Los plazos no se cumplen, dijo rotundamente a IPS un funcionario del gobierno interino de Haití en referencia al atraso para organizar las elecciones de octubre y de noviembre, paso clave hacia una casi imposible institucionalización del país.
El director nacional de Pesca de Haití, Robert Badieu, no cree en el cumplimiento del proceso diseñado por el Consejo Electoral Provisional, que incluye elecciones municipales el 9 de octubre y generales (legislativas y presidencial en primera vuelta) el 13 de noviembre.
Para elegir el gobierno, las 129 bancas legislativas y unos 7.000 cargos locales y regionales en los nueve departamentos de Haití, las autoridades se propusieron empadronar en este escaso plazo a unos cuatro millones de votantes, casi la mitad de los habitantes del país, en un proceso que será el primero a prueba de fraude, según portavoces gubernamentales. Y esta tarea está muy retrasada.
El desánimo del poder político local contrasta con el optimismo, muy moderado, sobre el control de la violencia que expresan varios jefes militares de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah, por sus siglas en francés), de unos 7.400 efectivos, buena parte de ellos de origen latinoamericano.
El problema no se centra en grupos políticos cohesionados alzados en armas, sino en el alto grado de criminalidad de centenares de bandas de pandilleros localizadas sobre todo en tres barrios de Puerto Príncipe y, en menor medida, en Gonaives, hacia el norte, y donde está asentado el Batallón Argentina, según explicaron.
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El ministro de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Philippe Mathieu, fue mucho más lejos y no dudó ante la consulta de IPS en recalcar que se trata de una típica violencia urbana comparable a la que se registra en grandes capitales de América Latina, como Río de Janeiro o Bogotá.
Llevo 11 meses en Puerto Príncipe y no he tenido ningún problema, pese a que ando todo el día en la calle, dijo a IPS el teniente coronel Julio Correa, oficial de enlace entre el Batallón Conjunto Uruguay Uno y el comando de la Minustah.
En Cité Soleil, el abigarrado barrio precario recostado en la bahía, sí hay problemas muy graves, aclaró. Efectivos uruguayos que acompañaban al Batallón Jordania, desplegado en la zona, se vieron envueltos en intercambio de disparos.
Lo mismo ocurre en Gonaives, una zona tradicional de levantamientos políticos y donde precisamente se inició la revuelta política contra el presidente Jean-Bertrand Aristide, que terminó con su derrocamiento y exilio el 29 de febrero de 2004.
La situación siempre es muy tensa, por eso hay una misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas, pero los hechos más graves se registraron en diciembre, enero y febrero, cuando hubo enfrentamientos con fuerzas de paz, con algunos efectivos muertos, dijo Correa.
Empero, los guardias privados con escopetas y fusiles que surgen a cada paso en la ciudad y los disparos escuchados por los periodistas uruguayos que visitan desde el sábado Haití, en pleno mediodía y frente a la sede del gobierno, indican una guerra latente. De la policía local no hubo señales.
Los sonidos de guerra provenían de la muy cercana Bel-Air —donde opera el Batallón Brasil—, que se ubica al centro de la trilogía de barrios de casuchas apretadas sobre la costa oeste de la capital, como arrojadas de la montaña hacia el mar, junto con Cité Soleil y Carrefour, éste último custodiado por el Batallón Sri Lanka.
Los tres barrios rodean el principal puerto de este país, el más pobre de América.
En esa franja costera reinan las bandas, muchas de las cuales dicen seguir a Familia Lavalas, el partido de Aristide. Las muertes en enfrentamientos entre estos grupos y la policía haitiana se cuentan en 400 desde septiembre. Esa parte de la costa es también área del pasaje del narcotráfico, según distintas fuentes.
Las autoridades interinas aseguran que en los comicios en los que fue elegido Aristide participaron apenas tres por ciento de los ciudadanos. El ex sacerdote católico triunfó en comicios en diciembre de 1990, tras muchas décadas de dictadura y terror, y gobernó desde febrero de 1991 hasta septiembre de ese año, cuando fue derrocado por un golpe de Estado militar.
