Una marcha obrera de 110 kilómetros entre la altiplanicie y la sede de gobierno de Bolivia y la amenaza de toma del propio Congreso, entre otros edificios públicos, surgen como respuesta a la nueva legislación sobre hidrocarburos, que el presidente Carlos Mesa teme promulgar.
Las organizaciones sociales agrupadas en el llamado Pacto Antioligárquico comenzarán este miércoles una movilización por la nacionalización del petróleo y el gas natural y la defensa de los territorios indígenas amenazadas por empresas transnacionales, acción que analistas entienden ayudará a deteriorar aun más la institucionalidad, ya frágil desde hace tres años.
En el escritorio de Mesa espera para su promulgación la norma de hidrocarburos aprobada la semana pasada por el Congreso legislativo, que establece un impuesto complementario de 32 por ciento al 18 por ciento de regalías que deberán pagar las firmas privadas al Estado boliviano.
La oposición de izquierda y el Pacto Antioligárquico, que reúne a los sindicatos de obreros y de campesinos y asociaciones de vendedores callejeros, desocupados y otros sectores sociales, rechazan la ley por entender que así no se llega al 50 por ciento real del valor petrolero reclamado, debido a que el impuesto de 32 por ciento es acreditable y deducible.
Por su parte, los empresarios también se oponen, pero porque consideran que se violó la seguridad jurídica al imponer la revisión de los contratos existentes, para aumentar la carga tributaria y garantizar la propiedad estatal de los yacimientos.
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En una reunión de 10 horas con sus colaboradores, Mesa advirtió que el nuevo cuerpo legal dividía a su propio gabinete de ministros entre los que están a favor de aplicar mayor presión impositiva sobre las petroleras y la corriente defensora de los compromisos internacionales y el respeto a la inversión extranjera.
Esa diferencia de opiniones fue la que dejó en suspenso la promulgación de la norma, mientras se preparan las movilizaciones sindicales convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Movimiento al Socialismo (MAS), el mayor partido de oposición liderado por el dirigente indígena de cultivadores de hoja de coca y parlamentario Evo Morales Ayma.
El MAS reclama la nulidad de los 76 contratos firmados por las firmas petroleras con el Estado, para imponerle a las concesionarias la aplicación lisa y llana de 50 por ciento de regalías en lugar de impuestos. Con esa premisa, la agrupación anunció una movilización general desde el lunes 16, cuando finaliza el plazo legal que tiene el gobierno para hacer efectiva la ley.
El gobierno se halla entre la espada y la pared por las presiones externas, de las empresas petroleras y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que este año condicionó su respaldo a la frágil economía con una seria advertencia sobre la necesidad de evitar un cambio en los contratos del sector energético.
Los contratos de referencia son 76 y fueron firmados entre 1996 y 2002 por los gobiernos centroderechistas de Jorge Quiroga y de Gonzalo Sánchez de Lozada con, entre otras, la estatal brasileña Petrobras, la española Repsol y su filial argentina Repsol-YPF, las estadounidenses Maxus, Pan American y Exxon, y las británicas British Gas y British Petroleum.
Las firmas transnacionales invirtieron desde entonces unos 3.500 millones de dólares en la preparación de yacimientos gasíferos con la posibilidad de exportar a Brasil, Argentina, México y Estados Unidos.
Los planes de ventas a Argentina y en especial a Brasil se cumplen con regularidad, pero una férrea defensa de los recursos naturales y contraria a la venta de gas a Estados Unidos precipitó en octubre de 2003 la llamada guerra del gas, que cobró la vida de 67 personas a manos de fuerzas represivas del gobierno según datos de organizaciones humanitarias.
El enfrentamiento culminó con la renuncia y fuga del país de Sánchez de Lozada y la nominación por parte del Congreso de Mesa, hasta ese momento vicepresidente, para completar el mandato constitucional en agosto de 2007.
