Equipos de rescate reanudaron este lunes, en medio de un fuerte temporal de nieve, la búsqueda de 19 reclutas del Ejército chileno desaparecidos durante maniobras en el sur del país hace cinco días, sin esperanza ya de hallarlos vivos, en el capítulo final de una tragedia que podría sepultar también a la criticada institución del servicio militar obligatorio.
Cuarenta reclutas y un sargento del regimiento número 17 de la ciudad de Los Ángeles, unos 500 kilómetros al sur de Santiago, se perdieron el jueves en las faldas del cercano volcán Antuco cuando marchaban en medio de un temporal de viento y nieve. De ellos, el sargento y 21 reclutas ya habían sido encontrados muertos hasta la noche del domingo.
La tragedia de Antuco ha desatado una sensibilidad en el país ampliamente favorable a acabar con el SMO (servicio militar obligatorio), dijo este lunes a IPS el teólogo Álvaro Ramis, de la Red de Objetores de Conciencia, conglomerado de una decena de grupos religiosos, juveniles y humanitarios que propugna la voluntariedad de dicho servicio.
Los 40 reclutas tenían poco más de 18 años y hacía apenas tres meses que habían iniciado su servicio militar. Su muerte se debió a que sus superiores no sólo desatendieron los informes meteorológicos al ordenar las maniobras, sino que además los enviaron sin el vestuario y demás equipos adecuados para enfrentar la nieve y el intenso frío.
El terremoto blanco que provocó la mortandad causó también un gran remezón en el Ejército, cuyo comandante en jefe, el general Juan Emilio Cheyre, fue respaldado el sábado por el presidente Ricardo Lagos al iniciar su informe anual al país en la sede del Poder Legislativo en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de la capital.
Cheyre removió de sus cargos el jueves al coronel Roberto Mercado, al teniente coronel Luis Pineda y al mayor Patricio Cereceda, principales mandos del regimiento de Los Ángeles, y este lunes trascendió la inminente destitución del general de brigada Rodolfo González, jefe de la tercera división del Ejército.
Lagos elogió a Cheyre como propulsor de la plena integración de los militares a la vida democrática tras la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), se solidarizó con el Ejército y con los familiares de las víctimas, y parece dispuesto a evitar que las responsabilidades por esta tragedia evitable recaigan en el comandante en jefe.
Posiciones similares expresaron los líderes de los partidos políticos de la gobernante coalición de centroizquierda y de la oposición derechista representados en el parlamento, así como los precandidatos de esos conglomerados para las elecciones presidenciales de diciembre próximo.
Lagos y Cheyre viajaron el sábado a Los Ángeles a una ceremonia de homenaje ante los féretros de 13 de las víctimas, acompañados por la socialista Michelle Bachelet y la demócrata cristiana Soledad Alvear, aspirantes presidenciales del oficialismo, y por el conservador Joaquín Lavín y el liberal Sebastián Piñera, precandidatos derechistas.
Tanto Alvear como Piñera sostuvieron que hay que avanzar hacia un servicio militar voluntario.
La oficialista señaló que dentro de nuestra propuesta de gobierno, de aquí al 2007 deberíamos estar en condiciones de tenerlo, con mayor participación de las mujeres, que demuestran gran interés e incentivos salariales y no salariales (capacitación, subsidios de vivienda). El opositor coincidió sobre la necesidad de aumentar los incentivos materiales.
Cheyre anunció el domingo que la familia de cada recluta muerto cobrará un seguro de vida de 5.400 dólares y una indemnización de 4.900 dólares, y tendrá derecho a percibir una pensión mensual del orden de los 260 dólares.
Las responsabilidades finales del general González y los demás mandos se determinarán mediante una investigación sumaria en el propio Ejército, que el general Tulio Hermosilla deberá llevar a cabo en un plazo de 20 días.
La no gubernamental Corporación de Derechos Ciudadanos demandó una revisión del SMO a raíz de este episodio, y sostuvo además, a través de la abogada Alejandra Arriaza, que la justicia civil, y no sólo la militar, debe investigar la tragedia de Antuco, así como otras muertes de reclutas ocurridas en los últimos años en Chile.
