Un tribunal del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) rechazó una demanda por 970 millones de dólares presentada por una empresa canadiense contra Estados Unidos por la prohibición del MTBE como aditivo de la gasolina en el estado de California.
El caso era considerado una prueba para las cláusulas de protección de las inversiones extranjeras del TLCAN, constituido por Estados Unidos, Canadá y México, que podrían limitar la capacidad de cada país miembro de determinar sus propias políticas sanitarias y ambientales.
Methanex Corp, con sede en Vancouver, presentó su solicitud de arbitraje en 1999, arguyendo que la prohibición del MTBE en California violaba la protección a las inversiones consagrada en el TLCAN y que la perjudicaba al reducir la demanda de metanol, el único producto de la empresa y el principal ingrediente del aditivo en cuestión.
El MTBE (siglas en inglés de éter metil terbutílico) se agrega a la gasolina para promover una combustión completa y reducir el nivel de emisiones de monóxido de carbono de los vehículos.
Como es altamente soluble en agua, resulta difícil de recuperar o controlar una vez que ha entrado en contacto con la misma. Se ha encontrado que el producto puede filtrarse desde los tanques subterráneos donde es almacenado a fuentes de agua de consumo humano.
Si bien no se ha comprobado que el agua contaminada con MTBE ocasione daños a la salud, la estadounidense Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos lo incluyó en su Lista de Contaminantes de Agua Potable, y determinó que podría ser cancerígeno. El agua potable que contiene MTBE, aún a bajos niveles, adquiere un sabor y olor desagradables que la tornan inservible.
Con base en esas conclusiones, en marzo de 1999 el entonces gobernador de California, Gray Davis, ordenó una eliminación gradual del MTBE. Tres meses después, Methanex Corp. presentó la demanda.
La firma canadiense sostiene que se trata de un componente limpio de la gasolina que de hecho ha mejorado la calidad del aire en Estados Unidos y otros países, y que su prohibición responde más a la influencia de los productores estadounidenses de etanol (el subsidiado competidor del metanol) que a preocupaciones ambientales.
Organizaciones ambientalistas temían que las disposiciones del TLCAN amenazaran los derechos estaduales o federal de proteger la salud pública o el ambiente.
Pero el tribunal determinó el miércoles 10 que la prohibición impuesta por California no tenía el propósito de perjudicar a Methanex ni a ningún productor extranjero de metanol. Además, obligó al demandante a hacerse cargo de los costos del proceso, que ascienden a cuatro millones de dólares.
Esta decisión reivindica la prerrogativa de los estados de tomar medidas para proteger la salud pública y el ambiente sin contravenir las
cláusulas de protección a las inversiones de los tratados internacionales sobre comercio e inversión, destacó Adam Ereli, portavoz suplente del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La decisión del tribunal demuestra que los acuerdos comerciales y de inversión firmados por Estados Unidos no afectan el derecho legítimo de los gobiernos de regular en aras del interés público, aclaró Ereli.
Pero el grupo de interés público Public Citizen (Ciudadano Público) afirmó que la decisión del tribunal no alivia la preocupación pública sobre la extraordinaria protección a las inversiones extranjeras consagrada en acuerdos como el TLCAN.
Public Citizen ha hecho campaña contra el polémico Capítulo 7 del TLCAN, que prohíbe la discriminación de inversores extranjeros en base a la nacionalidad.
Quizá hayamos esquivado la bala esta vez, pero en este momento hay otras siete demandas de inversores extranjeros del TLCAN contra Estados Unidos a la espera de decisión en tribunales de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, advirtió Lori Wallach, de Public Citizen.
Esas amenazas… intimidan a los planificadores de políticas de interés público, concluyó.
