Ha llevado en algunos casos hasta tres décadas, pero líderes latinoamericanos acusados de asesinatos políticos y de dirigir escuadrones de la muerte podrían ser llevados ante la justicia tras una serie de hechos inconexos en Chile, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay y México.
El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue acusado en mayo del asesinato de opositores políticos en la década de 1970; un fiscal de Perú pidió 35 años de prisión para el ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, acusado de ordenar masacres hace 15 años, y en Colombia, el ex senador y ministro de Justicia Alberto Santofimio fue arrestado por el asesinato de un candidato presidencial en 1989.
Estos tres hechos son muy significativos porque establecen públicamente que la impunidad no es la norma, declaró Margaret Power, profesora de historia del Instituto de Tecnología de Illinois, en una entrevista por correo electrónico desde Santiago de Chile. Power ha escrito numerosos materiales sobre política chilena.
Mientras, en Argentina, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales el 14 de este mes las llamadas leyes de perdón que en 1986 y 1987 dejaron libres de proceso a miles de policías y militares que habían participado de la represión contra opositores de la última dictadura (1976-1983).
Asimismo, en México, la Corte Suprema de Justicia votó el día 15 a favor de enjuiciar al ex presidente Luis Echeverría por la matanza de unos 40 estudiantes perpetrada en 1971, en medio de la llamada guerra sucia contra presuntos simpatizantes de izquierda.
En Uruguay, el ex dictador Juan María Bordaberry y quien era su canciller Juan Carlos Blanco declararon ante la justicia el 16 y 17 por primera vez como imputados por los asesinatos del ex presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz, y el ex senador Zelmar Michelini, cometidos en Argentina en 1976.
Aunque ya pasó la ola de dictaduras que arrasó gran parte de América del Sur desde el golpe militar en Brasil, en 1964, la práctica ha sido ignorar los crímenes cometidos y en cambio hablar del futuro y la reconciliación, dijo Power a IPS.
El hecho de que sistemas judiciales separados en países distintos, cada uno con historias y condiciones socioeconómicas diferentes, hayan avanzado al punto de llevar ante la justicia a acusados de crímenes políticos es algo a destacar y un precedente muy importante para futuros juicios, resaltó.
Chile
El 13 de mayo, el general retirado Manuel Contreras acusó desde la prisión a Pinochet, en una declaración escrita, de ser responsable directo de los atentados con bomba que causaron la muerte al ex canciller Orlando Letelier en Washington (1976), y al general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires (1974).
Contreras encabezó la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) desde su creación en 1974 hasta su disolución en 1978. Se cree que ese organismo llevó a cabo numerosos asesinatos de opositores políticos de la dictadura de Pinochet.
Pinochet ya estaba acusado por la muerte de Prats, pero en marzo la Suprema Corte de Justicia de Chile lo absolvió alegando su demencia senil.
Ese tribunal había rechazado un pedido de arresto de Pinochet efectuado en 2000 por la jueza argentina María Servini de Cubría, luego de la condena a cadena perpetua en Argentina del ex agente civil de la DINA Enrique Arancibia Clavel, hasta ahora el único sentenciado por el crimen del matrimonio Prats-Cuthbert.
El estadounidense agente de la DINA, Michael Townley, confesó como testigo protegido su participación en el asesinato de Prats y su esposa.
La investigación argentina y la confesión de Townley hicieron posible la apertura de un juicio en Chile, en el cual fueron procesados Contreras y otros varios altos mandos de la DINA y se inició la investigación contra Pinochet, que chocó con la absolución del máximo tribunal.
Prats, quien comandó el ejército bajo el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973), estaba escribiendo un libro sobre el golpe que llevó al poder a Pinochet. Los escritos de Prats fueron robados de su casa en el momento de su asesinato, que marcó el comienzo de una serie de homicidios y desapariciones de exiliados chilenos.
Letelier, canciller de Allende, fue encarcelado inmediatamente después del golpe, en septiembre de 1973, y liberado en 1974. Dejó el país para trabajar en el Instituto de Estudios Políticos, en Washington, donde fue asesinado después junto con su asistente, Ronni Moffitt.
En 1975, el ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton y su esposa Anita fueron ametrallados en una calle de Roma. Leighton se recuperó, pero su esposa quedó parapléjica.
En 1995, Contreras fue juzgado y condenado a siete años de prisión por el crimen de Letelier. Actualmente cumple una segunda condena por el secuestro permanente del activista de izquierda Ángel Sandoval en 1975 y tiene otra veintena de causas en proceso.
En el juicio por el crimen de Letelier, ahora cosa juzgada en Chile, no se hallaron pruebas para encausar a Pinochet. Pero los familiares del militar asesinado creen que las revelaciones de Contreras permitirían reabrir el caso en Estados Unidos, donde estos delitos no prescriben.
