Familiares de víctimas de la dictadura chilena salieron al paso de oficiales retirados que exigen cerrar los juicios por violaciones de los derechos humanos, advirtiéndoles que la demora en los procesos se debe a la falta de colaboración de los propios militares.
Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), denunció este miércoles la existencia de una "intentona de poner en la opinión pública la idea de que (los militares procesados) están todos tan mayores y tan viejos que es mejor que los juicios se cierren a la brevedad".
"Este es otro intento de presionar a la justicia y dejar en la impunidad los crímenes contra los derechos humanos", dijo a IPS Paulina Oyarzún, hermana de un estudiante desaparecido en octubre de 1973 tras su detención por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
La polémica por unos 300 procesos pendientes en los tribunales se reactivó esta vez luego de la muerte, en la madrugada del domingo último, del general retirado Carlos Forestier, ex vicecomandante en jefe del Ejército, y suegro del actual jefe del arma, general Juan Emilio Cheyre.
Forestier, fallecido a los 86 años a consecuencia de un cáncer en la garganta, estaba procesado bajo cargos de homicidio calificado de 15 presos políticos y la desaparición de otros 10 tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en el campo de prisioneros de Pisagua, un puerto situado 1.900 kilómetros al norte de Santiago.
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El militar, que era entonces comandante de la Sexta División del Ejército, ocupó la segunda jerarquía del arma detrás del dictador Pinochet entre 1977 y 1980, con el rango de vicecomandante. En 1981 pasó a retiro y fue designado ministro de Defensa.
Forestier fue el oficial de mayor rango muerto en Chile mientras era procesado. El juez Juan Guzmán, quien condujo hasta abril pasado los juicios a Pinochet, encausó al ex vicecomandante en 1999 y en mayo último la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de su abogado que pedía el cierre del caso atendiendo a su enfermedad.
Cheyre declinó interrumpir una gira por América Central y no estuvo presente en el funeral de su suegro, realizado este lunes, al cual asistió Lucía Hiriart, la esposa de Pinochet, quien está en libertad bajo fianza en el juicio que se le sigue como coautora de fraude tributario a través de cuentas bancarias secretas que su marido abrió en el exterior.
"Será la resolución de Dios", dijo Hiriart al comentar la muerte de Forestier y de otros militares fallecido en los últimos años mientras eran procesados por juicios relativos a los 3.000 crímenes contra los derechos humanos cometidos por la dictadura, que incluyen 1.119 desapariciones forzadas, de las cuales se ha aclarado poco más de un centenar.
En el ámbito de las honras fúnebres a Forestier, la agrupación de altos oficiales retirados del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la policía de Carabineros anunció la creación de una coordinara que actuará "masivamente cuando sea necesario", con el fin de "reivindicar el legado del gobierno militar y propiciar el pronto término de los juicios".
"No es lo normal que se sigan muriendo generales en proceso. Estamos todos en edad crítica. Por eso esperamos que todos los procesos se vayan cerrando", dijo el general retirado del Ejército Juan Guillermo Toro, presidente de la organización.
Renán Varas, capitán retirado del Ejército y secretario de la nueva coordinadora, advirtió en clave metafórica que "la marmota durmió mucho tiempo y ahora despertó la fiera, y la vamos a alimentar con el fin de desmistificar (a las fuerzas armadas)".
En Chile existen unos 500 círculos de oficiales y suboficiales en retiro y según los organizadores de esta nueva coordinadora pueden movilizar a unas 800.000 personas.
"Esta supuesta convocatoria masiva es un bluff', como en un juego de póquer. No son más de 1.000 los militares que actuaron como agentes de la represión y se pretende hacer aparecer alineados con ellos a todos los uniformados en retiro", comentó a IPS el analista político Adolfo Rodríguez.
La figura de Forestier fue reivindicada porque, al contrario de Pinochet, reconoció su responsabilidad jerárquica en los crímenes cometidos en Pisagua.
En 2003, a instancias de Cheyre, el ex vicecomandante suscribió asimismo con otros siete generales una carta pública de rechazo a las violaciones de los derechos humanos y a los enterramientos ilegales y lanzamientos al mar de cadáveres de desaparecidos, un gesto no imitado por Pinochet ni sus ex colaboradores más cercanos.
García valoró esos actos de Forestier, pero recalcó que resultaron insuficientes, porque tanto él como otros oficiales que comparecieron ante los tribunales nunca entregaron información sólida sobre la suerte de los presos políticos ni acerca de la forma en que los hicieron desaparecer.
"Una buena fórmula para que los procesos se cierren con prontitud es que los involucrados en violaciones a los derechos humanos entreguen la información que poseen a los jueces que investigan los diversos crímenes cometidos por la dictadura", recalcó la vicepresidenta de la AFDD.
"Son pocos los oficiales que han colaborado con la justicia", subrayó García. "Si no hay cooperación con la justicia, la responsabilidad de que los procesos no se cierren es exclusiva de quienes cometieron los crímenes", añadió.
"Los familiares de las víctimas jamás hemos obstruido a la justicia como lo han hecho las Fuerzas Armadas. No depende de nosotros llegar a la verdad, porque ella está en sus manos (de los militares). Ellos saben lo que hicieron con los desaparecidos", señaló Héctor Marín, presidente de los Familiares de Ejecutados Políticos de Pisagua.
El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, declaró comprender la inquietud de los oficiales retirados por los "procesos eternos", pero puntualizó que ese es un asunto "que corresponde a la justicia y no al Poder Ejecutivo".
El presidente Ricardo Lagos, a su vez, declinó hacer algún pronunciamiento tras la muerte de Forestier y se limitó a anunciar que se comunicaría con Cheyre para darle las condolencias por la muerte de su suegro.
Los promotores de clausurar los procesos, elogiaron, sin embargo a Lagos, por su decisión de indultar al suboficial retirado del Ejército Manuel Contreras Donaire, sentenciado a ocho años de presidio por el asesinato, en febrero de 1982, del sindicalista socialdemócrata Tucapel Jiménez.
El indulto, anunciado el 18 de este mes, consiste en que Contreras Donaire cumplirá los dos años y cuatro meses que le restan de la condena bajo un régimen de libertad vigilada, atendiendo a que sufre de un cáncer terminal.
El gesto de Lagos "fue el de un gobernante con características de estadista que vela por la reconciliación de todo su pueblo, y el pueblo también es el Ejército", dijo el general retirado Jaime Núñez durante el funeral de Forestier.
En la familia de Jiménez, así como en la Central Unitaria de Trabajadores y en sectores de la propia coalición gobernante de centroizquierda, la decisión de Lagos fue duramente criticada, atendiendo la crueldad del degollamiento del sindicalista y el hecho de que Contreras Donaire nunca mostró arrepentimiento ni colaboró con la justicia.
