En siete días un periodista mexicano fue asesinado, otro desapareció y a una tercera le descerrajaron nueve balazos. Fueron víctimas de narcotraficantes y, posiblemente, de policías cómplices que buscan suprimir noticias inconvenientes.
La racha de ataques, entre el 2 y el 8 de este mes, es una de varias que se repiten cada año en México junto a un guión de reclamos y protestas de sindicatos y asociaciones de periodistas contra el gobierno por los peligros que entraña el ejercicio del periodismo, en especial cuando éste hurga en el mundo del narcotráfico.
En 2004 murieron cuatro periodistas y desde diciembre de 2000, cuando asumió el presidente Vicente Fox, hasta ahora los muertos llegan a 11. Durante la gestión de Ernesto Zedillo (1994-2000), los comunicadores muertos fueron 19, y 57 en la administración de Carlos Salinas (1988-1994).
Que regresen a mi hijo, ni siquiera queremos saber quiénes lo detuvieron, por favor que lo suelten, dijo angustiado a IPS Alfredo Jiménez, padre de un joven periodista del mismo nombre que despareció el 2 de abril en Sonora, estado fronterizo con Estados Unidos, donde operan violentas bandas de narcotraficantes.
Jiménez, reportero del diario estadual El Imparcial, en el que publicó varias notas sobre narcotráfico, es buscado por más de 100 policías federales, mientras sus padres deambulan por oficinas públicas reclamando agilidad en las diligencias. Estamos desesperados, ya no podemos más, dijo Jiménez vía telefónica desde su residencia en Sonora.
Casi 100 personas han sido ejecutadas en México en hechos que las autoridades ligan al contrabando de drogas.
Los delincuentes mexicanos, que actúan en coordinación con traficantes de Colombia y de otros países productores, son responsables del transporte de 70 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos, el principal mercado mundial, además de importantes cantidades de heroína, metanfetaminas y marihuana.
Se cree que la periodista Guadalupe García, quien sufrió nueve disparos el 5 de este mes en el septentrional y fronterizo estado de Tamaulipas, fue una de las víctimas de los contrabandistas de drogas, aunque las investigaciones aún no han probado el vínculo.
García permanece hospitalizada en estado muy grave.
Raúl Gibb, director del periódico La Opinión del estado de Veracruz, en el Golfo de México, no corrió igual suerte. Le dispararon el 8 de abril, cuando conducía su automóvil, y murió al instante.
La mayoría de los crímenes contra periodistas de este mes y anteriores siguen impunes, igual que casi todos los cometidos por bandas de narcotraficantes.
Los periodistas son un eslabón en la cadena de crímenes de las mafias de las drogas, dijo a IPS la directora del no gubernamental Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), Leonarda Reyes.
El problema es que hay fallas en las investigaciones de la policía y que las leyes no son las adecuadas para garantizar la seguridad de los comunicadores, apuntó.
Las organizaciones de periodistas demandan al gobierno federal que se ocupe de las investigaciones de estos crímenes, usualmente confinadas al ámbito de las policías estaduales, y que efectúe reformas legales para asegurar una impartición de justicia independiente y nacional.
Las reformas reclaman la jurisdicción de la fiscalía federal en la pesquisa de crímenes contra periodistas y la independencia del procurador general, hasta ahora nombrado por el presidente y subordinado al Poder Ejecutivo.
El gobierno, al que se reconoce respeto a la libertad de expresión, asignó varios casos a fiscales federales. Pero afirma que las leyes acotan la jurisdicción federal en la investigación de delitos cometidos en los estados.
Las autoridades han presentado iniciativas para reformar leyes penales que incluyen las dos demandas de los periodistas, pero éstas afrontan cierta parálisis legislativa y ausencia de lobby (cabildeo) oficial, pues el partido de gobierno no cuenta con mayorías en la Cámara de Diputados, por lo cual parecen condenadas al fracaso. Así que la Procuraduría General (fiscalía) sigue dependiendo enteramente del gobierno.
Además, detrás de los asesinatos y atentados se encuentran también policías y en ocasiones militares que trabajan para la delincuencia organizada, según se ha comprobado en varias investigaciones.
En México operan al menos siete bandas de narcotraficantes con ingentes recursos económicos, armas poderosas y complejas estructuras, admite el gobierno.
Como en otras ocasiones, tras la actual racha de ataques a periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reúne a dueños de medios de comunicación, reclamó al gobierno mayor protagonismo en la investigación y sanción de los culpables.
Según la Asociación de Periodistas del estado central de Zacatecas, los comunicadores más que nunca, estamos en un estado de indefensión.
Las continuas protestas de asociaciones periodísticas contra los crímenes no parecen dar resultados, aunque a largo plazo esto podría cambiar, sostuvo Reyes, la directora del Cepet.
Para exigir garantías a la libertad de expresión plena y castigo ejemplar a los crímenes y agresiones en contra de periodistas, decenas de comunicadores salieron por primera vez a las calles en octubre de 2004 en 10 de los 32 estados del país, y 232 firmaron una declaración pública.
El gobierno de Fox respondió con la apertura de una mesa de trabajo para analizar las demandas.
Para la directora del Cepet, ese ámbito no tuvo consecuencias.
Se llevaron a cabo conversaciones sobre las actividades del Estado, sus limitaciones para investigar ciertos crímenes y las demandas de los periodistas, hasta que se llegó a un punto en que no avanzamos más, y concluimos que seguir reuniéndonos no tenía mucha utilidad, explicó Reyes.
Mientras, los periodistas mexicanos continúan bajo amenazas o riesgo de muerte, sobre todo si sus noticias tocan alguna fibra sensible de los narcotraficantes.