En una declaración jurada enviada a la Corte Suprema de Chile en 1997, Contreras había afirmado que la DINA no realizaba ninguna misión importante sin la autorización de Pinochet, pero esta es la primera vez que asegura que el dictador ordenó directamente el asesinato de Letelier y de Prats. También ofreció información sobre el destino de 580 desaparecidos.
Mark Ensalaco, director de estudios internacionales y derechos humanos de la Universidad de Dayton, Ohio, y autor del libro Chile under Pinochet: Recovering the Truth (Chile bajo Pinochet: Recobrando la verdad), cuestionó la veracidad de la información ofrecida por Contreras, pero reconoció que la DINA no pudo haber actuado sin el conocimiento de Pinochet.
Prueba de ello es que después de esos asesinatos y desapariciones, se promovió a los miembros de la DINA, en lugar de investigarlos, señaló.
Se estima que 3.000 chilenos fueron víctimas de desaparición forzada o asesinados por las fuerzas de seguridad, y que más de 27.000 presos políticos fueron torturados bajo el régimen pinochetista.
Pinochet, de 89 años, es investigado por violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del Plan Cóndor, un esquema conjunto de las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para perseguir, capturar y asesinar opositores políticos en los años 70 y 80.
El 7 de este mes, un tribunal de apelaciones absolvió al ex dictador del procesamiento en esa causa, alegando su demencia senil, dictamen que puede ser apelado ante la Corte Suprema.
El mismo argumento lo libró de responsabilidad en 2002 en el caso de los 57 homicidios y 18 secuestros de la llamada caravana de la muerte, una misión militar que actuó en octubre de 1973. Pero ese proceso continúa contra varios ex altos mandos militares.
Además, Pinochet aún debe responder por la Operación Colombo, un montaje que hizo aparecer como muertos en rencillas guerrilleras en Argentina a 119 desaparecidos, y por sus cuentas secretas, en las que acumuló una fortuna de 17 millones de dólares.
Pero según Power, los militares ya han pagado un precio. Pinochet está desacreditado y, de hecho, todos los militares chilenos están manchados, dijo.
Es posible que Pinochet y las Fuerzas Armadas en su conjunto nunca sean juzgados, pero la sociedad chilena ya dio su veredicto, agregó la académica.
Avance en Colombia
En Colombia, el ex senador y ministro de Justicia, Alberto Santofimio, fue detenido el 12 de mayo acusado de la autoría intelectual del asesinato en 1989 del candidato presidencial favorito, Luis Carlos Galán.
Santofimio fue implicado por el testimonio de John Jairo Velásquez, alias
Popeye, el único condenado por el homicidio. Velásquez era sicario y secretario personal del difunto zar de la droga Pablo Escobar, y declaró a la fiscalía que estuvo presente en una reunión entre éste y Santofimio en la que el político dijo que Galán debía morir.
Pablo, mátalo. Si él (Galán) es presidente, te extradita, le habría dicho Santofimio a Escobar, según Velásquez.
En ese entonces, Santofimio rivalizaba dentro del Partido Liberal con Galán, amplio favorito para ganar las elecciones presidenciales de 1990.
Para Escobar, a la postre muerto por la policía en 1993, el asesinato de Galán representaba la eliminación de un candidato resuelto a extraditar a traficantes de drogas a Estados Unidos, donde serían juzgados.
El grupo criminal de Escobar, conocido como cártel de Medellín, libró una sangrienta guerra en los años 80 para forzar al gobierno a impedir las extradiciones. Miembros del cártel asesinaron a jueces, ministros, un fiscal, varios periodistas y policías. Cientos de colombianos murieron en atentados con bomba.
Galán fue asesinado mientras hacía campaña en el sur de la capital colombiana, Bogotá. Su jefe de campaña, César Gaviria, tomó su lugar y fue elegido presidente.
Santofimio fue detenido en 1995 y pasó cuatro años en prisión por aceptar sobornos del cártel de Cali. Fue interrogado por el asesinato de Galán, pero nunca juzgado por falta de pruebas. Ahora, si se lo encuentra culpable de ese homicidio, podría ser condenado a 40 años de prisión.
Habría, pues, un mensaje positivo en el hecho de que, aunque pase muchísimo tiempo, la justicia llega, dice una nota editorial publicada en el diario colombiano El Tiempo el 14 de mayo.
Progreso en Perú
En Perú, nadie tiene dudas de quién estuvo detrás de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, pero los responsables están por ser procesados.
El 13 de mayo, el fiscal especial contra la corrupción Pablo Sánchez Velarde anunció que pediría 35 años de prisión para el ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos por ordenar en 1991 la ejecución extrajudicial de 15 personas (incluido un niño de ocho años) en la zona de Barrios Altos, en el centro de Lima, y por la desaparición forzada en 1992 de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.
