Eduardo Rodríguez, hasta la víspera titular de la Corte Suprema de Justicia, se instala este viernes en la sede de gobierno de Bolivia sin que su designación haya calmado las protestas sociales que abonan de piedras y restos de goma y madera humeantes los caminos del país.
El estallido social iniciado hace 20 días que desplazó de la presidencia a Carlos Mesa y puso a Bolivia al borde de la guerra civil no alcanzó, según sus líderes y muchos protagonistas, los objetivos centrales de nacionalizar los hidrocarburos y convocar a la refundación de la república.
¿Acaso trabajamos para echar a Mesa, a tono con los responsables de la masacre de octubre de 2003, y a favor de un abogado que llegó a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia con el respaldo del ex gobernante y derechista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)?, se preguntó el jueves por la noche un vecino de la empobrecida ciudad de El Alto, vecina a La Paz.
El flamante mandatario, nombrado en la madrugada de este viernes por el Congreso legislativo que sesionó de modo extraordinario en Sucre, la capital de Bolivia, intentará acordar una tregua en las próximas horas con los dirigentes de la movilización que mantiene cercados El Alto y La Paz, sede de gobierno, con el suministro de gas natural, gasolina y alimentos bloqueados.
Sin salir de su sorpresa por el rápido desenlace, los dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y de la Central Obrera Regional convocaron de emergencia a sus afiliados para examinar el cambio de las fichas en el tablero político e institucional.
Empero, anticiparon que los bloqueos de caminos y marchas seguirán hasta que Rodríguez acepte tomar el control de los campos petroleros para beneficio del Estado.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, uno de los líderes de la movilización, instruyó a sus seguidores a fortalecer los bloqueos de rutas y calles y las manifestaciones tras conocer la elección del nuevo jefe del Poder Ejecutivo.
"Continuaremos hasta lograr la nacionalización de los hidrocarburos y su recuperación mediante la ocupación militar de los campos petroleros, declaró Solares esta madrugada.
La COB y las otras organizaciones sociales movilizadas, además de la nacionalización de los campos petroleros y la convocatoria a una asamblea constituyente, exigieron con éxito hasta el jueves la renuncia del presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, a sus aspiraciones de suceder a Mesa, quien el lunes había presentado su renuncia al Congreso.
Vaca Díez reclamaba que se cumpliera el derecho de sucesión presidencial, que le correspondía en función de estar vacante la vicepresidencia, con el respaldo de la ex gobernante "megacoalición integrada por el MNR y su partido, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).
En El Alto aún están abiertas las heridas provocadas por la represión ordenada por Gonzalo Sánchez de Lozada, también del MNR, poco antes de dimitir el 17 de octubre cuando sólo había cumplido un año de gobierno y que dio paso a que lo sucediera Mesa, su vicepresidente hasta entonces.
Según organizaciones humanitarias, 67 manifestantes murieron entonces por la represión de la policía y el ejército a las protestas de El Alto, iniciadas en el occidente boliviano contra el plan de exportaciones de gas natural en manos privadas a América del Norte y que se extendieron por más de un mes a buena parte del país hasta que Sánchez de Lozada huyera a Estados Unidos.
Mesa, que luego sería designado presidente por el Congreso con el apoyo crítico de los manifestantes, había renunciado días antes a la vicepresidencia en total desacuerdo por la utilización de la fuerza contra las protestas de organizaciones indígenas, sindicales, partidos de izquierda y otros.
Esos postulados de nacionalizar la industria energética, impulsan también el actual levantamiento social, por entender que sus reclamos no se cumplieron en toda su extensión, una causa que se cruza y colisiona con el reclamo de empresarios y políticos de la región oriental de Bolivia, rica en hidrocarburos, de autonomías departamentales. Vaca Díez, precisamente un senador procedente del oriental departamento de Santa Cruz, sacó al Congreso de su sede habitual de La Paz y lo llevó hasta Sucre, a 700 kilómetros de allí, en busca de seguridad para considerar la renuncia de Mesa.
