El caso del abogado tunecino Mohamed Abbou, preso por criticar al presidente de su país, dista mucho de ser apenas un asunto local. A tal punto que el gobierno de Estados Unidos se manifestó muy preocupado por el incidente.
Abbou recibió un condena de tres años y medio de cárcel el 29 de abril por cuestionar la invitación del presidente Zine El-Abidine Ben Alí al primer ministro de Israel, Ariel Sharon, a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se celebrará en Túnez en noviembre.
El delito que se imputó a Abbou fue el de perturbar el orden público.. Sus declaraciones habían aparecido en el sitio web Tunisnews, censurado en su país.
El abogado también publicó un artículo en que comparaba las condiciones de vida en las cárceles de este país de África septentrional con las de la prisión iraquí de Abu Ghraib.
La condena contra Abbou conmocionó a la opinión pública de Túnez y fue recibida con particular alarma por la comunidad nacional de abogados, quienes realizaron una protesta en la asociación profesional que los reúne, frente al Palacio de Justicia.
Las audiencias del caso se desarrollaron el 28 de abril. Gran cantidad de policías cerraron las instalaciones del Palacio de Justicia a los pocos observadores internacionales que acudieron a presenciar las deliberaciones.
Activistas que atinaron a ingresar en la sede judicial fueron violentamente desalojados.
El abogado de Abbou, Raouf Ayadi, dijo que el juicio tuvo varios problemas de procedimiento, como la fusión de la acusación por incitación al desorden público con otra por agresión presentada por un funcionario del partido de gobierno, al parecer para desacreditar al abogado.
También cuestionó la negativa de los jueces a admitir varios pedidos de la defensa, entre ellos el de postergar la audiencia para que Ayadi y Abbou examinaran la acusación por agresión.
Para colmo, no se permitió la comparecencia de los testigos de la defensa, dijo Ayadi. Los jueces no hicieron nada para ocultar el hecho de que el juicio fue un ajuste de cuentas político del régimen contra disidentes, según el abogado.
Éste es el mismo Túnez que se enorgullece de haber liberalizado el uso de Internet y de promover la sociedad de la información.
Grandes carteles anuncian la cumbre en la sala de llegadas de los aeropuertos tunecinos. En cada discurso, Ben Alí menciona esta conferencia, a la cual llegó a calificar de voto de confianza de la comunidad internacional para las visionarias políticas de Túnez.
Pero en Túnez parecen más dispuestos a liberalizar las armas que las palabras, dijo Khelil Ezzaouia, líder de la Liga Tunecina por los Derechos Humanos.
Activistas advierten que las autoridades organizan los asuntos públicos para crear la apariencia de democracia y de estado de derecho con el fin de asegurar el apoyo del Norte industrial.
En parte, logran ese objetivo a través de la manipulación de los contratos de publicidad estatal. La gubernamental Agencia de Comunicación Externa tiene el mandato legal de asignar fondos públicos a publicidad.
Organizaciones de la sociedad civil aseguran que esos contratos solo benefician a los medios de comunicación que se abstienen de informar sobre noticias o puntos de vista que dejen mal parado al gobierno.
También los avisadores del sector privado se abstienen de contratar espacios en medios avalados por la Agencia. Según el Consejo Nacional por las Libertades de Túnez, esas publicaciones suelen difamar a los disidentes y aplaudir todas las decisiones y declaraciones de Ben Alí.
Solo dos de los 300 periódicos que se publican en Túnez son abiertamente opositores: Al Mawkif y Attariq al Jadid. Ninguno de ellos recibe publicidad estatal.
Los medios de comunicación electrónica son, casi sin excepción, estatales. Apenas una estación privada, Radio Mosaique, recibió permiso para entrar en el éter en noviembre pasado.
Pero las condiciones en que las autoridades le otorgaron la licencia son poco transparentes
Un solo canal de televisión se proclama como privado, Hannibal. Sin embargo, recibe un fuerte subsidio del gobierno.
Los resultados de esta política de propiedad de los medios quedaron de manifiesto en las elecciones presidenciales de 2004.
La organización International Media Support, con sede en Copenhage, calculó que Ben Alí concentró 77 por ciento de la cobertura electoral de los medios audiovisuales y 92 por ciento de la realizada por la prensa.
Con ese apoyo, terminó reelegido para un cuarto periodo presidencial con 94,45 por ciento de los votos.
Los tunecinos se conforman con la 'estabilidad política' que brinda el régimen de mano dura de Ben Alí, y por eso postergan sus esperanzas en la instauración democrática, concluyó el activista de derechos humanos Khedija Chérif.
(*) Este análisis es publicado en conjunto por IPS y la agencia de noticias InfoSud, con sede en Suiza.