Bolivia posee la segunda mayor reserva de gas natural de América del Sur, después de Venezuela, con 53 trillones de pies cúbicos, y ese volumen lo convierte en potencial proveedor del carburante a los países de la región.
La semana pasada, el presidente mexicano Vicente Fox firmó una carta de intenciones con Mesa para la compra de gas natural y la cancillería boliviana anunció que la operación se cumpliría tras la promulgación de la nueva ley.
A su vez, el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Jorge Gumucio, informó que el meridional puerto peruano de Ilo, a 520 kilómetros al este de La Paz, será el punto de salida del carburante en dirección a México, tras el frustrado intento del gobierno anterior de canalizar la exportación por el puerto chileno de Patillos.
Mientras la espera de la nueva ley crea incertidumbre, el analista Jorge Lazarte concluye que el país ingresó en un proceso inocente de destrucción y no descarta que el cuadro se complete con un desplome institucional y una intervención de una fuerza multinacional para devolver el orden interno.
Lazarte es un sociólogo que ocupó una vocalía de la Corte Nacional Electoral y su presencia como asesor sindical y luego como analista político tiene origen en la década del 70, junto al histórico líder sindical Juan Lechín Oquendo cuando las fuerzas populares estuvieron próximas a al gobierno en marzo de 1984 de la mano del presidente Hernán Siles Zuazo.
Este experto refuerza su hipótesis y recuerda que la última gira de la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Condoleezza Rice, realizada semanas atrás, expresó su preocupación por el curso de la democracia en Ecuador y Bolivia.
En tanto, el analista político y docente universitario Joaquín Saravia observa el riesgo de una desintegración nacional en un ambiente dominado por las corrientes empresariales y de grandes terratenientes que buscan las autonomías departamentales, tanto política como económica, desde el oriente del país.
Detrás de la demanda de autonomía existe el peligro de la disgregación de la nación, comentó Saravia a IPS y respaldó el análisis de Lazarte al recordar que desde hace cuatro años existe un plan internacional orientado a mantener la estabilidad política de Bolivia.
La primera acción de los países vecinos como Brasil y Argentina, ambos con intereses energéticos, se dará en el terreno diplomático, explicó, sin descartar que la vía militar en coordinación con las fuerzas del orden bolivianos sea el siguiente paso.
A estas preocupaciones se suma la dubitación del presidente Mesa, quien anunció su renuncia el 6 de marzo, aunque el Congreso lo ratificó en el cargo en medio del aumento de tensión por la ley de hidrocarburos y otros conflictos sociales.
Mesa siente afecto por el cargo, y eso lo anima a continuar al mando de un país que es ingobernable desde inicios de la República, según Lazarte.
La semana pasada, las empresas petroleras, a través de sus voceros, amenazaron con dejar en suspenso su programa de inversiones debido a la nueva legislación, porque las obliga a cambiar los términos de los contratos.
También el gobierno de Mesa teme una ola de juicios y hasta demandas por unos 8.000 millones de dólares, sin descartar un aislamiento económico que debilitaría a una economía ya sujeta a donaciones y créditos por 450 millones de dólares anuales para cubrir su déficit fiscal.
Pero el analista económico Vincent Gómez-García es contundente cuando reclama una intervención gubernamental a las firmas petroleras para determinar el daño causado al país por la explotación de los recursos hidrocarburíferos, mediante contratos inconstitucionales y sin aprobación congresal.
El Tribunal Constitucional se pronunció y declaró la ilegalidad de los 76 contratos de las empresas petroleras, pero ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo realizaron trámite posterior para depurar el contenido de los compromisos entre el Estado y las compañías extranjeras.
La explotación de las reservas de gas natural tendrían que servir de impulso para implantar un nuevo modelo de desarrollo productivo, en un ambiente competitivo y solidario, dijo Gómez-García a IPS.
Según estimaciones del senador Hugo Carvajal, del opositor Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, con la nueva ley se incrementarán las recaudaciones efectivas en 17 por ciento y las arcas estatales recibirán unos 700 millones de dólares por año.
