El nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, instó este jueves a crear mecanismos prácticos y objetivos para medir el respeto de sus miembros a la Carta Democrática Interamericana, adoptada en 2001.
Insulza, elegido por mayoría de 31 votos a favor, dos abstenciones y un voto en blanco, subrayó que tales mecanismos deberían incluir a los 34 miembros del foro hemisférico y asentarse en el diálogo más que en la intervención.
La asunción de Insulza se produce en un escenario de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, cuyo último capítulo se centra en la extradición reclamada por Caracas del terrorista cubano Luis Posada Carriles, detenido en Estados Unidos por cuestiones migratorias.
El ex ministro del Interior chileno, primer jefe de la OEA abiertamente de izquierda, también llamó a elaborar de inmediato una carta social interamericana como forma de impulsar la gobernabilidad democrática y de mostrar que la democracia es capaz de responder a las necesidades más acuciantes de la ciudadanía.
Una idea similar, lanzada por Chávez, ha sido desarrollada en sucesivas reuniones de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales latinoamericanos.
Los derechos sociales están inextricablemente vinculados a los políticos y al derecho de asociación, sostuvo Insulza en el salón principal de la sede de la OEA en Washington, a unos cientos de metros del edificio del Departamento de Estado (cancillería de Estados Unidos) y de la Casa Blanca.
Con un presupuesto anual de 80 millones de dólares, sesenta por ciento del cual es financiado por Estados Unidos, la OEA ha sido por mucho tiempo poco más que el instrumento multilateral favorito de Washington para imponer sus políticas regionales y su agenda estratégica al resto del continente.
En los últimos tiempos, parece haberse vuelto más marginal en los asuntos hemisféricos. Esto se debe en parte al desinterés del gobierno de George W. Bush en el continente americano y a la traumática transición entre el firme mandato del ex presidente colombiano César Gaviria, que condujo por 10 años a la OEA hasta 2004, y la instalación de Insulza.
El ex presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, fue elegido el año pasado para suceder a Gaviria, pero renunció en octubre, apenas tres semanas después de asumir el cargo, requerido por la justicia de su país por actos de corrupción durante su mandato (1998-2002), e inmediatamente arrestado al llegar a San José.
Insulza fue el último en una carrera de tres aspirantes que incluía al preferido de Washington, el derechista ex presidente salvadoreño Francisco Flores, y al canciller mexicano Luis Ernesto Derbez.
Flores, que contaba con poco más que el apoyo de Washington y de la mayoría de las naciones centroamericanas, se retiró de la contienda el 8 de abril.
A partir de entonces, Derbez, con respaldo de los estados de la cuenca del Caribe más cercanos a Estados Unidos y de la propia Casa Blanca, e Insulza, con la mayor parte de las naciones sudamericanas y de las caribeñas anglófonas, empataron en cinco rondas con 17 votos cada uno.
Durante su viaje a América del Sur a fines de abril, la secretaria de Estado (canciller), Condoleezza Rice, terminó con el callejón sin salida convenciendo a Derbez de retirarse.
La jugada fue vista como un acción pragmática por analistas de Washington que criticaron el apoyo inicial a Flores, accionado por los sectores anticastristas que encabezan el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roger Noriega, y su predecesor Otto Reich.
Rice jugó un papel muy pragmático y comprensivo, y los latinoamericanos se fueron complacidos con el resultado, en especial porque ella puso en marcha consultas amplias, según el presidente del Diálogo Interamericano, Peter Hakim, un influyente instituto de estudios con sede en Washington.
Sin embargo, el triunfo de Insulza fue visto como una significativa derrota simbólica para el gobierno de Bush y una señal clara de que la influencia de Estados Unidos en el hemisferio está menguando, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal.
Este voto es un indicador de que el peso de Estados Unidos, en términos diplomáticos, se ha reducido notablemente bajo el gobierno de Bush, dijo al periódico el experto en América Latina, Bruce Bagley, de la Universidad de Miami.
El hecho de que Insulza sea el primer secretario general de la OEA que no resulta el preferido de Washington alienta, según algunos observadores, cierta esperanza de que esté en posición de restaurar la estatura de la organización y de forjar consensos en una región muy dividida en ciertos aspectos, como mostró la carrera para la secretaría general.
Resulta importante que éste sea un hombre de estatura, que fue propuesto por los países latinoamericanos, no por Estados Unidos. Y es importante que Estados Unidos haya escuchado finalmente a sus pares en el hemisferio, apuntó el director de la Oficina sobre América Latina en Washington, Joy Olson, una organización no gubernamental de derechos humanos.
Quizás el principal desafío que afronta Insulza a corto plazo sea definir hasta qué punto Washington permanecerá en la actitud de escuchar, en especial en lo que se refiere a las relaciones con el gobierno venezolano de Hugo Chávez.
Desde la elección de Insulza, Noriega ha insistido en una propuesta para crear un nuevo órgano dentro de la OEA destinado a fiscalizar el respeto de las naciones miembro a la carta democrática, en lo que la mayoría de diplomáticos y analistas ven como un intento de aislar a Chávez.
En efecto, Noriega y los medios de comunicación estadounidenses describieron una declaración hecha por Insulza, que parecía respaldar tal iniciativa, como la razón central por la cual Rice retiró su apoyo a Derbez.
Durante una conferencia de prensa con Rice en Santiago, Insulza dijo que la OEA debía ampliar su misión y empezar a emplazar a gobiernos que no se hacen democráticamente responsables de sus actos.
En un mensaje de correo electrónico interno a las embajadas estadounidenses, posteriormente filtrado al diario The New York Times, Noriega sostuvo que Insulza aceptó sin dudar nuestra exhortación de que efectuara una declaración pública aludiendo al peligro de Chávez.
En declaraciones de este jueves, Insulza aludió, aunque muy diplomáticamente, a la iniciativa, subrayando que la cláusula democrática fue suscrita para ser cumplida. La carta democrática no es una declaración más.
Por tanto, se requieren mecanismos objetivos y prácticos que nos permitan evaluar el funcionamiento de la democracia en los estados miembros. Corresponde a los países miembros concordar los mecanismos para implementar las obligaciones de la carta, añadió.
En América Latina, ese interés no se refiere particularmente a Venezuela, sino a otras democracias que han mostrado gran debilidad e inestabilidad.
Por ejemplo Bolivia, cuyo presidente fue derrocado en 2003 y atraviesa ahora una nueva crisis por la explotación petrolera, y Ecuador, cuyo mandatario fue destituido en abril por el parlamento mediante un mecanismo que no se apegaba a las normas constitucionales y en medio de manifestaciones y disturbios.
En una conferencia de prensa celebrada luego de su asunción al cargo, Insulza reiteró la importancia de diseñar tal mecanismo, pero volvió a subrayar que debía ser voluntario y participativo.
Quiero crear un diálogo político para hallar un camino posible, dijo, e insistió en que no buscaba un instrumento para llegar de modo intervencionista a un país y decir: en una escala de uno a 10, usted tiene un seis, así que haremos esto y aquello.
La OEA no es un sistema presidencialista, es un sistema parlamentario, señaló.
