Las fuerzas sociales del occidente de Bolivia, encolumnadas tras una asamblea constituyente, y las del oriente, que buscan la autonomía departamental, marchan en rumbo de colisión bajo la atenta mirada de las Fuerzas Armadas, alertas ante el riesgo de desintegración territorial.
La tensión política se localiza en las centrales ciudades de La Paz, sede del gobierno, y Santa Cruz, sólo una semana después de que el parlamento promulgara, ante la negativa a hacerlo del presidente Carlos Mesa, la nueva ley de hidrocarburos que aumenta las obligaciones tributarias hasta 50 por ciento de las empresas petroleras.
De ese modo crecen las dudas sobre el destino institucional de Bolivia, nacido a la vida republicana el 6 de agosto de 1825 que hoy tiene 9,2 millones de habitantes. Es que ha ingresado en un ciclo histórico en el que las fuerzas sociales y económicas se disputan la vanguardia de las transformaciones según su interés sectorial.
Los diversos sectores populares movilizados en 2003 en La Paz y la vecina ciudad de El Alto, en el oeste del país, respaldaron la designación parlamentaria de Mesa como sucesor en la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, tras su renuncia y posterior fuga del país cuando sólo había cumplido uno de los cinco años de mandato.
Al culminar el 17 de octubre de ese año una semana de represión militar y policial que cobró la vida de 67 personas, según familiares de las víctimas, en un episodio conocido como la guerra del gas, sindicatos y asociaciones de campesinos lograron el compromiso de Mesa de recuperar los hidrocarburos de manos de firmas transnacionales y convocar a una asamblea constituyente para refundar el país.
Pero catorce meses después del inicio de ese mandato, la región oriental liderada por empresarios, productores de soja, banqueros y terratenientes movilizó a sectores populares hasta obtener el compromiso de Mesa de facilitar la instauración institucional de las autonomías departamentales.
Así nacieron las antagónicas agendas de octubre de 2003 y la de enero de 2005, ahora en el centro de un nuevo conflicto que el presidente Mesa intentó despejar dejando que la ley de Hidrocarburos fuera promulgada por el Congreso legislativo y, a modo de alternativa, presentando al país un ambicioso programa para crear 70.000 empleos.
Los sectores que respaldaron a Mesa en el pasado no aceptan la permanencia de las empresas petroleras extranjeras en la segunda reserva más grande de gas natural de América del Sur, con 53 trillones de pies cúbicos que la pone detrás de Venezuela. Son los que reclaman la nacionalización, pues la ley sólo prevé un cambio de contratos.
Sólo el Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por el diputado indígena y líder de los cultivadores de hoja de coca Evo Morales Ayma, marca la diferencia entre los antiguos apoyos de Mesa al aceptar la presencia de las petroleras pero a condición de cobrar una regalía de 50 por ciento en lugar de 18 por ciento más impuestos descontables de 32 por ciento, como establece la norma promulgada la semana pasada.
En el otro frente, el denominado Comité Cívico Pro Santa Cruz agilizó los procedimientos para aproximarse a la autonomía regional y reunió 250.000 firmas de ciudadanos que apoyan una consulta popular (referéndum) sobre el tema y, sustentado en ese apoyo, esperó hasta la semana pasada que el Congreso defina la fecha del acto plebiscitario.
La demora del parlamento y la presión de las organizaciones sociales de occidente que amenazaban con la toma del edificio sede e interrumpieron la sesión que consideraba el pedido, derivó en una autoconvocatoria a referéndum promovida por el propio Comité Cívico Pro Santa Cruz.
Los dirigentes cívicos del oriente boliviano fijaron el 12 de agosto como la fecha de consulta, para que coincidiera con las elecciones de prefectos departamentales.
El MAS, que desea capitalizar el liderazgo de oposición a oriente, respondió con otra autoconvocatoria a una Asamblea Constituyente, porque considera a esta instancia como apropiada para debatir la autonomía de los nueve departamentos en que está dividido el país.
Los argumentos del MAS cuestionan las preguntas propuestas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que desea conocer la opinión la gente sobre la independencia de administración de recursos fiscales (impuestos) y recursos naturales (gas y petróleo), concentrados precisamente en el oriente y el sur de Bolivia.
Morales recordó que ambos temas no son de consulta, según la ley de Referéndum porque compromete a la soberanía del Estado.
En medio del debate a través de los medios de información, las Fuerzas Armadas hicieron pública su posición, por primera vez desde que gobierna Mesa, y desconocieron las autoconvocatorias y sutilmente advirtieron su disposición a defender la integridad territorial.
Desde el lunes, las ciudades de La Paz y El Alto volvieron a ver a miles de manifestantes por sus calles, enfrentamientos entre policías y activistas, arengas, concentraciones de obreros y el ingreso de la ciudadanía a un ambiente de incertidumbre.
Una caminata de ocho días protagonizada por unos 5.000 campesinos y cultivadores de hoja de coca, afines al MAS, terminó el lunes frente a la sede de gobierno y durante los siguientes días será la fuerza humana que presionará sobre el Congreso para obtener una convocatoria a la asamblea constituyente, en lugar de poner a referéndum las autonomías departamentales.
El vecindario y los obreros de El Alto, una de las urbes más pobres del país, insisten en la nacionalización de los hidrocarburos y la renuncia de Mesa porque se consideran que fueron traicionados en sus aspiraciones de recuperar el gas natural y el petróleo.
A tono con esta demanda, pero pasando al extremo, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, expresó públicamente su interés en el ascenso al gobierno de un militar patriota y honesto, Pero ese deseo fue rotundamente rechazado el lunes con un no gritado a coro en una concentración obrera.
Escuche compañero Solares, el pueblo no quiere un golpe de Estado, le recriminó Evo Morales durante una asamblea popular en la Plaza San Francisco de esta ciudad.
Pero Morales también recogió la reprobación a sus demandas cuando la gente le exigió a gritos que apoye la nacionalización de los hidrocarburos y deje sin efecto la propuesta de 50 por ciento de regalías.
Las fuerzas populistas y radicales de El Alto son numéricamente menores, respecto de octubre de 2003, y su liderazgo se divide porque algunos sectores percibieron los riesgos de sus acciones, explicó a IPS el director del Centro de Investigación para el Campesinado (CIPCA-La Paz), Carlos Hugo Laruta.
El líder campesino Román Loayza, afín al izquierdista MAS, concedió al Congreso un plazo de cuatro días que finaliza el viernes para convocar a una asamblea constituyente.
En el segundo día de las movilizaciones, Loayza marcó su diferencia con el propio MAS y ahora apuesta por la nacionalización de los hidrocarburos.
La empresa estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) debe fortalecerse y encargarse de la exploración, desarrollo, producción y comercialización de hidrocarburos, dijo a IPS.
Entre gases lacrimógenos y corridas de los manifestantes, el gobierno, mediante su ministro de Seguridad Interna, Saúl Lara, reveló que hay gente que busca de manera intensa contactos con miembros de las Fuerzas Armadas y la policía, pero no identificó a las personas.
Laruta descarta un riesgo inmediato para la unidad nacional y deposita sus esperanzas en una gran masa ciudadana silenciosa que no apoyará una fractura, pero advierte que este sector numeroso en todo el país, eventualmente, podría apoyar un golpe de Estado.
