Solo un hecho imprevisible podría amenazar la permanencia en el cargo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva hasta el final de su mandato, el 1 de enero de 2007, pues incluso la oposición trata de protegerlo del enorme escándalo de corrupción.
Esta semana se intensificó el movimiento de dirigentes políticos de todos los matices a favor de acuerdos para mantener la crisis bajo control, ante la evidencia de que ésta se ha profundizado de tal modo que de ahora en adelante todos pierden, opinó el politólogo Wanderley Guilherme dos Santos.
Al esfuerzo de conciliación se sumó inclusive el presidente del Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, quien advirtió en diálogo informal con varios líderes políticos sobre la temeridad de poner en marcha un proceso para destituir a Lula, cuyo izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) está acusado de formar parte de una importante red de financiación ilegal de campañas electorales y de sobornos a legisladores.
La destitución del presidente mediante juicio político en el parlamento crearía un clima de confrontación, por la gran popularidad que mantiene Lula y por la capacidad de movilización de las fuerzas que lo apoyan, y haría ingobernable al país por muchos años, argumentó el jefe del Poder Judicial.
Jobim habla desde su larga experiencia de ex parlamentario y ex ministro de Justicia. Muchos lo señalan como posible candidato a la Presidencia en los comicios de 2006, pues lo ven capaz de unir a varias fuerzas de centro, a partir del Partido del Movimiento Democrático Brasileño del que fue un miembro importante.
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El derechista y opositor Partido del Frente Liberal (PFL), que amenazaba con pedir el juicio político contra el presidente, moderó sus ataques y mostró su disposición para concertar. No se actuará para interrumpir el gobierno de Lula y agravar la crisis, prometió uno de sus dirigentes, el senador Heráclito Fortes.
La movilización de distintos sectores en busca de un acuerdo que permita superar la crisis se acentuó después de una fuerte caída de las acciones en la Bolsa de Valores de Sao Paulo y de una depreciación de 2,67 por ciento de la moneda nacional (real) frente al dólar, registrada el lunes. Fueron señales de alarma sobre el inminente contagio de la incertidumbre política al mercado financiero.
Las posibles turbulencias económicas, con fuga de capitales y suspensión de inversiones productivas, atemorizan a sectores que hasta ahora consideraban que la economía estaba inmune al escándalo de corrupción que afecta al PT, a varios partidos aliados y adversarios y al Congreso legislativo.
Mientras tanto, las investigaciones sobre diversos actos ilícitos, que se multiplicaron desde fines de mayo en los ámbitos de tres comisiones parlamentarias, la Policía Federal y la Fiscalía, también contribuyeron a contener el ímpetu opositor.
En virtud de las pesquisas, se descubrió que dirigentes del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), en especial su presidente Eduardo Azeredo, también recibieron dinero ilegal por medio del empresario Marcos Valerio de Souza, personaje central de la crisis.
De Souza movilizó centenares de millones de dólares a través de sus empresas de publicidad en negocios clandestinos con partidos, empresas estatales y funcionarios de gobierno desde 1998.
De Souza declaró haber obtenido préstamos bancarios equivalentes a unos 16 millones de dólares para beneficiar al PT, pero las investigaciones indican que desvió sumas mucho mayores, entregadas en efectivo a decenas de parlamentarios y dirigentes políticos.
La sospecha es que tanto dinero se originó en desviaciones de fondos de empresas estatales y de contribuciones no declaradas del sector privado. Las empresas de De Souza servían a la distribución y el lavado de esos recursos ilegales.
Azeredo, el presidente del PSDB, habría obtenido por esa vía al menos el equivalente a 3,7 millones de dólares para su frustrada campaña de reelección a la gobernación del sudoriental estado de Minas Gerais, en 1998. Además, una de sus funcionarias de confianza se convirtió en directora financiera de la SMPB, una de las empresas que centralizaba las operaciones ilegales.
Otro dirigente del PSDB y ex ministro de Comunicaciones, José Pimenta da Veiga, también recibió dinero de la red encabezada por el empresario De Souza.
Ahora queda en evidencia que la red de financiación ilegal de campañas y de probable corrupción de funcionarios de empresas estatales y partidos nació vinculada al PSDB de Minas Gerais y se amplió con la llegada del PT al gobierno nacional.
Además, si la investigación se extiende a los fondos de pensión de empresas estatales y privatizadas, cuyos recursos formarían parte del esquema ilegal, se podría descubrir más irregularidades en desmedro de ambos partidos.
Fue el anterior gobierno del PSDB, presidido por Fernando Henrique Cardoso entre 1995 y 2003, el que privatizó muchas empresas del Estado, movilizando los fondos de pensión dirigidos ahora por numerosos militantes del PT.
El segundo gran partido opositor, el PFL, también tiene por lo menos un diputado beneficiado por esa red. Además, dos de sus legisladores fueron descubiertos este mes transportando grandes cantidades de efectivo en aviones.
El dinero pertenecía a la protestante Iglesia Universal, de la que son obispos, y era producto del diezmo donado por los feligreses, se justificaron los dos diputados. Pero el PFL los expulsó sumariamente.
La extensión de la mancha de aceite ensucia ya a muchos partidos, y por eso estimula iniciativas de concertación para buscar una salida menos traumática.
Un Congreso debilitado por los indicios de corrupción que pueden llevar a la inhabilitación de decenas de parlamentarios tampoco tendría credibilidad y condiciones políticas para juzgar a Lula.
Así, el presidente aparece de momento sólidamente blindado (la palabra de moda en ámbitos políticos), sea por su persistente popularidad, por razones económicas o por la desmoralización del parlamento.
Sólo el surgimiento de algún hecho que lo vincule de forma inequívoca a la corrupción podría ponerlo en la línea de tiro.
