?" induce la respuesta "Si", criticó en entrevista con IPS Leonardo Arruda, director de Divulgación de la Asociación Nacional de Propietarios y Comerciantes de Armas (ANPCA).
En su opinión, sería más equilibrado hablar de "comercio legal" o sustituir comercio, que tiene una connotación negativa, por venta.
Brasil es un "país desarmado", sólo cinco por ciento de sus hogares cuentan con alguna arma, mientras que en Estados Unidos ese indicador alcanza a 52 por ciento, en Suiza a 35 por ciento en Suiza y en Argentina a 20 por ciento, destacó.
"No son las armas las que provocan violencia, sino la impunidad", arguyó.
"Si uno quiere matar a alguien, lo hará de cualquier manera", los homicidios por armas de fuego disminuyeron en 2004, pero aumentaron los practicados con otras armas, sostuvo.
También sostuvo que otros tipos de delitos, como asaltos a residencias y a peatones, aumentarán debido a que los delincuentes están estimulados por saber que los ciudadanos están desarmados. "Quitarle el arma a la víctima es la peor solución posible", acotó.
Aún así, Arruda reconoce como prácticamente perdida la batalla del referendo. El comercio de armas está desapareciendo desde antes, ya que Brasil contaba en 1997 con 1.200 tiendas y hoy sólo quedan 300, en razón de que los empresarios del sector se adelantaron y se pasaron a otros negocios, lamentó.
Arruda atribuye a "poderosas fuerzas internacionales", que controlan las finanzas, a la Organización de las Naciones Unidas, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial el interés en "desarmar los pueblos" para dominarlos.
El desarme es impulsado por organizaciones no gubernamentales financiadas por capital extranjero de fuentes como la Fundación Ford y el financista internacional George Soros, agregó otro militante del "No" a la prohibición de las armas, Wagner Vasconcelos, dirigente del Movimiento por la Valorización de la Cultura, el Idioma y las Riquezas de Brasil.
Ese movimiento diseminó en Río de Janeiro carteles en los que reza: "Entregue su arma y tórnese un esclavo".
Vasconcelos sostuvo que mueren más niños de hambre y enfermedades evitables que personas baleadas. También aseguró este estudiante universitario de la carrera de derecho que 96 por ciento de las armas de fuego brasileñas no están registradas y son ellas las usadas en la casi totalidad de los homicidios.
Con una visión conspirativa más radical aún que la de Arruda, Vasconcelos identifica en la campaña del desarme el objetivo de "inviabilizar el proyecto de nación brasileña", y no de reducir la violencia. Por detrás estaría un grupo secreto de "unas 300 familias" poderosas y de distintos países que buscan implantar "una dictadura privada" en el mundo.
