Mercedes y su familia viven desde hace años en emergencia permanente, siempre pensando que el viento y la lluvia acabarán con la precaria vivienda que mal las cobija en el populoso barrio habanero de La Lisa.
"Lo más importante sería poner techo nuevo, pero el delegado (representante barrial del gobierno) dice que no puede hacer nada, que no hay recursos", relató a IPS la mujer, que trabajadora doméstica por horas.
El año pasado estuvo muy cerca de resolver al menos ese problema. Tras el paso del huracán Charley que causó estragos en la porción occidental del país, le prometieron materiales, pero cuando fue a buscarlos le dijeron que se habían acabado.
"Mi padre tiene 80 años y está enfermo. Cada vez que llueve hay que ver lo que pasamos para protegerlo del agua que cae por todas partes en la casa", contó Mercedes, quien omitió su apellido.
El anuncio gubernamental este mes de que se construirán 100.000 viviendas por año la tiene esperanzada, aunque no mucho. Sólo su hermano trabaja en una empresa estatal. Las mujeres optaron por el servicio doméstico.
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"Bueno, mi papá es atendido como caso social y en el barrio todos nos conocen. Pero con esto de las casas puede pasar lo mismo que cuando se repartieron televisores. A él le tocó uno, pero nunca llegó a sus manos", contó.
La inseguridad de Mercedes obedece a las formas de distribución estatal de bienes que combinan necesidad con buena conducta social, laboral y "revolucionaria", a las cuales el gobierno cubano retornó en los últimos años.
Bajo ese criterio selectivo, hace tres o cuatro años se otorgaron en barrios y centros de trabajo los derechos de compra, mediante crédito bancario, de televisores Panda de fabricación china.
Similares parámetros medirán ahora el merecimiento, o no, de una vivienda o de recursos para construirla por cuenta propia, según confirmó el vicepresidente Carlos Lage, al anunciar a inicios de este mes un vasto programa para hacer frente a los problemas habitacionales.
"El mérito y la contribución a los programas económicos y sociales del país deben ser los requisitos esenciales para seleccionar a quienes asignar viviendas o materiales entre los más necesitados", dijo Lage.
En un informe ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), el vicepresidente cubano añadió que "una destacada conducta social y revolucionaria otorgará absoluta prioridad en el proceso de selección".
La estrategia implica volver a métodos de los años 70, cuando miles de trabajadores se convirtieron en constructores e integraron el movimiento de microbrigadas.
En su momento de mayor esplendor en esa década, los microbrigadistas edificaron hasta 20.000 casas por año e integraron una fuerza de 30.000 personas. Así nacieron, entre otros, barrios como Alamar, en la periferia capitalina.
Estas casas se distribuían en asamblea general de trabajadores que evaluaba el grado de necesidad del solicitante, su comportamiento laboral y ciudadano y la cantidad de horas voluntarias dedicadas a la construcción del inmueble, entre otros aspectos.
"La vivienda es un derecho, no un premio al mérito de nadie y mucho menos cuando hay tanta carencia como aquí", dijo a IPS Leonardo Calvo, de la opositora Corriente Socialista Democrática.
Calvo se quejó del "monopolio estatal sobre bienes y personas" y señaló que esos métodos de asignación suelen "crear enfrentamientos entre vecinos y compañeros de trabajo".
En cambio, Manuel Carmona, antiguo dirigente sindical en una fábrica de la industria alimentaria, consideró "justo" y "transparente" seleccionar a quienes "por su esfuerzo y dedicación tienen más derecho" a obtener una vivienda de las que se construirán.
Las autoridades cubanas han reconocido en más de una ocasión que el déficit habitacional es uno de los principales problemas sociales de este país de 11,2 millones de habitantes.
Aunque las cifras oficiales difieren, se estima que faltan entre 530.000 y 694.000 unidades. El gobierno aspira a construir en lo que resta de 2005 y durante 2006 no menos de 150.000 inmuebles y rehabilitar otros 380.000.
Según la Organización de las Naciones Unidas, hay casi mil millones de personas viviendo en tugurios en el mundo, y unos 128 millones corresponden a América Latina. Entre sus Objetivos de Desarrollo del Milenio establece la mejora sustancial de las condiciones de vida para unos 100 millones de esos habitantes para 2020.
Cuba se propone crear condiciones para edificar en los años subsiguientes a un ritmo de 100.000 casas anuales, un viejo propósito, que no logró materializarse en épocas pasadas.
Esa fue "una meta irrealizable la primera vez que se planteó, con la tubería de la hoy ex Unión Soviética andando", comentó a IPS el arquitecto cubano Mario Coyula, en referencia a la época en que La Habana tenía en Moscú a un socio pródigo e incondicional.
Pero el gobierno se muestra confiado en la recuperación económica y financiera por las medidas monetarias aplicadas en el último bienio.
Según Lage, el proyecto de construcción y remozamiento de viviendas cuenta con un presupuesto de 1.617 millones de dólares e importantes sumas en moneda nacional.
En opinión de Coyula, el grueso de la construcción de viviendas tendría que ser acometido por los propios usuarios, pero con ayuda estatal, asesoría técnica, préstamos blandos, arriendo de equipos y herramientas y con cooperativas urbanas de constructores.
El programa gubernamental prevé una rebaja de los subsidios estatales y un alza de precios y tarifas en los pagos de la vivienda o para los materiales que se venderán a quienes emprendan por su propio esfuerzo una construcción o reparación.
A la vez, el plan descansa en la idea de que "el constructor principal es la propia familia", que contará con apoyo del resto de la comunidad, los colectivos laborales y la asesoría técnica estatal.
Mercedes se anima, mira y remira su mal parada casa y suspira. "A ver qué nos dice ahora el delegado", comenta en un murmullo.
