Las viejas discusiones sobre el significado de la pobreza o de los menesterosos son consideradas bizantinas en los centros de derechos humanos, más preocupados por la suerte de los programas para erradicar el flagelo y por evitar que su incumplimiento quede impune.
Lo que interesa es saber si esos planes se ejecutan o no, y si se roban los recursos destinados a ellos, sintetizó José Bengoa, responsable del Foro Social, un desprendimiento de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que esta semana se ocupó del tema de la pobreza en relación con el crecimiento económico.
De estos enfoques más pragmáticos surgen las ideas que actualmente debaten los expertos humanitarios, con dos premisas básicas: se requieren mecanismos de rendición de cuentas y participación de los sectores afectados.
Bengoa pronostica que el tema del futuro en materia de derechos humanos será el control mutuo entre organismos especializados, Estados e instituciones multilaterales, incluidas las financieras y comerciales.
El objetivo último será impedir que exista impunidad a nivel económico y social, aseveró el académico chileno, uno de los 26 expertos independientes que integran la Subcomisión, organismo asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que este lunes iniciará su sesión anual de tres semanas.
La importancia de exigir rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los planes contra la pobreza fue destacada en el foro con múltiples ejemplos.
Tras el huracán Mitch, que entre fines de octubre y comienzos de noviembre de 1998 barrió América Central, y en particular Honduras y Nicaragua, dejando más de 10.000 personas muertas, la enorme ayuda internacional aportada nunca llegó a la mayoría de los damnificados por el desastre, recordó un participante.
Los expertos coincidieron sobre la necesidad de crear mecanismos de control, pero señalaron que esas herramientas deben contar con participación de los ciudadanos
En lo relacionado con la participación, la clase política no ha evolucionado al ritmo de la sociedad civil, lamentó Haydee Castillo Flores, del Movimiento Autónomo de Mujeres Nicaragüenses.
Hemos 'oenegeizado' la participación (mediante ONG, organizaciones no gubernamentales), y eso implicó un debilitamiento de los movimientos sociales, afirmó.
El fenómeno responde probablemente a que mediante las ONG se consigue mayor acceso a la información, se mantiene relación de interlocutor con Estados y gobiernos, y se obtienen recursos económicos, opinó Castillo.
Sin embargo, las personas empobrecidas no siempre cuentan con las mismas posibilidades para hacerse escuchar, movilizarse y preparar propuestas, reconoció.
La religiosa Valsa Joseph Palathingal, representante en el foro de la organización Franciscanos Internacional, describió su experiencia en el sureño estado indio de Tamil Nadu, que la llevó junto con otras tres monjas a compartir la vida cotidiana de los dalits o parias, la casta inferior en la cultura hindú.
Durante esa experiencia, las cuatro mujeres probaron lo que significa la explotación de los terratenientes, el trato inhumano y la humillación que padecen los dalits.
La conclusión que extrajeron es que el crecimiento económico no basta para erradicar la pobreza extrema y la exclusión que sufren los parias de Tamil Nadu. Lo que se requiere es un enfoque de derechos humanos, con participación de los ciudadanos afectados en la lucha contra la pobreza, dijo Palathingal.
Las teorías que atribuyen al crecimiento económico la solución de todos los males de la pobreza fueron criticadas en el Foro Social y relacionadas con las orientaciones de organizaciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Castillo mencionó que Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina, sólo antecedido por Haití, y que la mayoría de su población sobrevive con apenas un dólar por día.
En ese caso, el crecimiento económico debe ser pensado por la gente y no por el FMI y el Banco Mundial, dijo. El crecimiento económico requiere un Estado lo suficientemente fuerte para garantizar el reparto equitativo y el ejercicio verdadero de los derechos humanos, insistió.
Joseph Rajkumar, de la organización Forum Asia, con sede en Bangkok, destacó casos en que las instituciones financieras quedan liberadas de toda responsabilidad por los efectos desastrosos que ocasionan sus orientaciones.
En los años 90, Malawi, uno de los países más pobres de Africa, inició una reconversión de su agricultura aconsejada por el FMI y el Banco Mundial, consistente en abandonar los cultivos destinados a la alimentación para volcarse a explotar otros de fácil comercialización.
Con ese criterio, proliferaron las plantaciones de tabaco, pero luego la industria correspondiente entró en crisis y los precios cayeron, a causa principalmente de disposiciones internacionales contra el tabaquismo. En los dos últimos años, Malawi afrontó una aguda escasez de alimentos, y no existe un mecanismo internacional para compensar a ese país, enfatizó Rajkumar.
Un funcionario de FMI presente en las discusiones alegó cuando una decisión equivocada del organismo financiero resulta equivocada, la junta de administración asume la responsabilidad de rendir cuentas. Pero otros participantes replicaron que el público no tiene acceso al debate correspondiente.
A su vez, la representante del Banco Mundial, Siobhan McInerney-Lankford, respondió a los críticos que atribuyeron a esa institución el objetivo de promover únicamente el crecimiento económico, sin atención a las variables sociales.
McInerney sostuvo que la opinión del Banco ha evolucionado y recomendó comprobarlo en la edición 2006 del Informe sobre Desarrollo Mundial que la entidad lanzará en septiembre. (
