Las nuevas denuncias de tortura en Iraq reaniman en Estados Unidos la propuesta de crear una comisión investigadora y mecanismos que aseguren el respeto a los detenidos en la «guerra contra el terrorismo» del gobierno de George W. Bush.
Las acusaciones constan en un nuevo informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), según el cual soldados estadounidenses sometieron a detenidos a severas golpizas y otras torturas en una base en el centro de Iraq, en 2003 y 2004.
Con frecuencia, esos soldados actuaban bajo órdenes de sus superiores, según testimonios directos recabados por HRW.
"El gobierno ordenó que los soldados extrajeran información a los detenidos sin decirles qué estaba permitido y qué estaba prohibido", dijo el director de la oficina de HRW en Washington, Tom Malinowski.
"Cuando los abusos inevitablemente ocurrieron, los líderes acusaron a los soldados en el terreno en lugar de asumir responsabilidades", advirtió
Según el pastor protestante Tim Simpson, de la Alianza Cristiana para el Progreso —que promueve la tolerancia y la diversidad—, "lo más desalentador" de las últimas acusaciones "es que demuestra la chamuscada conciencia moral de nuestro gobierno y de sus simpatizantes".
"El gobierno reaccionó a las revelaciones apenas con un bostezo", dijo Simpson a IPS. "Más que tratar de detener las atrocidades de inmediato, el presidente trata de asegurarse de dejar abierta la posibilidad de repetir esos actos en futuras generaciones, al prometer que vetará las leyes que intenten prevenirlos".
"Y de los 'campeones de la virtud' de la derecha cristiana no escuchamos más que silencio, pues continúan apoyando la política de tortura de la administración", se lamentó.
Las nuevas acusaciones fueron conocidas cuando el Senado se dispone a discutir dos normas, en el marco del debate por la ley de presupuesto del Departamento (ministerio) de Defensa.
Una de ellas ordena a todos los funcionarios estadounidenses el cumplimiento de las leyes en materia de interrogatorios, y la otra propone crear una comisión investigadora independiente que analice esos casos y emita recomendaciones para el futuro.
Una senadora del ala conservadora del gobernante Partido Republicano que se desempeñó en el pasado como jueza militar, Lindsay Graham, anunció que apoya la primera de las propuestas, impulsada por el senador John McCain, un republicano que fue prisionero de guerra en Vietnam.
Doce altos oficiales militares enviaron una carta al presidente Bush y al senador McCain en la que califican la tortura y los tratos crueles de "métodos ineficaces, pues inducen a los prisioneros a decir lo que sus interrogadores quieren oír aunque no sea cierto, y, además, ocasionan descrédito a Estados Unidos".
"Ahora resulta evidente que el abuso a los prisioneros en (la carcel bagdadí de) Abu Ghraib, (la base naval estadounidense en el enclave cubano de) Guantánamo y en todas partes ocurrieron, en parte, porque nuestros hombres y mujeres de uniforme recibieron instrucciones ambiguas que, en algunos casos, autorizaban tratamientos que iban más allá de lo permitido por el Manual de Campo del Ejército", agregaron los militares.
"Funcionarios del gobierno confundieron aun más las cosas al declarar que el personal estadounidense no está obligado por viejas prohibiciones al tratamiento cruel cuando interrogaron a no estadounidenses en tierra extranjera", sostuvieron.
"Como consecuencia, de repente tuvimos una serie de normas para interrogar a prisioneros de guerra y otra para 'combatientes enemigos', una serie de normas para Guantánamo y otra para Iraq, una para nuestros militares y otra para la Agencia Central de Inteligencia (CIA)", sostuvieron.
La propuesta de McCain obligaría a todas las ramas de las fuerzas armadas estadounidenses a utilizar como única norma válida el Manual de Campo sobre Interrogatorios de Inteligencia, que prohíbe a cualquier agencia del gobierno el uso de torturas y tratamientos crueles, inhumanos y degradantes.
Tanto la propuesta de McCain como la del senador del opositor Partido Democrata Carl Levin para investigar los casos denunciados chocan con la fuerte oposición de la Casa Blanca.
El gobierno argumenta que las investigaciones internas de las fuerzas armadas ya derivaron en varias acusaciones contra soldados.
El presidente Bush amenazó con vetar cualquier norma que incluya la propuesta de McCain. Por lo tanto, el debate del proyecto que contiene el próximo presupuesto del Pentágono está bloqueado.
El modelo utilizado para la comisión propuesta por Levin es la que investigó las fallas de las autoridades que impidieron prevenir y reducir la dimensión de los atentados que el 11 de septiembre de 2001 acabaron con 3.000 vidas en Nueva York y en Washington.
De ser creada, la comisión analizaría las causas del abuso contra detenidos, determinará responsabilidades y elevará recomendaciones de cambios de política y legislativos.
"Proponemos una comisión independiente sobre tratamiento a detenidos porque el Departamento de Defensa ha demostrado su incapacidad para investigar por sí mismo", dijo Levin. "El escándalo más serio en la historia militar reciente requiere una investigación objetiva."
La opinión del legislador es compartida por Jumana Musa, de la filial estadounidense de Amnistía Internacional. "El tiempo para una investigación independiente y completa se está prolongando demasiado", dijo Musa a IPS.
"Al insistir en que se trata de casos aislados que no reflejan las políticas diseñadas e implementadas en los altos niveles del gobierno, la administración se muestra incapaz o sin voluntad de advertir la profundidad y dimensiones de la tortura y el maltrato a los detenidos", afirmó la experta.
"Que insuma 17 meses y un viaje al Congreso legislativo para empujar a los comandantes a que investiguen graves abusos realizados rutinariamente y públicos durante meses muestran otra vez más la necesidad de una investigación independiente, libre de influencias del comando", dijo a IPS Kenneth Hurwitz, del Programa de Derecho, Seguridad y Justicia Internacional de la organización Human Rights First.
