Medidas para compensar a cientos de miles de víctimas del conflicto armado interno que asoló Perú de 1980 a 2000 van camino de hacerse realidad, tras una serie de reuniones de autoridades y funcionarios realizadas en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.
La Comisión Multisectorial de Alto Nivel para el Diseño y Seguimiento de una Política de Paz, Reparación Colectiva y Reconciliación Nacional, más conocida como Cman, informó el viernes que ha pedido al Poder Ejecutivo una ampliación presupuestal de 48 millones de soles (unos 15 millones de dólares) para otorgar esas compensaciones a comunidades afectadas por la violencia.
El secretario ejecutivo de la Cman, Jaime Urrutia, dijo a IPS que espera que el pedido sea aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros y luego por el Congreso, y recordó que los muertos por el conflicto armado (que enfrentó al insurgente grupo maoísta Sendero Luminoso y al ejército pero cobró además gran cantidad de víctimas no combatientes) fueron casi 70.000 según cálculos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
Los desaparecidos se calculan en casi 9.000 y los desplazados y discapacitados también son miles, por no hablar de las víctimas de violación sexual, cuyo número siempre ha sido difícil de precisar, indicó.
Ante esas cifras, la cantidad pedida por la Cman aparece apenas como un paliativo.
Parte del problema consiste justamente en determinar cuántas personas fueron realmente afectadas por la violencia política. En el informe final de la CVR, entregado el 28 de agosto del 2003, se manejó la cifra de 69.280 muertos, con base en cálculos que se consideran serios, a falta de datos precisos porque miles de las víctimas carecían de documentación.
Esa comisión consideró que los sitios de entierro clandestino, colectivos e individuales, fueron más de 4.000, pero la mayoría de ellos ni siquiera se han ubicado con precisión, y las exhumaciones realizadas son relativamente pocas.
La insistencia de la Cman en el asunto ha dado frutos políticos. Hemos percibido en el presidente Alejandro Toledo un renovado interés en el tema, dijo a IPS Ernesto Alayza, quien participa en ese organismo como representante de la Coordinadora de Derechos Humanos, el más importante colectivo de organizaciones no gubernamentales humanitarias del país.
Alayza añadió que la importancia del pedido al Poder Ejecutivo radica en que es la primera vez que se solicita dinero con el fin de reparar a comunidades que de acuerdo con estudios realizados por la Cman fueron golpeadas por la violencia.
Antes se funcionaba en base a pedidos sueltos, explicó.
El Estado destinó a ese reparaciones más de 34 millones de dólares en el presupuesto general para este año, y la partida correspondiente ya está en ejecución por parte de ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales, pero el control sobre el manejo de esos fondos resultaba algo impreciso.
El actual pedido de la Cman, en cambio, detalla que los fondos se destinarán a más de 246.000 personas residentes en ocho departamentos, 35 provincias, 129 distritos y 562 comunidades identificadas con precisión, explicó Urrutia, quien apuntó que de todos modos se trata de una cantidad muy reducida.
Para 2006 se han pedido 60 millones de soles (casi 19 millones de dólares) más, pero todo esto no es suficiente. Yo creo que el proceso de reparación debería durar unos 10 años, alegó.
En el mismo sentido se pronunció Sofía Macher, ex integrante de la CVR, quien además fue enfática al señalar la necesidad de crear un Registro Nacional de Víctimas.
Ese registro es indispensable, es el punto de partida, pues si no se tiene tiene clara conciencia de quiénes fueron los afectados no quedará consumada la reparación, sostuvo.
El Estado, según ella, debería incluso otorgar un documento que identifique a las víctimas y que simbolice un reconocimiento pleno de los errores que se cometieron.
Si eso no ocurre no hay restitución de derechos, y los beneficios otorgados pueden ser visto simplemente como una ayuda social, aseveró Macher.
En Perú, a diferencia de lo que ocurrió en Chile y Argentina, la inmensa mayoría de víctimas de la violencia política provenían de los sectores más pobres y excluidos de la población.
De similar opinión fue Julie Guillerot, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos, quien además observó que el proceso de consulta para la elaboración del Plan de Reparaciones fue sumamente limitado y no incluyó a la población afectada. Al igual que Macher y Urrutia, consideró que era urgente un Registro Nacional de Víctimas.
Una idea de la intensidad con que fueron golpeados los pobres del Perú, tanto por Sendero Luminoso como por el ejército, la da otro cálculo de la CVR: 75 por ciento de las víctimas hablaban quechua u otra lengua nativa, y 79 por ciento vivían en zonas rurales, donde se concentran la población económicamente más deprimida del país.
El dinero solicitado para las reparaciones será destinado a becas de estudio, educación y atención médica gratuitas, rehabilitación de caminos e infraestructura dañada, programas de salud mental, construcción de viviendas. Pero nada de eso parece suficiente para compensar a las decenas de miles de personas que perdieron familiares, amigos, esperanza. (FIN/IPS/re/mp/hd ip sl/05)