Montesinos está acusado de haber ordenado los asesinatos al grupo Colina, un escuadrón de la muerte.
En el caso de Barrios Altos, las víctimas eran invitados a una fiesta que fueron confundidos con integrantes del grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso.
Los cuerpos de los muertos de La Cantuta fueron enterrados secretamente en una fosa común bajo una capa de cal viva. Posteriormente, los restos fueron trasladados e incinerados.
Montesinos fue el jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000), quien presentó renuncia a su cargo desde Japón, en noviembre de 2000, en medio de numerosas denuncias contra su gobierno por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Montesinos está en prisión y bajo juicio por esos y otros cargos, mientras Fujimori permanece en Japón, que se niega a extraditarlo.
En 2001, la fiscal general Nelly Calderón acusó formalmente a Fujimori de estar detrás de esos asesinatos, después de la decisión unánime del Congreso legislativo de privarlo de su inmunidad como ex jefe de Estado.
Pocos días después, el juez de la Corte Suprema José Luis Lecaros emitió una orden internacional de arresto contra Fujimori, pero cuatro años más tarde, el ex mandatario sigue en Japón, y Montesinos no ha sido condenado aún por ningún crimen.
Hay puntos positivos y avances, pero a la vez, todo sigue siendo insuficiente, lento, y el resultado final es todavía incierto, dijo a IPS el director del Instituto de Defensa Legal de Perú, Ernesto de la Jara, en entrevista por correo electrónico desde Lima.
De la Jara dijo que Perú estableció una Comisión de la Verdad que reemplazó una 'verdad' absolutamente distorsionada y difundida… por Fujimori y Montesinos, por una verdad que se ajusta más a la realidad y complejidad del país.
El informe de la Comisión de la Verdad, publicado en agosto de 2003, afirma que entre 1980 y 2000 murieron o desaparecieron en Perú 69.280 personas, a manos de la insurgencia o de la represión estatal.
Además, Perú volvió a aceptar la competencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aceptó su decisión de anular una amnistía otorgada por Fujimori en 1995, y la Corte Constitucional declaró que la mayor parte de las leyes antiterroristas promulgadas por el ex presidente eran inconstitucionales.
De los 47 casos que la Comisión de la Verdad recomendó investigar, 15 fueron investigados por fiscales y 30 están en los tribunales. Mientras, todos los miembros del Grupo Colina están en prisión.
Nueva tendencia
Según Power, hay varios factores detrás de estos cambios.
El impacto negativo de las políticas económicas neoliberales ha generado enojo, resentimiento y organización en la región, sostuvo.
Otro factor es el surgimiento de movimientos sociales fuertes y profundamente arraigados y su conexión con la lucha por los derechos humanos. Esos grupos exigen transparencia y honestidad al gobierno, defienden los derechos económicos y políticos de los ciudadanos, y han demostrado que están dispuestos a luchar para obtenerlo.
A la vez, estos movimientos presionan a los gobiernos de sus países para que se juzguen los crímenes cometidos por los militares en el pasado, dijo.
Finalmente, Power señaló que en varios países de América del Sur se eligieron y se aliaron gobiernos progresistas, muchos de cuyos integrantes fueron víctimas de dictaduras militares. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay tienen actualmente gobiernos de izquierda.
Ensalaco, de la Universidad de Dayton, admitió que nunca creyó que la justicia sería posible. Ahora me avergüenzo un poco de esa conclusión. Víctimas, jueces y activistas valientes lo hicieron posible. Me conmueve que el valor de algunos individuos pueda derrotar a quienes alguna vez ejercieron el poder absoluto.
Pero De la Jara lamentó que en su país los juicios estén comenzando entre 10 y 20 años después de ocurridos los casos. Además, no hay todavía ninguna sentencia importante en materia de derechos humanos; se espera que el juicio al grupo Colina culmine en una, dijo.
En cuanto a compensaciones a las víctimas en Perú, el avance ha sido insignificante, afirmó.
De la Jara agregó que no existe voluntad política para formalizar la incorporación del fuero militar a la jurisdicción civil, ni para luchar por los derechos humanos con los recursos y la fuerza necesarios para enfrentar lo que fueron prácticas sistemáticas durante casi dos décadas, y establecer medidas preventivas.
Lo que sí queda claro es que el círculo de impunidad no está cerrado ni en Perú, ni en la región, y que el desenlace dependerá de lo que se haga. O se asegura una línea de avances cada vez más importantes y consistentes, o se inicia un proceso de retroceso, concluyó.
*Miren Gutiérrez es la Editora Jefa de IPS.
