La liberalización de servicios públicos prevista en tratados de libre comercio ha puesto a la enseñanza superior chilena fuera del control del Estado y a merced de las leyes del mercado global, por lo cual es necesario defender el derecho a la educación mediante medidas cautelares en futuras negociaciones comerciales, según un estudio de especialistas.
El libro "Educación y comercio en tiempos de globalización", de Pablo Frederick, Cristián Candia, Isabel Castillo y Coral Pey, presentado a fines de junio en Santiago, examina la educación superior en Chile y su incorporación progresiva en la agenda comercial, y propone una cláusula de educación a incluir en los tratados comerciales.
Con un diagnóstico común sobre inequidad y comercialización de la educación superior, actores de los ámbitos académicos, estudiantiles y de la sociedad civil coinciden en la necesidad de fortalecer el debate y levantar propuestas cautelares, a fin de garantizar el derecho a la enseñanza.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la educación superior moviliza en el mundo un billón de dólares por año, y reúne a 50 millones de trabajadores con mil millones de estudiantes, pero hay 860 millones de iletrados al margen de ese proceso.
Pey, directora ejecutiva de la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR), dijo a IPS que "desde los años 90 vivimos un progresivo proceso de privatización del otrora derecho a la educación, con una visión de equidad y de cobertura universal, para pasar al mercado de la educación, regulado por un sistema mundial a través de la OMC (Organización Mundial de Comercio)".
El Estado deja de ser "el garante de derechos para la población" y "se plantean nuevas regulaciones que promueven mayores prerrogativas a corporaciones transnacionales y a capitales extranjeros que invierten en diferentes áreas de servicios", señaló.
Y si la educación ya no es un derecho, la equidad tampoco es una prioridad. Según Pey, se "desnaturaliza la función y la visión clásica y tradicional de la educación" como "soporte de movilidad social para los sectores de menores recursos".
En cambio, la enseñanza "se convierte en un producto donde el lucro es lo fundamental", con vistas a "disciplinar a una población que sea apta para vivir en un mundo donde la sociedad de consumo y el acceso a los mercados es lo esencial", afirmó la activista.
Ya no se concibe la educación como "una herramienta crítica al servicio de la comunidad, que garantice la generación de conocimiento", sino que se plantea una estandarización y se valida "sólo un tipo de discurso y conocimiento", explicó.
Así, "las carreras con mayores capacidades de moverse dentro del mercado van a tener más financiamiento y mayor posibilidad de supervivencia, en perjuicio de un pensamiento más humanista, de ciencias sociales, artes y letras", enfatizó Pey.
Para revertir el avance de la inequidad educativa y asegurar la igualdad de oportunidades como derecho universal, la ACJR ha propuesto una cláusula de educación en los tratados comerciales, mediante la cual los Estados se comprometan a "garantizar plenamente el derecho a la educación de su población femenina y masculina en todo nivel: básico, medio y superior", excluyendo el área de la "negociación comercial internacional", apuntó.
Al presentar el libro, Pablo Oyarzún, decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, afirmó que en el país "hay una privatización creciente de la esfera pública, una sustracción de los procesos y resultados del conocimiento y la cultura fuera del dominio público".
Eso "acentúa la determinación y concentración de los productos del saber", al tiempo que se "concibe a la educación como un servicio en lugar de un bien y un derecho fundamental" y se "restringe el acceso a la creación y expresión humana", sostuvo.
"En la medida en que se establecen lineamientos de relevancia política y estratégica para el desarrollo de un país a partir de tratados comerciales, con condicionamientos propios, la educación limita su capacidad de formación de ciudadanos, perdiendo su carácter formador de personas no sólo abocadas a las exigencias de su labor, sino capaces de contribuir a procesos de cambio social", dijo el decano a IPS.
Situada en la lógica del lucro y no del servicio, la educación superior tiende a "reducir paulatina y crecientemente la gravitación de las instituciones públicas, sin perjuicio de las heterogeneidades de calidad entre ellas, para aumentar el peso de las instituciones privadas", afirmó Oyarzún.
El académico advirtió de que una ley de financiamiento de estudios superiores promulgada en Chile en junio y otra de acreditación de universidades, aún en trámite legislativo, hacen temer "cierta priorización y jerarquización de las careras en relación con su vinculación más directa con el sector productivo".
"Hay carreras que podrían correr el riesgo, no de desaparecer del todo, pero sí de quedar relegadas a una significación marginal", alertó.
La educación superior ha crecido en cobertura, alcanzando a 600.000 estudiantes, y se espera que ese número se duplique durante los próximos 10 años, pero está lejos de generar mayor movilidad social en Chile.
Para Oyarzún "es un acceso muy condicionado para los sectores sociales más bajos. Económica y políticamente, el endeudamiento a largo plazo (para financiar estudios) puede dañar las propias eficiencias de las personas al entrar al mercado laboral".
Ligadas a las exigencias de la inserción en el mercado global, las universidades obedecen a la división internacional del trabajo, opinó el académico.
La universidad tradicional, que como institución ha tendido a enclaustrarse y a vivir de sus propias inercias, hoy "no puede cerrarse, sino establecer vinculaciones con los distintos sectores del medio productivo, social, cultural y político del país, para nutrirse de las demandas que surgen desde ellos", añadió.
Felipe Melo, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, piensa que "ya no tenemos una educación pensada como causa sino como consecuencia", y que "dado que el país firma tratados de libre comercio con las grandes potencias del mundo, requerimos una política que resguarde la regulación de la educación superior acorde con esos tratados".
Un sistema de educación superior muy segmentado, "donde cada grupo de interés oriente a sus profesionales a lo que estrictamente le interesa desarrollar, es nefasto si no se acompaña de un sistema público robusto para que la mayoría de los profesionales se orienten hacia las necesidades del país", dijo a IPS.
En la educación superior chilena están 75 por ciento de los jóvenes del sector más rico, pero sólo 10 por ciento de los más pobres, adujo Melo.
En su opinión, el país no sólo necesita "ingenieros, abogados y médicos que se puedan dedicar al sector privado, sino que también requiere profesionales de áreas más sensibles y que necesitan una alta responsabilidad estatal porque son ámbitos no rentables desde el punto de vista privado".
El líder estudiantil enfatizó que la educación "es una inversión y un beneficio social y público, y por lo tanto no debe ser pensada sólo desde la perspectiva individual".
