Los principales abogados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se quejaron, ya en marzo de 2003, por entender que el gobierno sugirió abusos en interrogatorios a detenidos en la guerra contra el terrorismo.
Los fiscales generales de las Fuerzas Armadas cuestionaron las técnicas previstas por el Departamento (ministerio) de Justicia en un informe sobre aspectos legales, políticos y operativos de interrogatorios de detenidos (…) en la Guerra contra el Terrorismo.
A estos fiscales generales —abogados militares que ocupan el cargo de Judge Advocate General (JAG) del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea— les preocupaba hace dos años que esas prácticas contravinieran doctrinas militares de larga data que prohíben la tortura.
Pero también les alarmaba la posibilidad de que la aplicación de tales técnicas originaran un escándalo público si salía a la luz pública..
Los desacuerdos al respecto dentro del Departamento (ministerio) de Defensa se conocieron en las últimas semanas, en audiencias del Senado en que participaron los JAG.
Los abogados subordinados a los JAG participan en juicios castrenses ya sea como fiscales, defensores o jueces, realizan instrucciones, asisten legalmente a los uniformados y representan a las diversas armas ante los tribunales, entre otras tareas.
Las discusiones a las que se refirieron las audiencias del Senado ocurrieron en marzo y abril de 2003, poco antes de la invasión a Iraq iniciada en mayo de ese año y un año y medio después de la invasión a Afganistán, lanzada en octubre de 2001.
Expresamos nuestra oposición a las sugerencias del Departamento de Justicia, dijo a los senadores el JAG del Ejército, general Thomas J. Romig. Eran aceptadas en algunos casos, quizás no en todos. Modificaban la lista de políticas y procedimientos.
Lindsay O. Graham, el legislador del gobernante Partido Republicano que presidió el subcomité de Servicios Armados del Senado, cuestionó la falta de seriedad con que el gobierno tomó las objeciones militares.
Para el senador Graham, él mismo abogado militar de la Reserva, es posible que el memorándum del Departamento de Justicia fuera el origen de los escándalos por abusos contra prisioneros de las Fuerzas Armadas estadounidenses en todo el mundo.
Si los hubieran escuchado a ustedes (los JAG) desde el comienzo, no hubiéramos tenido la cantidad de problemas que debimos afrontar en los últimos dos años, sostuvo el legislador.
Graham y otros dos senadores republicanos, John McCain y John Warner, propusieron establecer por ley la vigencia del Código Uniforme de Justicia Militar respecto de los interrogatorios a prisioneros. Según ese código, las Convenciones de Ginebra se aplican a todos los detenidos.
Las Convenciones de Ginebra son la base del derecho internacional humanitario, que protege a los prisioneros de guerra y a la población civil en zonas de conflicto armado.
El general Romig dijo ante los senadores que advirtió al Departamento (ministerio) de Defensa que el análisis del Departamento de Justicia causaría daños a intereses militares estadounidenses en todo el mundo, pues aumentaría el riesgo de nuestro personal en servicio.
Las recomendaciones, además, viciarían las salvaguardas establecidas para prisioneros de guerra/detenidos, por las que Estados Unidos trabajó duramente en las últimas cinco décadas, sostuvo el militar.
El JAG de la Infantería de Marina (marines), brigadier Kevin Dandkuhler, aseguró haber advertido que las técnicas sugeridas por el Departamento de Justicia tendrían un impacto adverso en el apoyo y el respeto por las fuerzas armadas, así como en el orgullo, la disciplina y el amor propio dentro de las mismas fuerzas armadas.
Dandkuhler advirtió que tal política también perjudicaría la recolección de datos de inteligencia, los esfuerzos por alentar a los enemigos a entregarse y las gestiones en procura de apoyo en otros países.
El contraalmirante Michael Lohr, JAG de la Armada, dijo haber advertido por escrito al Departamento de Defensa que al menos una de las técnicas de interrogatorio sugeridas por el Departamento de Justicia constituye tortura según el derecho nacional e internacional.
Si se aplican tales técnicas, ¿considerará el pueblo estadounidense que perdimos de vista el bosque por ver los árboles, al aprobar prácticas que, si bien técnicamente legales, son inconsistentes con nuestros valores más fundamentales?, se preguntó Lohr.
Ante una pregunta del senador demócrata Carl M. Levin, el comandante del JAG de la Fuerza Aérea, general Jack Rives, afirmó que las tácticas de interrogatorio presentadas por el Departamento de Justicia transgredían las Convenciones de Ginebra.
Levin también preguntó si les gustaría que los prisioneros de guerra estadounidenses recibieran un trato así. No, senador, no nos gustaría, contestó Rives, para quien varias de las técnicas de interrogatorio más extremas constituyen violaciones al derecho penal nacional y al Código Unificado de Justicia Militar.
Según los senadores participantes en las audiencias con los JAG, la preocupación de los abogados militares fue desacreditada por los asesores civiles en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa.
El punto de vista de los abogados de uniforme fue confrontado con el de funcionarios de inteligencia y otros del área política, lo que derivó en la confección de un documento en colaboración, dijo el portavoz del Pentágono, Lawrence T. DiRita.
En las Fuerzas Armadas hubo un intenso debate interno a partir de 2003 por la formulación de políticas sobre trato e interrogatorio a detenidos en bases militares estadounidenses ubicadas en Iraq, Afganistán y en la cubana bahía de Guantánamo.
Pero ya en 2002, el Departamento de Estado (cancillería) advirtió que el gobierno ignoraba las Convenciones de Ginebra al determinar el tratamiento que se les depararía a los miembros de la red terrorista Al Qaeda y el movimiento extremista islámico afgano Talibán que cayeran prisioneros.
Según el gobierno, esos detenidos son combatientes enemigos y no prisioneros de guerra, por lo que las condiciones de confinamiento no debían regirse por las Convenciones de Ginebra. Esa política se mantiene aún hoy, a pesar de los cuestionamientos.
La Casa Blanca ha asegurado que esos detenidos son tratados humanamente.
Pero, según una investigación militar, en la base naval en Guantánamo se aplicaron técnicas de interrogatorio como la desnudez forzada y el uso de perros adiestrados, autorizadas por los manuales del Departamento de Defensa y, por lo tanto, no consideradas abusivas.
Tácticas idénticas fueron constatadas en la prisión de Abu Ghraib, cerca de Bagdad, luego del traslado a Iraq del comandante de Guantánamo, general Geoffrey Miller. El ejército había recomendado sancionar a Miller por los abusos en Guantánamo, pero el Pentágono no lo hizo.
