La planta de celulosa que causó una masiva mortandad de cisnes en el sur de Chile fue cerrada este miércoles en forma inmediata y voluntaria por sus propietarios, en medio de un escándalo político y judicial que involucra a la Corte Suprema de Justicia y al gobierno de Ricardo Lagos.
La decisión de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco) fue recibida con satisfacción por las autoridades y se produjo luego de que un grupo de diputados anunciara en la sede del Legislativo en Valparaíso (120 kilómetros al oeste de Santiago) que acusaría constitucionalmente a los jueces que a fines de mayo permitieron la reapertura de la planta.
El dirigente ecologista Marcel Claude denunció a su vez una maniobra comunicacional en el autocierre de la fábrica, que busca lavar la imagen de la empresa y chantajear a la opinión pública, al obligar a sus 300 trabajadores a salir a las calles a protestar por la pérdida de su fuente de empleo.
Es el gobierno el que debe ponerse los pantalones y decretar el cierre de la planta, sostuvo Claude, vicepresidente para América Latina de la organización ecologista internacional Oceana.
Los conflictos por la contaminación del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter del río Cruces, constituyen una evidencia de ingobernabilidad e impunidad ambiental, acompañada de niveles severos de corrupción, dijo el martes en una declaración la ecologista Sara Larraín, directora del no gubernamental Programa Chile Sustentable.
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Larraín juzgó así tanto la autorización de mediados de mayo para la reapertura de la planta de Celco en el río Cruces, como el dictamen de la Corte Suprema del 30 del mismo mes, que exculpó a esa empresa de la contaminación que mató desde octubre de 2004 a unos 500 cisnes.
En el santuario natural, situado unos 840 kilómetros al sur de Santiago en la provincia de Valdivia, existía la mayor concentración de cisnes de cuello negro (Cygnus malencoriphus) de América Latina, con unos 6.000 ejemplares, de los cuales quedan hoy alrededor de 300, luego de que la mayoría migrara a otros ríos y lagos.
El 18 de abril la Universidad Austral, con sede en Valdivia, publicó un completo estudio científico donde se determinó que tanto la muerte de medio millar de cisnes, como la masiva migración de ejemplares se debieron a la destrucción del luchecillo, el alga de la que se alimentan, por los compuestos tóxicos arrojados al río por la planta de Celco.
La empresa, que comenzó a operar en febrero de 2004, pertenece al grupo Angelini, el segundo conglomerado empresarial de este país, cuyos abogados consiguieron que una sala de la Corte Suprema revocara el 30 de mayo un dictamen de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que el 19 de abril había ordenado la paralización de la planta.
Dos semanas antes, en otra decisión polémica, la instancia regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), autorizó también la reapertura de la fábrica de celulosa, condicionada a que disminuyera su volumen de producción y perfeccionara el sistema de procesamiento de los riles (desechos sólidos) de hierro y otros contaminantes.
La satisfacción del grupo Angelini por el fallo de la Corte Suprema duró poco, pues el viernes 3 de este mes, el Centro EULA (Europa-América Latina) de la Universidad de Concepción (515 kilómetros al sur de Santiago) desmintió su autoría de un informe que exculpaba a Celco de la contaminación del río Cruces, en que se basó el dictamen judicial.
En rigor, el informe era de la propia empresa, con citas de estudios de EULA. El grupo Angelini atribuyó el error a su equipo de abogados, que renunció el martes, mientras la Corte Suprema se limitó a reformar la redacción del fallo y mantuvo firme el rechazo a la demanda de cierre de la planta, presentada por el grupo Acción por los Cisnes de Valdivia.
José Araya, dirigente de esa organización de la sociedad civil, dijo a IPS que la Corte Suprema actuó en forma deliberada para favorecer a Celco, ya que recogió antecedentes irrelevantes para justificar su fallo y no consideró el principal estudio científico, realizado por la Universidad Austral.
El diputado Guido Girardi, del Partido Por la Democracia (PPD), de la gobernante coalición de centroizquierda, recordó a IPS que este último de la Universidad Austral fue encargado por la Comisión Regional del Medio Ambiente, dependiente de Conama, y por tanto fue pagado por el Estado chileno y no por la empresa Celco, como el otro informe.
