Cuatro expertos de derechos humanos de la ONU investigarán todos los aspectos relacionados con la base naval estadounidense de Guantánamo, donde se encuentran detenidas sin causa unas 500 personas, pese a la repugnancia de Washington a que visiten esa prisión militar.
Los especialistas dijeron este jueves que Washington elude desde hace un año una respuesta a su solicitud para visitar Guantánamo, donde el gobierno estadounidense recluye desde inicios de 2002 a quienes define como combatientes enemigos, sin reconocerles estatus de prisioneros de guerra, sin formularles cargos ni permitirles defensa legal.
El pedido de la visita se fundó en informaciones de fuentes confiables sobre torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos a la salud y al debido proceso, dijeron los especialistas de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
A pesar de la falta de colaboración de las autoridades estadounidenses, los investigadores se proponen una investigación de todos los aspectos relacionados con el centro de detención de Guantánamo.
Los expertos apelarán a informaciones y pruebas obtenidas de fuentes creíbles. Los resultados de la investigación serán presentados a la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que debería realizarse en marzo y abril del año venidero.
La declaración crítica fue efectuada por los expertos Leandro Despouy, de Argentina, relator especial sobre la independencia de los jueces y de los abogados, y Paul Hunt, de Nueva Zelanda, relator especial sobre el derecho a la salud.
También suscribieron el documento Manfred Nowak, de Austria, relator especial sobre la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, y la argelina Leila Zerrougui, presidenta y relatora del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.
El reclamo se produce un año y medio después de que los mismos cuatro investigadores dirigieran una solicitud enérgica y urgente al gobierno de George W. Bush para que invitara a los mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos a visitar Guantánamo y otros centros de detención controlados por ese país, en particular en Iraq y en Afganistán, recordó Nowak.
Hasta la fecha no hemos recibido una respuesta definitiva de Washington referida por lo menos a la visita a Guantánamo, pero tampoco una negativa, dijo el relator sobre tortura.
Los mandatos de los cuatro expertos guardan estrecha relación con las principales preocupaciones sobre Guantánamo: las condiciones de detención, la duración de la misma sin instrucción de procesos judiciales y las posibilidades de que estén actuando comisiones militares, describió Nowak.
Despouy sostuvo que esas personas llevan ya más de tres años detenidas. Aceptar eso significa aceptar una regresión del Estado de derecho en el mundo, dijo el jurista argentino.
Nowak dijo haber recibido numerosas denuncias de abogados y de organizaciones no gubernamentales sobre torturas y malos tratos contra detenidos en Guantánamo. Pero la práctica establece que para realizar una investigación objetiva se requiere tener en cuenta tanto las informaciones de fuentes de la sociedad civil como de los gobiernos.
Zerrougui precisó que la preocupación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias se concentra en las personas que han estado detenidas más de tres años y medio.
No se sabe cuál es el marco legal en que se encuentran, ni tampoco si se los puede considerar como detenidos en un proceso administrativo o en uno judicial. Otro motivo de inquietud es la existencia de interrogatorios y la posibilidad de que no existan notificaciones de cargos contra las personas encarceladas, dijo la experta argelina.
Hunt relató la urgencia de efectuar las visitas a causa de informes persistentes y atendibles de violaciones del derecho a la salud de los detenidos, capturados por Estados Unidos en Afganistán, Iraq y otros países, en el marco de su guerra contra el terror.
Los informes dan cuenta de un preocupante deterioro de la salud mental de numerosos detenidos. Se ha denunciado que las tentativas de suicidio entre los encarcelados se cuentan por docenas. Otras fuentes sostienen que personal médico ha participado del diseño de las estrategias de interrogatorios, que emplean métodos como la privación de sueño y otras formas coercitivas, dijo Hunt.
La mejor manera que tengo de verificar la veracidad de esas y otras denuncias referidas a la salud de los detenidos es mediante una visita, para conversar en privado con esas personas y para discutir con los médicos y otro personal de los establecimientos de detención, dijo el investigador neocelandés.
Hunt se declaró defraudado, pues tras una espera de casi 18 meses y de varias solicitudes, las autoridades estadounidenses no están en condiciones de garantizar el permiso de visitar Guantánamo.
A fines de mayo, al presentar el informe anual de la organización Amnistía Internacional, su secretaria general Irene Khan se refirió a la red de centros de detención establecidos por Washington en territorios extranjeros como al gulag de nuestros tiempos, en alusión al sistema carcelario y de labores forzadas que existió en la disuelta Unión Soviética.
Parece que Amnistía basara sus opiniones sobre la palabra y acusaciones de personas que fueron mantenidas en detención, personas que odian a Estados Unidos, replicó Bush poco después.
Ante quienes argumentan que los detenidos son malas personas, sean buenas o malas, el imperio de la ley también les alcanza pues son seres humanos, dijo Hunt este jueves.
Eso es lo que distingue a un sistema basado sobre el Estado de derecho de uno fundado en el ejercicio arbitrario del poder, observó.
El imperio de la ley no puede ser aplicado selectivamente. Un Estado no puede respetar la ley en un lugar, pero no en otro, ni tampoco garantizar el derecho a un grupo de personas y negarlo a otro, insistió.
Despouy dijo que desde el comienzo de su mandato, hace ya tres años, se ocupa del problema de las personas detenidas no reconocidas, una cuestión grave y preocupante en el plano internacional, explicó.
El mandato del experto argentino se refiere al derecho de toda persona a ser juzgada por un tribunal ordinario o por un juez imparcial, natural y ordinario, mencionó.
Las personas en detención no reconocida, normalmente bajo condición militar, se encuentran sin aplicación del derecho a la defensa, sin las comunicaciones de los cargos que se les formulan y con una serie de privaciones al derecho elemental a un proceso justo, describió Despouy.
