El acuerdo entre compañías tabacaleras y el gobierno de México para no elevar la carga impositiva al sector a cambio de donaciones a un fondo sanitario viola el Convenio Marco para el Control del Tabaco, afirma el Instituto Nacional de Salud Pública, pese al silencio de la OMS.
Las donaciones, vigentes desde mediados de 2004, fueron una "medida que las tabacaleras buscaron para tratar de eliminar la mano dura que recibían en México", dijo a IPS Mauricio Hernández, director del estatal pero independiente Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
En su opinión, el acuerdo indica que su país bajó la guardia ante las compañías nacionales y transnacionales que producen y venden tabaco. El gobierno no actúa de forma adecuada en materia de prevención del consumo, agregó.
Cifras oficiales señalan que la producción de las tabacaleras afecta en México a 13 millones de fumadores activos y a 35 millones de involuntarios o pasivos. Según autoridades de salud, entre 114 y 122 personas mueren a diario por enfermedades asociadas al tabaquismo.
A mediados del año pasado, el presidente Vicente Fox anunció con gran despliegue que las compañías Phillip Morris, British American Tobacco y Tabacalera Mexicana destinarían hasta fines de 2006 una parte del precio de cada cajilla de cigarros vendida a un fondo de la Secretaría (ministerio) de Salud para atender a niños enfermos y construir infraestructura sanitaria.
Mi "reconocimiento a las empresas tabacaleras" por tal aporte, señaló Fox en aquella ocasión.
Lo que no se supo entonces, pero trascendió este año en parte por las denuncias de Hernández, fue que el gobierno prometió a las compañías que esas donaciones serían deducibles de impuestos y que el Estado no establecería nuevas cargas hasta diciembre de 2006.
Este acuerdo viola el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, instrumento internacional firmado por México en 2003 y que entró en vigor este año.
El Convenio impone a los países parte la aplicación de firmes políticas tributarias y de precios destinadas a abatir el consumo de tabaco. Además, establece restricciones al patrocinio de marcas de cigarrillos a actividades culturales y deportivas, y limitaciones a la publicidad.
El INSP consultó a la OMS sobre las posibles violaciones del Convenio en que estaría incurriendo México. En julio, la máxima autoridad sanitaria mundial respondió en una carta que no podía emitir juicio al respecto y que cualquier pronunciamiento correspondía a la Conferencia de las Partes, que reúne a los representantes de los gobiernos que firmaron el instrumento.
IPS intentó sin éxito obtener declaraciones de representantes de la OMS en México.
En su capítulo sobre solución de controversias, el Convenio Marco indica que ante alguna denuncia sobre incumplimientos de sus normas, se buscará en primer término un arreglo de conciliación entre las partes. Si éste no resultare, se prevé un arbitraje.
"Nosotros creemos que al acordar donativos con las tabacaleras a cambio de no aplicarles impuestos se está violando el Convenio Marco, pero (la Secretaría) Salud sostiene que el dinero aportado debe considerarse en los hechos como un impuesto. Tenemos posiciones diversas y quizá haya que llegar a un arbitraje", declaró Hernández.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha iniciado ningún procedimiento para accionar esos mecanismos en el marco de la OMS.
El polémico acuerdo entre el gobierno y las tabacaleras concluirá en diciembre de 2006. Pero el mismo estipula que podría suspenderse antes, si el Estado decide imponer nuevos gravámenes a las empresas fabricantes de cigarrillos.
El director del INSP, organismo que realiza investigaciones sanitarias, opina que las empresas salieron ganando, pues con los donativos construyeron una imagen positiva que contrasta con el hecho de que su negocio provoca impactos negativos en la salud pública.
Los esfuerzos de las tabacaleras por mejorar su imagen y librarse de las acusaciones de que sus productos enferman y matan a los fumadores, están documentados desde los años 90.
Una investigación encargada en 2001 por la Organización Panamericana de la Salud concluyó que en la década pasada se aplicaron en América Latina y el Caribe estrategias para cooptar a periodistas, difundir informes médicos incompletos y sesgados y negociar con autoridades para evitar medidas restrictivas del negocio tabacalero.
En el informe "La rentabilidad a costa de la gente: Actividades de la industria tabacalera para comercializar cigarrillos en América Latina y el Caribe y minar la salud pública", se indica que British American Tobacco y Phillip Morris International, líderes en el mercado regional, actuaron con poca o ninguna ética para alentar el consumo de tabaco.
Está documentada la contratación secreta de científicos para tergiversar estudios confirmatorios de los efectos nocivos del humo del tabaco en los no fumadores, y las invitaciones, los pagos de gastos y de viajes a periodistas y comunicadores.
Además, las empresas participaron en redes de contrabando de cigarrillos y mientras advertencias contra el consumo juvenil de tabaco, desarrollaban campañas publicitarias dirigidas a los consumidores jóvenes, para iniciarlos en el hábito de fumar.
El secretario (ministro) de Salud de México, Julio Frenk, sostiene que en este país no se ha detenido la lucha contra el tabaquismo y que el acuerdo sobre donaciones fue el mejor posible.
Según Frenk, si se hubiera aumentado la carga impositiva a las empresas, el dinero recaudado habría acabado diluido en las arcas del Estado y quizás destinado a otros fines, mientras el fondo de donaciones se aplica directamente a programas de salud.
En los hechos, el dinero que donan por cada paquete de cigarrillos vendido es un impuesto más y se alinea con el objetivo de incrementar los precios para desincentivar el consumo, dijo Frenk.
Cuando Fox asumió la Presidencia, en diciembre de 2000, la venta de cigarrillos estaba cargada con un impuesto de 100 por ciento. La carga fiscal se fue incrementando hasta llegar a 151 por ciento en 2004.
El gobierno asegura que el arreglo cuestionado por el INSP no viola el Convenio Marco, pues además de ser anterior a su vigencia, cumple con la disposición de encarecer el cigarrillo para desalentar el consumo.
En México está prohibida desde 2003 la publicidad sobre cigarrillos en radioemisoras y televisoras y en la mayoría de medios de comunicación impresos. Además, no se puede fumar en edificios públicos, medios de transporte y recintos educativos.
El director de la INSP reconoce esas medidas como positivas, pero sostiene que las campañas de prevención son débiles "y casi ausentes", por lo que está aumentando el consumo de tabaco, especialmente entre los jóvenes, "lo que es muy preocupante", afirmó.