Girardi y los diputados Leopoldo Sánchez y Enrique Accorsi, de su mismo partido, se unieron al senador Antonio Horvath, del opositor y derechista Partido Renovación Nacional, y a líderes ambientalistas para presentar una demanda judicial de que se investigue y se establezcan responsabilidades por el informe falso que Celco entregó a la Corte Suprema.
Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, quien firmó también esa demanda, comentó a IPS que el fallo del máximo tribunal fue apresurado, seguramente presionado por la empresa, y reveló la falta de capacidad técnica que tienen los jueces para tomar por sí mismos decisiones ambientales.
Otros parlamentarios y ecologistas entregaron el martes una carta al presidente Ricardo Lagos pidiéndole que anule el permiso de funcionamiento de la planta de celulosa. También reclamaron al presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, que revocara el fallo del 30 de mayo favorable al grupo Angelini.
El diputado Sánchez, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de su cámara, dijo que los cinco magistrados (tres jueces y dos abogados) que aprobaron el fallo por unanimidad podrían ser acusados constitucionalmente por prevaricación (dictar una resolución injusta con pleno conocimiento) o por abandono de deberes.
Lagos había reconocido el lunes que en el conflicto del río Cruces está en juego la credibilidad del país, no solo en torno a Celco, sino a toda la industria forestal, desde el punto de vista de las exigencias ambientales que se van incorporando crecientemente en el comercio internacional.
Los ambientalistas consideran que Lagos ha tenido una actitud débil en este caso. Araya y Baquedano coincidieron en señalar a IPS que la autorización para reabrir la fábrica, dada por la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) no fue una iniciativa de esa instancia regional, sino que obedeció a una política de gobierno de respaldo a la inversión empresarial.
Sin duda, la Corema no tuvo nada que ver. A mi juicio, lo que ocurrió fue un arreglo entre el gobierno y la empresa, apunto Baquedano, en tanto Araya sostuvo que la contaminación del río Cruces es una de las evidencias más dramáticas, donde se nota la mano de los sectores empresariales y el contubernio que tienen con los gobiernos.
El senador Horvath dijo a la prensa que se debía investigar los vínculos del grupo Angelini con la gobernante Concertación por la Democracia y, en especial, con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), miembro de esa coalición, integrada también por el PPD, el Partido Socialista (PS) y el Partido Radical Socialdemócrata (PRSD).
El parlamentario derechista llamó la atención sobre el hecho de que Celco designara en enero último como presidente de su directorio a Alberto Etchegaray, del PDC, quien fue ministro de Vivienda en el primer gobierno de transición democrática de Patricio Aylwin (1990-1994).
Baquedano apuntó a su vez que la actual directora ejecutiva de Conama, Paulina Saball, del PS, fue jefa de gabinete de Etchegaray mientras éste fue ministro, y que el gerente de Medio Ambiente de la compañía, Pablo Daud, hasta hace poco era el director de Estudios de Impacto Ambiental de la Conama.
Entre los integrantes de la sala de la Corte Suprema que emitió el polémico fallo unánime favorable a Celco estuvo el abogado René Abeliuk, militante del PRSD, quien durante el gobierno de Aylwin fue ministro de la estatal Corporación de Fomento, entidad que administra las empresas públicas.
Los señalamientos políticos alcanzan también al ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), del PDC, quien presionó abiertamente para que se autorizara la instalación de la planta en 1997, e incluso la inauguró antes de que finalizara el estudio de impacto ambiental, según aseguró Baquedano.
Frei, quien asumió como senador vitalicio al término de su mandato en marzo de 2000, será postulado por el PDC en los comicios generales del 11 de diciembre próximo como candidato a senador por la X Región de Los Lagos, en cuya circunscripción están la provincia de Valdivia y el santuario del Río Cruces.
El movimiento Acción por los Cisnes tiene una opinión muy negativa de la postulación de Frei. Ya tenemos un desastre ambiental y tenerlo a él aquí como senador será un nuevo desastre, afirmó Araya, quien describió al ex presidente como un 'lobbista' de grandes empresarios. (FIN/2005)
