Una segunda serie de vídeos y fotografías sobre abusos de militares estadounidenses en la cárcel Abu Ghraib, en Iraq, es objeto de otro inminente choque entre activistas de derechos humanos y el gobierno de George W. Bush.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Richard Myers, sostuvo ante un tribunal de Nueva York que la divulgación de ese material podría desatar disturbios, violencia y ataques insurgentes en el mundo árabe.
El pronóstico de Myers respondía a una demanda por el acceso a 87 vídeos y cuatro fotografías, formulada por la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) e instituciones de médicos y veteranos de guerra.
Esas imágenes documentarían otros maltratos sufridos por detenidos en la hoy infame prisión iraquí, que fue administrada por las fuerzas estadounidenses que ocuparon Iraq desde 2003.
El jefe del Comando Central de Estados Unidos, John P. Abizaid, y el de las fuerzas de este país en Iraq, general George W. Casey Jr., piensan lo mismo que Myers, según informó el propio militar por escrito al tribunal.
La difusión de las fotografías incitaría a la opinión pública del mundo musulmán y pondría en peligro la vida de soldados y oficiales estadounidenses, según el testimonio del comandante ante la justicia.
La situación en el terreno en Iraq es dinámica y peligrosa, con unos 70 ataques insurgentes diarios, agregó Myers.
Por otra parte, el militar aseguró que crece en Afganistán la popularidad de Talibán, movimiento fundamentalista islámico que gobernó ese país entre 1996 y 2001, hasta que una coalición internacional encabezada por Estados Unidos invadió ese país tras los atentados del 11 de septiembre de aquel año.
Myers recordó la violencia desatada en algunos países islámicos en mayo, cuando la revista Newsweek publicó un informe, del que luego se retractó, según el cual carceleros en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, arrojaban ediciones del Corán al inodoro para amedrentar a musulmanes capturados en Afganistán, Iraq y otros países musulmanes.
Lo mismo podría suceder con la eventual difusión de las imágenes ahora reclamadas por la ACLU y el CCR, según el comandante.
Es probable que Al Qaeda y otros grupos usen esas imágenes y vídeos para su propaganda, lo que derivará en ataques violentos, más reclutamiento de terroristas, mantenimiento del apoyo financiero y exacerbación de tensiones entre los pueblos iraquí y afgano y las fuerzas estadounidenses, afirmó.
Las 87 fotografías y cuatro cintas de vídeo tomadas en Abu Ghraib habían sido entregadas el año pasado a investigadores del ejército por el especialista Joseph M. Darby, un reservista que debió trabajar en la prisión.
En documentos legales desclasificados la semana pasada, la ACLU y las otras organizaciones urgieron al tribunal a ordenar la entrega de las imágenes, y también pidieron el rechazo de los argumentos del gobierno.
Hasta que se publicaron las primeras fotografías que documentaban el abuso de detenidos en Abu Ghraib en abril de 2004, recordaron los demandantes, el gobierno había negado cualquier error en sus filas, a pesar de las versiones en contrario.
Desde entonces, la ACLU obtuvo, a través de órdenes judiciales, más de 60.000 páginas de documentos gubernamentales sobre tortura y abuso de detenidos.
En una audiencia del tribunal el lunes, el juez de distrito Alvin K. Hellerstein recordó que solía fallar en favor de la entrega al público de la información solicitada en este tipo de demandas, y ordenó al gobierno revelar algunos pasajes de su alegato contra la difusión de las fotografías y vídeos.
Hellerstein observó que esas imágenes son la mejor evidencia que el público puede tener de lo que ocurrió en la prisión de Abu Ghraib.
Los alegatos de la demanda y del gobierno serán formulados ante el tribunal el día 30, anunció el magistrado, quien se pronunció por una decisión rápida para que no quede en entredicho el derecho del público a la información.
La ACLU también reclamó la creación de un consejo independiente, con la facultad de convocar testigos, que tenga la misión de investigar el escándalo de tortura y el papel de altos funcionarios políticos.
En ese sentido, entabló una demanda por separado para determinar la responsabilidad del secretario (ministro) de Defensa, Donald Rumsfeld, y altos oficiales militares.
El problema no son las fotos, sino la política del abuso, dijo a IPS el director de Programas Internacionales de la organización Human Rights Watch (HRW), Reed Brody.
La publicación de las primeras fotografías el año pasado nos reveló que altos funcionarios estadounidenses habían dejado de lado, en secreto, las Convenciones de Ginebra, redefinido el término 'tortura' y aprobado métodos coercitivos ilegales de interrogatorio, indicó.
Las Convenciones de Ginebra son la base legal del derecho internacional humanitario, referido a la defensa de los civiles afectados por conflictos armados y a la protección de los prisioneros de guerra.
La difusión de nuevas fotografías sobre delitos perpetrados contra detenidos daría nuevo impulso a la exposición y acusación de quienes, en última instancia, son responsables, y esperamos que ayudarán a impedir la reiteración de estas prácticas, concluyó.
El presidente del CCR, Michael Ratner, dijo a IPS que la respuesta del gobierno a la difusión de las fotografías es matar al mensajero, más que investigar y acusar a los verdaderos culpables: el secretario de Defensa Rumsfeld, el fiscal general Alberto Gonzales y los generales Miller y Sánchez, entre otros.
Las fotografías indignarán a los que defiendan el tratamiento humano de los detenidos, y en particular a los musulmanes, pero reflejarán la realidad sobre el tipo de tratamiento al que se sometió a los presos, sostuvo Ratner.
El gobierno de Bush objetó, al principio, la difusión de las imágenes, sobre el entendido de que violaría el derecho de los detenidos a la privacidad, consagrado en las Convenciones de Ginebra.
Sin embargo, el gobierno de Bush ha manifestado en reiteradas ocasiones que los detenidos no podían ampararse en las Convenciones de Ginebra en procedimientos legales para quejarse por el maltrato al que eventualmente los sometería el personal militar estadounidense.
En una declaración ante la corte, el coronel del ejército retirado Michael E. Pheneger, experto en inteligencia, consideró engañoso el argumento según el cual las imágenes desatarían ataques contra militares estadounidenses en el extranjero.
Nuestros enemigos procuran impedir que Estados Unidos logre sus objetivos en Medio Oriente. No necesitan provocaciones específicas para justificar sus acciones. Los ataques continuarán, sean o no publicadas las fotografías y vídeos, sostuvo el coronel Pheneger.
La demanda por la entrega de esas imágenes fue entablada al amparo de la Ley sobre Libertad de Información por la ACLU, el CCR, Médicos por los Derechos Humanos, Veteranos por el Sentido Común y Veteranos por la Paz.
