No le temo a nadie, no le debo nada a nadie, fueron las palabras del empresario Alejandro Domínguez cuando asumió la dirección de la policía de la norteña ciudad mexicana de Nuevo Laredo. Seis horas más tarde cayó abatido por ráfagas de rifles automáticos, al singular estilo del narcotráfico.
Este crimen estremece aún más a la opinión pública mexicana, que en seis meses lleva un recuento de casi 600 homicidios de características similares, vinculados al narcotráfico por las autoridades estatales y federales, que señalan el tipo de armas y las tácticas empleadas contra las víctimas.
Por considerar que no tenía enemigos, Domínguez aceptó la semana pasada el cargo de director de la policía de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, vacante desde hacía más de 15 días por la elevada criminalidad de la ciudad (62 asesinatos en lo que va del año) de casi medio millón de habitantes e importante cruce fronterizo hacia Estados Unidos.
En esa misma localidad y sólo tres días después del asesinato de Domínguez, policías locales se enfrentaron a balazos con agentes de la Agencia Federal de Investigación que llegaban para reforzar la vigilancia y frenar los enfrentamientos entre narcotraficantes.
Estos incidentes y la incontenible ola de asesinatos con armas AK-47 y R-15 en ciudades como Culiacán, en el occidental estado de Sinaloa, en la norteña Mexicali, Baja California, y en la también fronteriza Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, llevaron el fin de semana al presidente Vicente Fox a poner en marcha acciones urgentes y a advertir que esta batalla no la ganará el narcotráfico.
El gobierno admite que el país enfrenta una ofensiva violenta del crimen organizado tras la captura de varios líderes, debido a la disputa por el control de las principales plazas para introducir drogas a Estados Unidos, el mayor mercado del narcotráfico, con unos 14 millones de consumidores.
Por la frontera norte de México cruzan 70 por ciento de los cargamentos de drogas que se consumen en el vecino país. La zona es centro de operaciones de 30 grandes bandas de contrabandistas de narcóticos, de acuerdo con informes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).
Cifras oficiales indican que durante el gobierno de Fox, iniciado en 2000, fueron capturadas 46.040 personas vinculadas a estos delitos, de las cuales 15 eran jefes de carteles, 70 lugartenientes, 256 sicarios y 166 funcionarios públicos, mientras el resto eran distribuidores.
El gobierno define la violencia actual como parte de un ajuste de cuentas entre bandas. El programa México Seguro, puesto en marcha el fin de semana, consiste en el despliegue estratégico de militares y agentes federales en ocho ciudades con altos índices delictivos. Además, las autoridades han pedido a Washington que ayude a frenar el tráfico de armas que abastecen a las mafias de la droga.
Necesitamos acciones coordinadas contra el crimen, que las estrategias sean de largo plazo y que no duren sólo lo que resta del actual gobierno. También urge que Estados Unidos coopere en la solución del problema del narcotráfico y no se limite a exigir cuentas a México, dijo a IPS la activista Elena Morera, de la agrupación civil México Unido contra la Delincuencia.
La violencia está desbordada, los grupos delictivos retan al gobierno y le están ganando la batalla. Eso es lo que vemos y no el discurso oficial de que hay control sobre los delincuentes, sostuvo Morera.
Las acciones deben involucrar a las policías municipales, estatales y a las fuerzas federales para evitar enfrentamientos como el de Nuevo Laredo, agregó Morera.
La embajada de Estados Unidos efectuó duras críticas al gobierno en enero y en mayo por la abundancia de crímenes, especialmente en la frontera común. Los reclamos estadounidenses ponen énfasis en la incapacidad de la policía para preservar el orden y en la facilidad con que los delincuentes presos obtienen su libertad.
El obispo católico Martín Rábago, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, llama a las autoridades a impedir que los narcotraficantes, mediante intimidación, dispongan quiénes deben conducir los cuerpos policiales, según el mensaje que pareció dejar el asesinato de Domínguez en Nuevo Laredo.
La lectura que doy a ese asesinato es 'estamos dispuestos a aceptar como responsables de la seguridad a quienes nosotros decidamos', dijo Rábago.
El subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, reconoció que las mafias estaban desafiando a la autoridad, pero descartó comparar esta espiral de violencia con la desatada en Colombia, el principal productor de cocaína de América Latina, que vive además una guerra civil de más de cuarenta años.
Los narcotraficantes quieren que esta embestida genere desconcierto entre la sociedad, y que quede en el aire la pregunta de si no es muy alto el costo de sangre que se está pagando. Buscan confundir y que prevalezcan la corrupción y la impunidad, dijo el funcionario de la Procuraduría General.
En diciembre de 2004 en el penal de máxima seguridad de La Palma, centro del país, un recluso asesinó a balazos a Arturo Guzmán Loera, hermano del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa quien se fugó de otra penitenciaría 20 días después de iniciado el gobierno de Fox.
La Procuraduría General estima que ese homicidio fue uno de los detonantes de los choques entre narcotraficantes.
Sin embargo, autoridades policiales de Tamaulipas creen que la violencia se desencadenó luego de la captura en 2003 de Osiel Cárdenas, jefe del cartel del Golfo, y de los intentos del grupo de Guzmán Loera de apoderarse de nuevas rutas.
Las autoridades admiten que el ingreso al cartel del Golfo de agentes desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército elevó el poder de ataque de esa banda, que pretendió inclusive rescatar a Cárdenas de la prisión, cuya vigilancia debió ser reforzada.
En los enfrentamientos también han muerto varios agentes policiales, funcionarios públicos, periodistas, un legislador del gobernante y conservador Partido Acción Nacional, abogados defensores de narcotraficantes presos, el director de un penal de Mexicali, y guardia-cárceles y reclusos dentro de las prisiones.