El SMO tiene en Chile una larga historia de violencia. Hay muchos casos de muertes no aclaradas. La conscripción (servicio militar) obligatoria no representa ninguna solución para la juventud chilena y no se condice con una sociedad democrática, comentó Ramis a IPS.
El teólogo recordó que continúan sin ser esclarecidas las muertes en regimientos del recluta Pedro Soto en 1996, el cabo Orlando Morales en 2002 y el conscripto (soldado en servicio obligatorio) Raúl Aedo en 2003.
El 4 de este mes falleció alcanzado por un disparo en la cabeza durante unos ejercicios el conscripto César Soto. El 9 pereció ahogado en un lago otro recluta: Alejandro Ríos, y al día siguiente murió de un balazo en el abdomen el también conscripto Mauricio Riquelme.
La Red de Objetores de Conciencia convocó para este martes a una marcha en Santiago de solidaridad con las víctimas del regimiento de Los Ángeles y señaló que no descarta acciones judiciales tanto en Chile como ante tribunales internacionales para evitar que continúen las muertes de jóvenes en el ejercicio del servicio militar obligatorio.
Ramis indicó que la oposición derechista ha impedido la aprobación en Chile de una reforma del SMO acordada en el año 2000 por el Ministerio de Defensa y organizaciones de la sociedad civil.
En abril de este año, los votos en el Senado de la Unión Demócrata Independiente y de algunos parlamentarios del Partido Renovación Nacional, ambos de derecha, junto con los de cuatro senadores designados como representantes de las Fuerzas Armadas, impidieron alcanzar la mayoría de dos tercios que se requiere para esa reforma, señaló.
Ahora está en debate en una comisión mixta de diputados y senadores una modificación que Ramis calificó de light (superficial), que introduciría entre las incapacidades para cumplir el SMO, y por tanto como causales de exclusión, razones físicas, psicológicas y éticas.
El servicio militar se ha convertido en Chile en un factor de diferenciación social, ya que cada año deberían ser reclutados unos 120.000 jóvenes que cumplen 18 años, pero las plazas disponibles son 20.000 (incluyendo a 1.000 mujeres), y quienes las ocupan provienen mayoritariamente de familias pobres.
Situaciones similares se dan en otros países latinoamericanos, entre ellos Brasil, donde solo 10 por ciento de los 3,2 millones de potenciales reclutas cumple efectivamente la conscripción. Allí se planea instituir un servicio civil voluntario para acoger a parte de los jóvenes que quedan fuera de los institutos militares.
El senador demócrata cristiano Sergio Páez señaló que en los hechos 87 por ciento de la conscripción en Chile es voluntaria, en tanto ahora se da prioridad a quienes manifiesten explícitamente en el momento de inscribirse en los cantones de reclutamiento que quieren hacer el servicio militar.
Pero los objetores advierten que, cumpliendo o no el paso por regimientos, todos los varones mayores de 18 años pasan a la reserva militar y pueden ser llamados a las armas en caso de conflicto, aunque tengan convicciones pacifistas.
El Instituto Libertad y Desarrollo, vinculado con la derecha, señaló en 2004 que la real voluntariedad se alcanzará cuando la inscripción al servicio militar también sea voluntaria.
Según informes de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los únicos países de América Latina donde no existe servicio militar obligatorio son Argentina, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. También es voluntario de hecho en El Salvador desde el fin de la guerra civil en 1992.
La conscripción es igualmente voluntaria en Canadá y en los países del Caribe anglófono, así como en Haití y en Guyana, mientras que Guatemala, Honduras y República Dominicana tienen un original sistema con servicio obligatorio pero no exigible.
Nicolás Espejo, profesor de la facultad de Derecho de la privada Universidad Diego Portales, señaló que la libertad de conciencia es un derecho reconocido tanto por la Organización de Estados Americanos como por la ONU, que consagró también el derecho de toda persona a tener objeciones de conciencia al servicio militar.
Ese derecho puede ejercerse antes de ser llamado a la conscripción, durante ella e incluso después, al ser convocado a una movilización u otro acto militar, explicó.
