Las movilizaciones que antecedieron la caída del presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez tuvieron como protagonista fundamental a la clase media y media alta de Quito, que no pertenece a partidos políticos ni a movimientos sociales organizados.
Sin embargo, en la solución de la crisis, el protagonismo correspondió a la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Kristie Kenney, a los mandos de las Fuerzas Armadas, constituidos desde hace años en árbitros de la democracia ecuatoriana, y al Congreso legislativo, que encontró la cláusula necesaria para cesar a Gutiérrez con una apariencia de legalidad.
El principio del fin del gobierno de Gutiérrez, acosado por manifestaciones populares y destituido el miércoles, fue la visita de la embajadora estadounidense Kenney al Palacio de Gobierno para dialogar con el mandatario sobre la crisis.
Al final de la reunión, el portavoz de la embajada, Glenn Warren, dijo que Washington estaba muy preocupado por la situación del país y que llamaba a solucionarla enseguida. Para muchos eso fue, más que un mensaje, una orden destinada a producir un efecto dominó.
Minutos después, el comandante en Jefe de la Policía, Jorge Poveda, renunció a su cargo, pidió disculpas por las acciones policiales contra las manifestaciones y se mostró contrario a seguir reprimiendo a los opositores.
La policía ecuatoriana está considerada como una institución estrechamente ligada a acciones vinculadas al Plan Colombia, financiado por Washington para combatir en el país vecino el narcotráfico y la guerrilla de izquierda.
Fuerzas policiales han participado en operativos conjuntos con servicios de inteligencia colombianos y estadounidenses, como la captura del dirigente de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Simón Trinidad, acción reconocida por la misma embajada.
En cambio, las Fuerzas Armadas ecuatorianas se han resistido históricamente a involucrarse en la guerra interna colombiana, que lleva más de cuatro décadas.
Tras la renuncia de Poveda, el Congreso Nacional convocó a una sesión extraordinaria con las firmas de 60 diputados en la sede del Centro Internacional de Estudios Superiores en Comunicación para América Latina (Ciespal) y, menos de 40 minutos después de instalado, aprobó una moción destituyendo a Gutiérrez por abandono del gobierno.
El presidente permanecía en la sede del gobierno y no había renunciado al cargo.
Pocos minutos más tarde se confirmaba la salida de Gutiérrez, cuando el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Víctor Hugo Rosero, anunció que los militares le retiraban su apoyo para "salvaguardar" la paz del país.
Tal como en ocasiones anteriores desde la restauración democrática en 1978, el Congreso halló una salida polémica a la crisis.
En febrero de 1997, cuando el parlamento destituyó al presidente Abdalá Bucaram, en el cargo desde el año anterior, la cláusula utilizada fue declararlo incapaz para gobernar por "insania mental".
Tras esa destitución, en lugar de asumir el cargo la vicepresidenta Rosalía Arteaga, lo hizo el presidente del Congreso, que fue el encargado de llamar a la sesión extraordinaria.
El alto mando militar retiró la confianza al presidente luego de intensas movilizaciones populares y antes de que el Congreso se pronunciase. Sacado Bucaram de en medio, el intermediario entre el parlamento y la vicepresidenta fue el jefe del Comando Conjunto de entonces, general Paco Moncayo, actual alcalde de Quito y opositor de Gutiérrez.
En enero de 2000, cuando cayó Jamil Mahuad (1998-2000), el Congreso volvió a actuar de una forma poco apegada a las normas. Tras una rebelión militar e indígena (de la que tomó parte el entonces coronel Gutiérrez), los mandos militares desconocieron al presidente y a los rebeldes que intentaban instalar un triunvirato e hicieron asumir como primer mandatario al vicepresidente Gustavo Noboa en la sede del Comando Conjunto.
Horas más tarde, el Congreso se reunió en Guayaquil y declaró cesante a Mahuad por abandono de cargo, argumentando que había renunciado, pese a que no lo había hecho y todavía permanecía en el país.
Ahora, en cambio, y de acuerdo a fuentes militares y parlamentarias consultadas por IPS, los mandos militares prefirieron una resolución tramitada por el Congreso antes que una propia.