Retornó al poder en octubre de 1994, de la mano de una fuerza multinacional dirigida por Estados Unidos, y fue nuevamente elegido presidente en 2000. Por entonces, las autoridades aseguraron que la concurrencia a las urnas fue de 62 por ciento de los electores, pero misiones diplomáticas y medios de comunicación locales y extranjeros estimaron que sólo entre 20 y 30 por ciento de los habilitados concurrieron a votar.
El actual intento de institucionalizar el país se da en un contexto en que 50 por ciento de la población es analfabeta y hay 180 facciones armadas, entre ellas antiguos miembros del ejército disuelto por Aristide a mediados de los años 90. Ochenta y siete agrupaciones políticas se reparten en dos frágiles coaliciones, Convergencia Democrática y Plataforma Democrática.
Familia Lavalas, hasta ahora el principal partido, está ajeno al proceso electoral.
Cuando se pregunta a las autoridades interinas sobre el ex mandatario exiliado en Sudáfrica, éstas ni siquiera lo mencionan o dicen no recordar cómo cayó su gobierno, a pesar de que varios de sus ex integrantes están presos, como el ex primer ministro Yvon Neptune (quien lleva un mes de huelga de hambre reclamando que se lo juzgue o se lo ponga en libertad), o son perseguidos como si fueran pandilleros.
Las dudas sobre las elecciones obedecen a la lentitud para empadronar a los votantes y en especial al control de la violencia. A ello se agrega la decisión de Estados Unidos de retirar a las familias de su personal diplomático destacado en el país y a los funcionarios no imprescindibles.
La medida fue informada a las autoridades haitianas el jueves, alegando la volátil situación de la seguridad, y provocó expresiones de disgusto del gobierno de Boniface Alexandre.
Fuentes del personal civil de la Organización de las Naciones Unidas manifestaron su extrañeza por la decisión de Washington, pues no percibían cambios en la situación de seguridad en las últimas semanas y coincidieron en señalar que la violencia estaba más controlada que a inicios del año.
La medida estadounidense no fue seguida por ninguna otra embajada extranjera en Haití, dijeron las fuentes a IPS.
Parece claro que la prescindencia de Washington, tan distinta a la de los convulsionados días del derrocamiento de Aristide, incide en el clima que rodea la preparación de las elecciones.
Aristide denunció haber sido forzado a dejar su cargo y el país por marines (infantes de marina) estadounidenses que lo embarcaron en un vuelo rumbo a República Centroafricana. Una investigación independiente de los hechos, reclamada por la Comunidad del Caribe nunca fue efectuada. La primera intervención militar tras la partida de Aristide estuvo encabezada por Estados Unidos y Francia.
Pero la mayor duda sobre la viabilidad de las elecciones previstas se debe a la ausencia del Estado, que se aprecia con sólo recorrer las estrechas calles de Puerto Príncipe, donde vive la mitad de los 8,5 millones de haitianos, 80 por ciento de los cuales son pobres.
La policía civil apenas comienza a organizarse de la mano de la Minustah, y existe un cuerpo adjunto, llamado por algunos los hombres de negro, temibles portadores del armamento que han logrado requisar: desde una simple escopeta a todo tipo de armas de guerra.
Las sedes municipales están, como la mayor parte de la ciudad, apenas en pie. La basura se acumula en las calles que recorren miles de peatones.
En esta tierra de nadie, la autoridad la ejercen las armas de los guardias privados que custodian supermercados y hoteles, los muros que ocultan alguna opulencia y los vehículos de doble tracción, necesarios para trepar las laderas de hasta 1.000 metros y llegar adonde se levantan, inaccesibles, las mansiones del poder económico. Y, desde luego, los vehículos blancos y los casos azules fuertemente armados de la Minustah.
