La Comunidad Sudamericana de Naciones enfrenta su primera prueba de fuego, al decidir enviar una misión a Ecuador con la tarea de dialogar con todas las fuerzas políticas y ayudar a su plena normalización e institucionalización.
La decisión fue articulada por el canciller de Brasil, Celso Amorim, quien participará en la misión, junto con sus colegas de la troika que coordina la Comunidad, Juan Ignacio Siles, de Bolivia, y Manuel Rodríguez, de Perú. Argentina se suma al viaje por ocupar la secretaría temporaria del Grupo de Río, el principal foro político de América Latina.
El comunicado firmado por los representantes de los tres países coordinadores señala el firme propósito a favor de que la normalidad institucional sea restablecida pronta y plenamente en Ecuador, en conformidad con la Carta Democrática Interamericana.
Es que lo peor que podría ocurrir a la Comunidad Sudamericana de Naciones es nacer con uno de sus miembros excluido por violación de las reglas democráticas establecidas en la Organización de Estados Americanos.
La fecha de arribo a Quito de la misión, decidida el jueves por la noche, no estaba fijada hasta el comienzo de la tarde de este viernes, según la cancillería brasileña. La preparación supone consultas previas a las distintas fuerzas políticas de Ecuador y al gobierno interino instalado el miércoles por el Congreso legislativo tras destituir al presidente Lucio Gutiérrez.
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El gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva ni siquiera había logrado el salvoconducto para sacar de Ecuador a Gutiérrez, refugiado en la casa del embajador brasileño en Quito, Sergio Florencio, presionado por protestas populares para que Brasilia no conceda asilo político a un corrupto, como lo acusan los manifestantes.
Brasil prosigue, ahora bajo la bandera de la Comunidad Sudamericana de Naciones, la tarea asumida ya por el gobierno anterior, encabezado por Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) de actuar en favor de la estabilización institucional en la región.
Así fue como Lula actuó antes en Venezuela para ayudar a despejar el conflicto político interno, con el Grupo de Países Amigos, y buscó hacerlo últimamente en Bolivia, donde el presidente Carlos Mesa sufre presiones sociales, políticas y empresariales.
La presencia de la Comunidad es un apoyo importante para el mantenimiento y consolidación de la democracia en la región, admitió en conversación con IPS Rosalía Arteaga Serrano, quien fue presidenta interina de Ecuador por algunos días durante la crisis de 1997.
Una integración más sólida de América del Sur creará mejores condiciones para un apoyo efectivo a países que enfrenten problemas de inestabilidad política similares al de Ecuador, sostuvo Arteaga Serrano, hoy secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.
Pero poco puede hacer la misión de una Comunidad aun en construcción ante la crisis estructural profunda que empieza a manifestarse no sólo en América del Sur como en todo el mundo en desarrollo, con intensidades distintas, según el peruano Enrique Amayo Zevallos, investigador de la Universidad Estadual de Sao Paulo, experto en el área andina.
Los Estados no responden a los intereses nacionales y las políticas económicas neoliberales agravaron la insatisfacción social que produce movilizaciones como las que ya derrocaron tres presidentes en Ecuador desde 1997, explicó a IPS.
Los demás países sudamericanos también enfrentan problemas sociales que ganan expresión política en grados distintos, lo que resta también eficacia en una acción de la Comunidad, evaluó Amayo.
El ex presidente Cardoso declaró, en una entrevista publicada el 13 de este mes en el diario peruano El Comercio, que la convulsión social en las zonas indígenas va a ser el problema de las próximas décadas, como ya se ha registrado en Bolivia, Ecuador y Perú.
No es sólo una cuestión de pobreza, sino de identidad. Es ineludible, como solución, darles más poder, darles más capacidad de vivir a su modo, acotó Cardoso, destacando a Bolivia y Ecuador por su población indígena muy grande.
Sí, son actores importantes que hay que tomar en cuenta en las decisiones políticas, económicas y sociales, con los cuales hay una deuda histórica, pero constituyen sólo un componente más entre las dificultades que enfrentan los países latinoamericanos, matizó Arteaga Serrano.
El problema general es la pobreza y la inequidad que afecta a todos, opinó. Esta vez incluso no fueron los movimientos indígenas que forzaron la caída de Gutiérrez, señaló esta dirigente política ecuatoriana que ocupara la vicepresidencia de su país en la fórmula que llevó al gobierno en agosto de 1996 a Abdalá Bucarman, destituido por el Congreso seis meses después..
Los indígenas no son el problema, sino parte de la solución, en la visión de Amayo. Es una población que se organiza y se moviliza por sus derechos, sin degenerar en las pandillas que azotan países como Brasil, donde la marginación produce criminales y traficantes, especialmente en ciudades como Río de Janeiro, explicó.
Los movimientos sociales surgidos en países de mayoría indígena aceleran el proceso de rebelión contra el Estado creado por imitación al europeo, no para atender a la población, especialmente en los países andinos, donde los pobres ni siquiera hablan español, concluyó.
También el periodista Newton Carlos Figueiredo, decano de los comentaristas internacionales que acompaña la evolución de América Latina hace casi 50 años, es pesimista respecto del destino de las democracias en la región.
Los hechos en Ecuador y otras recientes crisis políticas confirman el estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre la escasa confianza y apoyo a la democracia en la región, observó.
Los partidos, esenciales a la democracia, están desmoralizados, sin representatividad, muchos líderes como el venezolano Hugo Chávez y el mismo Gutiérrez surgieron fuera de los partidos, y la población siente que la democratización de las últimas décadas no produjo avances sociales, acotó
