No fue concluyente la confrontación entre el ex ministro de la Casa Civil de la Presidencia de Brasil, José Dirceu, y su acusador, el diputado Roberto Jefferson, en la sesión del Consejo de Ética de la cámara baja celebrada este martes en Brasilia, en el marco de las pesquisas sobre corrupción.
El duelo era considerado "de vida o muerte" para Dirceu, quien renunció a su influyente cargo de ministro el 22 de junio y reanudó su mandato como diputado a raíz de las acusaciones lanzadas por Jefferson de que comandaba "la mayor red de corrupción" instalada en el país.
Jefferson está personalmente implicado en varios casos de corrupción. Pero sus denuncias a inicios de junio desataron la peor crisis política del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El gobernante e izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), bajo coordinación de Dirceu, habría sobornado a diputados de otros partidos para asegurar su adhesión al oficialismo, según el diputado.
Las averiguaciones de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), de la Policía Federal y del Ministerio Público (fiscalía) comprobaron que el director de finanzas del PT, Delubio Soares, manejó por lo menos unos 50 millones de reales (21 millones de dólares) a través de un empresario de publicidad que entregó sumas variadas a dirigentes de partidos oficialistas.
Los máximos dirigentes del PT, que renunciaron a sus cargos, y el empresario Marcos Valerio de Souza dijeron que las abultadas sumas fueron obtenidas por préstamos en dos bancos y se destinaron a pagar "deudas de la campaña electoral de 2002 —cuando se eligieron gobernantes y legisladores nacionales y estaduales— y gastos de la campaña para los comicios municipales de 2004.
[related_articles]
Las sumas eran retiradas en efectivo de los bancos porque se trataba de ingresos y gastos "no contabilizados" en las cuentas electorales. La explicación, poco creíble porque los pagos eran regulares y algunos beneficiarios no eran candidatos, busca la configuración de un delito electoral que evite las penas más graves de la corrupción.
Dirceu negó haber conocido esas operaciones, destacando que no respondía por los actos de la dirección ejecutiva del PT, ya que fue ministro en 2003 y 2004, período en que ocurrieron esas transacciones financieras. Varias veces reiteró que no había indicios objetivos ni pruebas de corrupción o ilegalidades contra él.
Quien fue el brazo derecho de Lula desmintió también cualquier responsabilidad en el nombramiento de directivos de entidades estatales en las cuales se descubrieron indicios de desviación de fondos, como la empresa de correos, el Instituto de Reaseguros de Brasil y Furnas, una compañía generadora de electricidad.
Pero Dirceu y Jefferson se enfrentaron en papeles invertidos. En realidad, el ex ministro debió hablar como testigo de cargo contra Jefferson, acusado ante el Consejo de Ética en un proceso por violar el decoro parlamentario que podría llevarlo a perder sus derechos políticos por ocho años.
Jefferson está involucrado en denuncias de corrupción en varias empresas y órganos estatales y confesó haber recibido cuatro millones de reales (1,7 millones de dólares) del PT como donación ilegal para la campaña electoral.
En cambio, Dirceu debió defenderse durante varias horas y sufrió una nueva acusación. Según Jefferson, el ex ministro organizó en enero de este año una misión para captar dinero junto a la empresa Portugal Telecom para cubrir las deudas de las campañas del PT y del propio Partido Laborista Brasileño (PTB por sus siglas en portugués), uno de lo aliados al gobierno y presidido por Jefferson.
Es "otra de sus mentiras", afirmó Dirceu, que intentó salir de la posición defensiva recordando los cargos contra Jefferson.
La compañía Portugal Telecom emitió una nota negando cualquier gestión de donaciones a partidos brasileños.
La confrontación entre los dos diputados, que podría dar nuevo rumbo al escándalo, no aclaró dudas de las investigaciones parlamentarias y policiales, como el papel que jugaron Dirceu y Lula en los hechos bajo examen. Las respuestas del ex ministro a las preguntas de otros diputados tampoco aportaron datos nuevos.
Las negativas de Dirceu son poco convincentes, porque como ex presidente del PT (entre 1995 y 2002) ejercía gran influencia en la dirección ejecutiva de su partido, y como jefe de la Casa Civil de la Presidencia, se le atribuía un poder comparable al de un primer ministro.
Además, algunos indicios lo vinculan con el escándalo. Uno de sus colaboradores más estrechos aparece recibiendo 50.000 reales (21.000 dólares) de las cuentas sospechosas, y su ex esposa obtuvo empleo y un préstamo bancario por gestión del empresario que manejó el dinero del PT.
"No renunciaré", aseguró Dirceu, ante rumores de que seguiría el ejemplo del presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, quien anunció el lunes la renuncia a su banca de diputado para evitar una inhabilitación que suspendería sus derechos políticos por ocho años.
El temor de muchos dirigentes políticos, especialmente opositores, es que varios de los legisladores acusados renuncien y quiten validez al proceso en el Consejo de Ética y en las tres comisiones parlamentarias de investigación que trabajan sobre varios casos de supuesta corrupción.
Sin embargo, la renuncia no evitará la inhabilitación de los ya acusados en los procesos ante el Consejo de Ética, como Jefferson.
Una iniciativa del PTB para extender el proceso a Dirceu y a Sandro Mabel, también del Partido Liberal, eleva a tres la cantidad de legisladores que ya no pueden recurrir a la renuncia para eludir la proscripción política. (FIN/2005)
