Salidas trágicas, paralizantes o suicidas aparecen en el horizonte del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, imposibilitados de contener revelaciones de corrupción que se agravan día a día desde hace siete semanas.
Los documentos bancarios ahora bajo examen de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), la Fiscalía y la Policía Federal, desnudan una red de venalidad y manejo de dinero ilegal destinado a dirigentes políticos de una magnitud alarmante.
La inhabilitación o renuncia de decenas de parlamentarios parece inevitable a medida que avanza el escándalo, que ya determinó retiros y destituciones de más de 40 personas, entre ministros, legisladores, funcionarios de empresas estatales y dirigentes partidarios.
Cada día es más difícil para Lula mantener condiciones de gobernabilidad, pese al esfuerzo general para protegerlo y a su gran popularidad personal, indicada por las encuestas. Algunas fuerzas de oposición, como el Partido del Frente Liberal (PFL), ya decidieron atacarlo directamente, por presunta omisión o connivencia con los actos ilegales.
Lula es un idiota o corrupto, por ignorar lo que hacían sus colaboradores directos o por ser cómplice de ellos, acusó el líder del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña, senador Arthur Virgilio Ribeiro.
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Cada vez parece menos creíble que el presidente desconociera tantas irregularidades cometidas en su entorno. Su admisión de que el PT hizo lo que otros partidos hacen sistemáticamente (el uso de recursos no declarados en las campañas electorales), lo puso en la línea de fuego.
Las maniobras defensivas de los dirigentes del izquierdista PT han sido desmentidas por los hechos o resultan poco convincentes.
Los operadores de la captación y distribución del dinero no declarado trataron de justificar su existencia por préstamos bancarios que totalizarían 39 millones de reales (16,5 millones de dólares), usados para pagar deudas y nuevos gastos de campañas electorales en 2003 y 2004. Pero la suma es mucho mayor, según los registros bancarios.
Hay decenas de millones de reales retirados de por lo menos tres bancos y distribuidos en efectivo. Los que actuaron son ineptos pre-informáticos que creyeron no dejarían huellas al evitar los cheques y los documentos firmados, ignorando que existen los registros de las computadoras y la electrónica, ironizó el diputado Fernando Gabeira, del Partido Verde.
De momento, se sabe que más de 30 millones de reales (12,7 millones de dólares) fueron retirados por 46 personas de cuentas de las empresas de publicidad DNA y SMPB en el Banco Rural. Las compañías eran usadas como una especie de tesorería informal del PT.
Los cheques no eran nominales, y tenían a las mismas empresas como beneficiarias. Convertidos en efectivo, el banco lo distribuía a personas previamente autorizadas a recibirlo. El ardid no fue suficiente para ocultar las identidades, y los nombres quedaron registrados en la institución bancaria o en los controles electrónicos de los edificios.
Entre los receptores han aparecido algunos dirigentes de partidos del bloque oficialista, confirmando denuncias del diputado Roberto Jefferson, quien destapó la caja de Pandora a inicios de junio, cuando acusó al PT de sobornar a legisladores pagándoles mesadas que aseguraban su apoyo al gobierno.
Además de líderes de los conservadores partidos Liberal (PL), Progresista (PP) y Laborista Brasileño (PTB son sus siglas en inglés, del que Jefferson es presidente), aliados del gobierno, entre los beneficiados están dirigentes estaduales del PT y algunas sorpresas.
Por ejemplo, la esposa del ex presidente de la Cámara de Diputados, Joao Paulo Cunha, recibió 50.000 reales (21.200 dólares).
Este dato selló la suerte del diputado Cunha, un importante dirigente del PT, pues confirmó sospechas de que había favorecido a la empresa SMPB en un contrato con la cámara, usado para fortalecer su pretendida candidatura a gobernador del meridional estado de Sao Paulo.
El jefe del bloque del PT en la cámara baja, Paulo Rocha, fue beneficiario de una suma diez veces superior, y tuvo que renunciar a su cargo el jueves. Otros escándalos asoman a partir de estas investigaciones, amenazando al gobierno. Es el caso de los gastos en publicidad oficial, que alcanzaron máximos históricos el año pasado.
Falta examinar una cantidad mucho mayor de documentos de las tres entidades financieras más usadas por esa red, el propio Banco Rural, el Banco do Brasil y el Banco de Minas Gerais. El escándalo gana dimensiones incontrolables, con pruebas que anulan tergiversaciones.
El ex tesorero del PT, Delubio Soares, y el ex secretario general Silvio Pereira profundizaron las sospechas cuando testimoniaron ante la CPI en los dos últimos días. Miembros de la Comisión los acusaron de haber dicho sólo mentiras.
Soares asumió total responsabilidad por el dinero no contabilizado, asegurando que nadie más conocía su existencia ni participó en la decisión de captarlo y distribuirlo, algo evidentemente increíble.
Soares no explicó el origen de tantos recursos ni cómo se pagarían los supuestos préstamos bancarios, y se negó a mencionar a las personas que recibieron el dinero.
Su intento fue limitar la ilegalidad a un delito electoral: el uso de recursos irregulares en la financiación de las campañas, evitando configurar el crimen más grave de corrupción.
No faltan voces, incluso dentro del PT, que consideran fatal para el partido y el gobierno esta táctica de dilaciones que prolonga la corrosión del oficialismo y de la imagen de Lula.
El senador del PT, Saturnino Braga, pidió a Soares: Extirpa ese tumor, argumentando que solo con una confesión de toda la verdad se salvarían el partido y el gobierno.
Las maniobras dilatorias indican que el dinero movilizado de manera ilegal proviene de empresas estatales y de contratos fraudulentos, lo que caracterizaría los delitos de corrupción y de asociación para delinquir y pondría bajo sospecha al gobierno entero. Así, confesar todo sería un suicidio.
Ante lo que parece una inminente ausencia de gobernabilidad que puede desatar una crisis económica, el senador Jefferson Peres, del opositor Partido Democrático Laborista, propuso un acuerdo entre líderes políticos responsables de las principales colectividades, para evitar un desenlace traumático.
Peres sugirió fijar un plazo para el fin de las investigaciones sobre corrupción, no discutir la reelección de Lula, aprobar una amplia reforma política y acordar medidas económicas para bajar las elevadas tasas de interés, con mayor ajuste fiscal.
Lula sigue siendo muy popular, de modo que un proceso para destituirlo sumado a una crisis económica podrían generar una convulsión social, arguyó el senador.
