Las instituciones financieras que reciben créditos de bancos multilaterales y a la vez otorgan préstamos para proyectos locales son una amenaza ambiental y social en todo el mundo, advirtió el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), de Washington.
Ese tipo de créditos daña el ambiente y dificulta la reducción de la pobreza, por lo tanto es necesario obligar a las instituciones intermediarias a adoptar normas más estrictas antes de otorgarles préstamos, sostiene un nuevo informe del WRI, una organización ambientalista independiente.
Las instituciones de intermediación financiera, como los bancos comerciales o fondos de inversión, otorgan créditos para subproyectos que obtienen de bancos multilaterales de desarrollo: el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Los bancos multilaterales arguyen que una forma de cumplir su mandato de aliviar la pobreza en todo el mundo es ayudar a los países pobres a desarrollar sus instituciones y mercados financieros, y que mediante ese sistema de crédito, pueden financiar pequeñas, medianas y microempresas.
Asimismo, sostienen que no poseen los recursos ni el personal necesarios para atender pequeños proyectos en forma directa, porque los montos de los préstamos individuales son pequeños y hay demasiados proyectos de pequeña escala o subproyectos.
En el último año fiscal, los bancos multilaterales de desarrollo financieron proyectos por más de 35.000 millones de dólares en todo el mundo, en las áreas de administración pública, transporte, infraestructura, salud y educación, entre otras, con un enorme impacto sobre los países en desarrollo.
Muchos de esos proyectos están regulados en parte por las normas ambientales y sociales de los bancos multilaterales.
El informe de WRI indica que los créditos ofrecidos por esos bancos a través de instituciones intermediarias se sitúan entre 20 y 40 por ciento de sus inversiones anuales en el sector privado del Sur en desarrollo, pero que no se sujetan a las mismas normas ambientales, sociales ni de divulgación de información.
Por otra parte, los bancos multilaterales arguyen que no pueden oponerse a la confidencialidad que ofrecen esas instituciones.
En cuanto a las normas ambientales, el proceso de evaluación del impacto de los proyectos de las instituciones intermediarias suele ser ad hoc y falto de transparencia, sostiene el informe.
Debido al gran impacto de esos proyectos, los bancos deberían extender sus normas a los intermediarios, exhortó el WRI.
Los bancos multilaterales de desarrollo creen que cumplen su mandato sólo creando capacidad en esas instituciones para otorgar créditos, señaló Atiyah Curmally, coautor del informe.
Pero nuestro informe trata de explicar que, aunque eso es esencial para ayudar a regiones como América Latina o Asia a desarrollarse, se debe tomar en cuenta las consecuencias sociales y ambientales de esos préstamos, de la misma manera que cuendo se financia un proyecto directamente, dijo.
Prestar dinero para pequeños proyectos altamente contaminantes, como curtiembres, puede resultar en la contaminación de un río local, mientras que un proyecto de procesamiento de madera puede contribuir a la deforestación si no se realiza de manera sustentable.
Asimismo, las inversiones en proyectos de energía basados en combustible fósiles pueden contribuir a las emisiones de gases de invernadero, y las represas hidroeléctricas al desplazamiento de comunidades locales.
Un ejemplo de pequeño proyecto financiado indirectamente es la financiación de exportaciones de empresas brasileñas o sus subsidiarias por un préstamo de 110 millones de dólares del BID a través del Banco Bradesco.
Otro es la compra de equipos Caterpillar para pequeñas y medianas empresas de construcción y mineras de Rusia, mediante un programa de créditos financiado en parte con un préstamo de 13,3 millones de dólares del Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento.
Los bancos multilaterales señalan que no pueden imponer sus propias normas porque, una vez que otorgan los préstamos, la responsabilidad por las inversiones en subproyectos pasa a las instituciones financieras nacionales.
Pero el WRI opina que los bancos deberían tomar el asunto en sus propias manos y recomienda crear un mecanismo de evaluación de riesgos sociales y ambientales por el cual se investigaría a las instituciones intermediarias y certificaría su capacidad de implementación de las normas en sus proyectos antes de que recibieran los préstamos.
De esta manera, cualquier interesado podría obtener información sobre las inversiones de las instituciones de intermediación financiera de los bancos multilaterales de desarrollo, explicó Curmally.
