La más nueva víctima del escándalo de corrupción en Brasil, que desde mayo crece como una epidemia, es el presidente de la Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti, cuya destitución quedó casi sellada este jueves.
El empresario Sebastiao Augusto Buani confirmó, en rueda de prensa en Brasilia, que fue obligado a pagar sobornos a Cavalcanti en 2002 y 2003, cuando el diputado era primer secretario de la Mesa Directiva de la Cámara..
El pago de 40.000 reales (poco más de 17.000 dólares, según el cambio actual) en abril de 2002, y de 10.000 reales (4.300 dólares) mensuales desde febrero hasta agosto o septiembre de 2003, le fue exigido a Buani para prorrogar la concesión de varios restaurantes que operaba en la casa legislativa, dijo el empresario.
La denuncia había sido difundida el fin de semana por tres revistas, pero luego el empresario pareció desmentir la información en declaraciones confusas hechas el lunes a la prensa.
El testimonio del ex gerente de uno de los restaurantes, Izailton Carvalo de Souza, prestado a la Policía Federal el martes, y una copia de un documento firmado por Cavalcanti como primer secretario el 4 de abril de 2002, certificando la prórroga de la concesión, dieron credibilidad a las denuncias periodísticas.
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La entrevista colectiva concedida este jueves por el mismo empresario, muy convincente, vuelve irreversible la decisión de varios partidos opositores de pedir un proceso para la inhabilitación del diputado conservador, nombrado presidente de la Cámara en febrero de este año.
La situación de Cavalcanti se hizo "insostenible", coincidieron parlamentarios oficialistas y opositores. Su renuncia es "el único camino", porque ya no está en condiciones de presidir las sesiones legislativas, afirmó, entre otros, el líder del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en la cámara baja, Henrique Fontana.
Cavalcanti, diputado del conservador Partido Progresista (PP), se encuentra en Nueva York, participando en la segunda Conferencia de Presidentes de Parlamentos promovida por la Organización de las Naciones Unidas. Su regreso está previsto para este fin de semana.
Es necesaria "una limpieza" en el Congreso Nacional, reaccionó el senador Cristovam Buarque, ex ministro de Educación del actual gobierno, que formalizará su salida del PT la semana próxima. Los escándalos golpean la credibilidad del Poder Legislativo, porque la población no distingue a los parlamentarios corruptos de los demás, argumentó.
Un caso de corrupción, divulgado en mayo por medios de comunicación que expusieron a un funcionario de la empresa estatal de correos recibiendo un soborno de 3.000 reales (1.300 dólares), se multiplicó en varios escándalos vinculados o no en los últimos meses, y que hicieron caer a más de 50 altos funcionarios del gobierno, dirigentes de políticos partidos y directivos de entidades estatales.
Dos ministros muy allegados al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el jefe de la Casa Civil, José Dirceu de Oliveira, y el secretario de Comunicación, Luiz Gushiken, renunciaron. Otros ministros dejaron sus cargos para asumir la dirección del izquierdista PT, sustituyendo al presidente y a tres secretarios involucrados en el escándalo.
En la cámara baja hay ya 18 diputados sometidos al Consejo de Ética y sobre los que pende la inhabilitación por indicios o pruebas documentales de que recibieron dinero de una red de sobornos implantada desde 2003 por dirigentes del PT, con ayuda del empresario publicista Marcos Valerio de Souza.
Tres comisiones parlamentarias de investigación (CPI) están en acción, intentando investigar las numerosas denuncias que provocaron estas turbulencias políticas.
La ola de denuncias arrancó a inicios de junio, cuando el diputado Roberto Jefferson, presidente licenciado del Partido Laborista Brasileño (PTB son sus siglas en portugués), acusó a la dirección ejecutiva del PT de pagar "mesadas", el llamado "mensalao", a diputados de partidos conservadores aliados para asegurar su apoyo al gobierno.
El propio Jefferson está involucrado en los sobornos del correo.
El escándalo que expulsará a Cavalcanti de la presidencia de la cámara baja nada tiene que ver con el "mensalao", pero hay sospechas de que él también formó parte de esa red de sobornos. El presidente de su partido, Pedro Correa, está acusado de distribuir los pagos mensuales entre sus correligionarios.
Otro caso, que se prolonga desde los años 90, parece encaminarse a su desenlace, pues la policía pidió a la justicia autorización para detener al ex alcalde de Sao Paulo, el derechista Paulo Maluf, acusado de desviar al exterior decenas de millones de dólares procedentes de las prácticas corruptas durante su gestión municipal.
Maluf fue alcalde bajo el régimen militar, entre 1969 y 1972, y desde 1993 a 1996.
El testimonio de un operador de cambio confirmando las remesas ilegales de divisas efectuadas para el ex alcalde y sus familiares puede ser la prueba definitiva para concluir un proceso que ya dispone de documentos bancarios que comprobaron la existencia de abultadas sumas en cuentas de la familia Maluf en el exterior.
La proliferación de escándalos, que puso en caída libre la popularidad del gobierno de Lula y amenaza con destruir al izquierdista PT y a varios partidos conservadores que adhirieron al oficialismo, provoca decepción y perplejidad en la población y agrava el descrédito en los políticos.
El reflejo se sintió el miércoles en las celebraciones del Día de la Independencia Nacional, con una reducida participación popular, especialmente en Brasilia.
Paralelamente, hubo actos de protesta contra la corrupción, que reunieron entre centenares y algunos miles de personas en muchas ciudades, mientras grupos menores manifestaban su apoyo al gobierno y a Lula.
