Una multitud marchó este viernes por la capital uruguaya en el anual homenaje a los desaparecidos por la represión militar, con la presencia por primera vez de un presidente, Tabaré Vázquez, y la inminente resolución al pedido de prisión para el ex dictador Juan María Bordaberry.
La llamada Marcha del Silencio es convocada por organizaciones defensoras de los derechos humanos desde hace 10 años en el día que se recuerda el hallazgo en 1976 en Buenos Aires de los cuerpos baleados y torturados de Rosario Barredo, William Whitelaw, del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
Tras un gran cartel que rezaba "Para el pasado: Verdad, en el presente Justicia, por siempre: Memoria y Nunca Más", la manifestación de unas ocho cuadras de extensión se desplazó totalmente en silencio por la principal avenida de Montevideo para culminar cantando el himno uruguayo a capela al pie del monumento a la libertad.
Antes de llegar a ese lugar los primeros participantes de la caminata, que portaban las fotos de las víctimas, se escucharon por altoparlantes testimonios de lo encontrado en el campo de concentración de Buenos Aires denominado "Automotores Orletti", donde fueron torturados muchos de los desaparecidos uruguayos y otros que lograron sobrevivir.
Entre los miembros del gobierno presentes en la marcha, además del presidente Vázquez —quien estaba acompañado por el secretario de la presidencia, Gonzalo Fernández—, se contaban dos de los hijos de Michelini, el senador Rafael Michelini y el subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini, además de varios ministros y otros funcionarios.
La Marcha del Silencio tuvo este año la particularidad de realizarse días antes de que el juez Ricardo Timbal decida si procesa con prisión a Bordaberry y a quien fue su canciller, Juan Carlos Blanco, por cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravado, como solicitó la fiscalía.
Bordaberry fue el presidente elegido en las urnas en 1971, quien en 1973 encabezó el golpe de Estado cívico-militar que dio origen a una dictadura de 12 años.
El avance en esta causa y los pasos dados por el flamante gobierno del izquierdista Vázquez en favor de esclarecer lo ocurrido durante la dictadura aumentan la confianza de que "esta vez se haga justicia" finalmente, comentó a IPS al terminar el acto la ex diputada Matilde Rodríguez, viuda de Gutiérrez Ruiz.
A pesar de que el juez tiene un plazo máximo de 45 días a partir del martes próximo para emitir fallo, la abogada querellante Hebe Martínez Burlé dijo a IPS tener la convicción de que Timbal decidirá de modo rápido.
Martínez Burlé señaló, además, que se han presentado pruebas "más que suficientes para que el juez siga el criterio de la fiscal Mirtha Guianze, lo cual implicaría para el acusado una sentencia de 15 a 30 años de cárcel". Entre las más contundentes se cuentan documentos desclasificados en los últimos meses en Uruguay, Argentina, Chile y especialmente en Estados Unidos.
La abogada de la familia Michelini indicó que la fiscal pudo así establecer la existencia del Plan Cóndor, la coordinación de las dictaduras del Cono Sur de América nacida en 1975 para reprimir por encima de fronteras, en el marco del cual se perpetraron los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw.
Esa operación supranacional está sometida a investigación también en Argentina, en grado más avanzado, lo cual ha motivado una suerte de carrera por los requerimientos de los imputados. El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral no ha descartado pedir la extradición de Bordaberry y de otros, como ya lo hizo sin éxito a fines de los años 90 con varios militares.
Sin embargo, Martínez Burlé espera y cree que finalmente Bordaberry será juzgado y condenado en Uruguay, aunque valora la actuación de la justicia más allá de fronteras cuando se trata de delitos contra la humanidad.
"Si bien lo respeto y aprecio el trabajo del juez español Baltasar Garzón, que llevó a una cárcel de su país al represor argentino Adolfo Scilingo, prefiero que Bordaberry sea enjuiciado en Uruguay", sostuvo.
El otro imputado en la causa uruguaya, el ex canciller Blanco, es hasta ahora el único procesado en relación a crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura en Uruguay. El procesamiento, por el cual estuvo en prisión preventiva, fue por el asesinato de la maestra Elena Quinteros, secuestrada por represores en 1976 de los jardines de la embajada de Venezuela.
Sobre Bordaberry también pesa la acusación de atentado a la Constitución, como responsable del golpe de Estado de 1973, causa aún en curso de apelación.
La falta de enjuiciamiento a la represión ilegal de los años 70 y 80, que llevó a Uruguay a tener la mayor cantidad de presos político de América del Sur con relación a su población, se debe a la ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, avalada por un plebiscito en 1989 y que dejó fuera de los tribunales a militares y policías.
Esa norma, empero, dejó el camino libre a la investigación del destino de más de 210 detenidos-desaparecidos uruguayos, la mayoría de ellos en Argentina, y el paradero de los hijos de varios secuestrados, así como el enjuiciamiento de los cómplices civiles de los crímenes contra la humanidad.
Esta semana, se sumaron a la lista otros tres casos de desaparecidos no denunciados hasta ahora y cometidos también en 1976 en Argentina.
Pero la decisión de qué casos estaban sujetos o no a la actuación de la justicia quedó en manos del Poder Ejecutivo.
Los presidentes que se sucedieron tras la recuperación democrática, los centroderechistas Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Luis Lacalle (1990-1995) no tuvieron voluntad política para avanzar en ésta y otras causas en las que están involucrados civiles, y trabaron todo intento al respecto, comentó Martínez Burlé.
Sólo tras la llegada al gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), del mismo Partido Colorado que Sanguinetti y del propio Bordaberry, pero autodefinido liberal, se impuso un clima de mayor apertura, en especial por la creación de la Comisión para la Paz, cuya misión fue dar con el destino de los desaparecidos.
En ese marco, se reactivó la causa por los asesinatos del senador Michelini, cofundador del hoy gobernante Frente Amplio, y de Gutiérrez Ruiz, del tradicional Partido Nacional y presidente de la Cámara de Diputados al momento del golpe de Estado.
Un día después del secuestro de los cuatro uruguayos, el 19 de mayo de 1976, fue apresado en Buenos Aires otro militante político de este país, el médico comunista Manuel Liberoff, quien permanece desaparecido.
En su discurso de asunción a la Presidencia el 1 de marzo, Vázquez anunció que esos casos no estaban amparados por la Ley de Caducidad, y que ordenaría de inmediato a expertos civiles que excavaran en dos cuarteles cercanos a Montevideo en busca de restos de desaparecidos.
Dichas operaciones se realizarán con control judicial, aclaró este viernes el secretario de la Presidencia, Fernández.
Esos trabajos se llevan adelante con la ayuda de científicos argentinos, experimentados en la búsqueda de cuerpos de desaparecidos, que en ese país llegaron a 30.000 durante la represión a opositores de la última dictadura (1976-1983), según datos de organizaciones humanitarias.
Vázquez también remitió al parlamento un proyecto de ley que crea la figura de desaparición forzada de personas, que permitirá a los familiares de las víctimas resolver todas las cuestiones de orden civil pendientes, como trámites sucesorios y cobro de pensiones.
