Los trabajadores migrantes enviaron, según el Banco Mundial, 125.800 millones de dólares en 2004 a sus países de origen, 60 por ciento más de lo aportado por las 22 naciones más ricas en asistencia oficial al desarrollo.
Entre la avalancha de números sobre población, recursos y finanzas, las estadísticas sobre remesas también han sido objeto de análisis esta semana en la Cumbre Mundial 2005, celebrada esta semana en la sede neoyorquina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Parte del debate se refirió a la posibilidad de que el aumento de las remesas en las estadísticas sea, en realidad, consecuencia de una mejor recolección de datos.
Las dimensiones del fenómeno y su carácter de herramienta utilizada por cientos de millones de personas para mejorar la calidad de vida de sus familias hace que merezca una estudio más detallado.
El monto alcanzado por las remesas excede en mucho los 78.600 millones de dólares que suma la asistencia oficial al desarrollo de los 22 países más ricos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
[related_articles]
Y supera, además, el producto interno bruto de muchos países, como Israel, Malasia, Singapur y Venezuela.
Los presidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, se refirieron brevemente al asunto el miércoles en una conferencia de prensa sobre financiamiento al desarrollo.
Algunos expertos alegan que las remesas podrían o deberían reemplazar la asistencia oficial al desarrollo de los países ricos a los pobres, dado que se trata de dinero procedente del Norte industrial.
Pero "este dinero no pertenece a los gobiernos", dijo a fines de agosto en México Donald Terry, director del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), rama regional del Banco Mundial. "Pertenece a los inmigrantes, que envían este dinero a sus familias y comunidades".
Un grupo de trabajo promovido por el BID indicó que la mayoría de las remesas son utilizadas para satisfacer necesidades inmediatas, como la provisión de alimentos y medicamentos.
Otros argumentan que la facilidad con que los inmigrantes envían dinero fuera de fronteras propicia el uso de esos mismos mecanismos para el lavado de dinero producto de delitos o para el financiamiento del terrorismo.
Pero una mirada rápida desacredita esa afirmación: en 2004, la remesa individual promedio hacia América Latina —región que recibió más 46.000 millones de dólares por ese concepto— fue de 300 dólares, y a razón de una por mes. Ése es el promedio regional máximo del mundo.
Más de 80 por ciento de las transacciones individuales canalizadas el año pasado hacia México fueron inferiores a 500 dólares, informó el Banco Central de ese país en agosto. La mayoría de los emigrantes mexicanos se dirigen a Estados Unidos.
Con esas cifras y las leyes estadounidenses que exigen la elaboración de un "informe de actividad sospechosa" ante cualquier transacción superior a 10.000 dólares, una organización delictiva necesitaría decenas de miles de cómplices para lavar dinero sin despertar sospechas.
"Estudios recientes muestran que quienes envían remesas ganan salarios relativamente bajos, tienen una educación formal limitada y poca experiencia en tratar con el complejo sistema financiero de este país", dijo en junio el senador estadounidense Paul Sarbanes.
"Por lo tanto, es más probable que sean blanco de inescrupulosos que se aprovechan de ellos cobrándoles tarifas exorbitantes, a menudo a través del cambio de moneda", agregó.
Por otra parte, crece el negocio de venta ilegal a inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos de números de seguridad social y documentos de identidad, lo cual les permite obtener empleo.
Esto implica que inmigrantes clandestinos pagan impuestos y aportan a un sistema de seguridad social cuyos beneficios no pueden gozar debido a su estatus ilegal.
Bancos de países en desarrollo proponen cada vez con mayor frecuencia las remesas como garantía de préstamo, lo que le permite a quienes las reciben acceder al crédito con intereses más bajos.
Cientos de empresarios han ingresado al mercado financiero en los últimos, ofreciendo tarjetas prepagas que los trabajadores migrantes envían a sus familias en su país de origen prácticamente sin costo, para facilitar la transacción del dinero.
Algunas de estas firmas emisoras de tarjetas obvian los mecanismos tradicionales de transferencias y apelan a Internet.
Analistas de ámbitos tan diversos como la academia y el mercado financiero estadounidense especulan con que este fenómeno podría revolucionar la manera en que la gente concibe el movimiento de capitales a través de las fronteras.
En todo Estados Unidos, organizaciones comunitarias formadas por trabajadores inmigrantes recaban fondos aportados por sus miembros para hacer transferencias masivas a sus países de origen, con el propósito de financiar la reparación de escuelas, la producción de electricidad y sistemas de irrigación, entre otros proyectos.
Eso ha alentado mecanismos de cooperación con los gobiernos. Un ejemplo es el programa Tres por Uno, por el cual el gobierno de México y las autoridades locales aportan para un proyecto dado igual monto al enviado por grupos comunitarios desde el extranjero.