Las fuentes confirmaron que el alto mando militar no aprobó la injerencia estadounidense a través de la embajadora y exigió al Poder Legislativo que adoptara primero una resolución sobre la salida de Gutiérrez.
Cuando los legisladores destituyeron el miércoles al presidente y nombraron en su lugar al vicepresidente Alfredo Palacio, los comandantes no se presentaron a respaldarlo.
Luego de juramentar ante los diputados, Palacio fue rodeado por una multitud que seguía reclamando "que se vayan todos" y que el nuevo mandatario respetara "la conformación de asambleas populares.
Recién investido, Palacio se comunicó varias veces con los integrantes del alto mando para pedirles su presencia y apoyo. Éstos, reunidos en pleno, prefirieron emitir un comunicado pidiendo a la población que regresara a sus hogares, pues ya habían sido cumplidas sus demandas.
Pero no se trasladaron al edificio donde se encontraba Palacio ni dieron órdenes para protegerlo de la multitud. Finalmente, decidieron enviar un emisario para asistirlo en la salida del edificio de Ciespal, disfrazado. Horas más tarde, Palacio dijo a la prensa que en esos momentos estuvo muy solo.
Fue Palacio quien debió concurrir a la sede del Ministerio de Defensa casi escondido, para dar allí una conferencia de prensa, ya flanqueado por los comandantes, pues tampoco logró alcanzar la casa de gobierno, rodeada de manifestantes que exigían no se traicionara la "voluntad popular".
Apenas este jueves el mandatario pudo acceder a la sede presidencial para nombrar a sus primeros ministros.
Las protestas que acabaron con la caída de Gutiérrez estuvieron marcadas por el rechazo a los partidos políticos y el reclamo de renuncia masiva de los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con las consignas "Lucio fuera" y "Que se vayan todos.
Las protestas surgieron espontáneamente el miércoles 13 de abril en Quito y continuaron durante ocho días hasta la caída de Gutiérrez.
El 13 había tenido escasa aceptación la convocatoria a una huelga general efectuada por Moncayo, alcalde de Quito, y por el prefecto (gobernante provincial) Ramiro González, de Pichincha, provincia donde se encuentra la capital ecuatoriana.
En cambio, los oyentes de radio La Luna, de Quito, propusieron una movilización espontánea contra el gobierno, que fue creciendo a partir de la difusión desde la propia emisora y de mensajes enviados a través de teléfonos celulares.
La convocatoria logró una amplia adhesión, y durante varios días miles de personas se movilizaron en distintos puntos de la capital, sobre todo en zonas de clase media, para exigir la salida de Gutiérrez.
El protagonismo de las movilizaciones no estuvo en el movimiento indígena como en ocasiones anteriores, sino en habitantes de Quito, en su mayoría de clase media, que no pertenecen a partidos políticos ni a organizaciones sociales.
A partir de la movilización, algunos sectores ya comienzan a hablar de nuevas formas organizativas, las asambleas populares, que se encarguen de vigilar al gobierno y, sobre todo, de presionar por un plebiscito sobre la conveniencia o no de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y de mantener o no la base de Manta en manos de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Consultado por IPS al asumir, Palacio dejó abierta la posibilidad de la consulta.
"Aquí se ha hablado mucho de la consulta popular. Pero al pueblo no se le pueden hacer preguntas intrascendentes", dijo el flamante mandatario.
"Hay que preguntarle cosas que vayan a cambiar su destino histórico, que sirvan para su futuro, como por ejemplo: ¿Cree usted que el sistema presidencialista se agotó? ¿Es partidario del sistema parlamentario? ¿Quiere tener autonomía o no? Hay que preguntarle al pueblo qué es lo que necesita. El resto no vale la pena, arguyó.
Interrogado sobre la continuidad de las negociaciones para el tratado comercial (cuya novena ronda se desarrolla esta semana en Lima con delegaciones de Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú), Palacio consideró, sin mucha convicción, que el asunto también podía ser materia de consulta.
La presión popular por el cumplimiento de los reclamos y el continuado clamor para que renuncien los legisladores podrían convencer al mandatario de seguir el camino de la consulta popular para ganar un respaldo que hoy no parece tener.
Ese camino podría desembocar en un referendo sobre múltiples temas, incluida la legitimación de su propio mandato.