Sin embargo, no imaginó la capacidad de movilización de los sindicatos campesinos, mineros y de educadores que invadieron las calles de la colonial ciudad para oponerse a su aspiración presidencial.
Unos 10.000 manifestantes protagonizaron batallas campales contra los gases lacrimógenos lanzados por la policía en torno de la plaza 25 de Mayo, lo cual impidió el comienzo de las sesiones parlamentaria durante toda la jornada del jueves y obligaron al propio Vaca Díez a refugiarse en un cuartel militar.
El momento de mayor tensión se produjo al difundirse la noticia de la muerte del cooperativista minero Carlos Coro Mayta, de 52 años, en un confuso enfrentamiento con fuerzas de seguridad, ocurrido a siete kilómetros de Sucre.
La noticia de la muerte del trabajador recorrió como vendaval las ciudades y los más de 100 puntos de bloqueos de carreteras, lugares donde se responsabilizó por ello al senador Vaca Díez.
Forzados por la huelga de hambre que llevan adelante varios alcaldes y ciudadanos de La Paz y de Cochabamba y por las movilizaciones obreras y sociales en general, el presidente del Congreso, Vaca Díez, y su par de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, quien le seguía en la sucesión por derechas, hicieron pública su renuncia a ocupar la presidencia de Bolivia.
Ambos responsabilizaron al saliente presidente Mesa y al jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), el líder indígena Evo Morales, de promover las marchas y protestas con el propósito de debilitar al sistema político y los partidos tradicionales.
Abierta la vía a la presidencia para Rodríguez, como tercero en la sucesión en su calidad de titular del Poder Judicial, éste fue convocado a donde sesionaba el parlamento para que sumiera el gobierno de Bolivia.
Rodríguez, a todo esto, no pudo recibir los símbolos presidenciales que debe ostentar, una medalla del libertador Simón Bolívar y la banda presidencial, debido a la accidentada jornada.
La fórmula para intentar resolver la peor crisis política y social del país desde octubre de 2003 fue propuesta por el MAS.
El partido de izquierda nacido en el seno de los cultivadores de la hoja de coca, que en las últimas elecciones de 2002 se constituyó en el segundo con mayor caudal de votos, sugirió la renuncia sucesiva de los presidentes de las cámaras legislativas para poner en el gobierno a Rodríguez, a quien se le encomienda la misión de convocar elecciones generales anticipadas.
El mandato del renunciante Mesa, que había sido ungido presidente para completar el gobierno de Sánchez de Lozada, debía finalizar en 2007.
Pero la victoria política del MAS, no se podrá traducir de inmediato en una desmovilización de sus afiliados que permanecen en La Paz. Morales consultará a sus bases la posibilidad de levantar bloqueos de carreteras y retornar a sus centros de actividad agrícola.
Acerca de la convocatoria a asamblea constituyente y de un referéndum para decidir las autonomías departamentales, reclamado por el oriente, el presidente Rodríguez prometió trabajar en coordinación con el Congreso para emitir los instrumentos legales, una tarea que su antecesor hallaba complicada por su tensa relación con los partidos políticos.
Cuando los periodistas interrogaron sobre la nacionalización de los hidrocarburos, Rodríguez evitó pronunciarse con precisión y sugirió abrir un debate sobre la realidad del sector energético, la factibilidad de la demanda y su complejidad.
Las movilizaciones tienen la nacionalización de la propiedad de los recursos energéticos como principal bandera política, una medida que el ahora ex presidente Mesa no se animó a tomar porque temía que la confiscación de campos petroleros y gasíferos entregados en concesión a empresas transnacionales derivaría en un aislamiento económico de Bolivia.
Las compañías extranjeras declaran haber invertido 3.500 millones de dólares desde 1996, y la anterior administración estimaba el valor de las compensaciones en 8.000 millones de dólares.
