El Consejo de Seguridad de la ONU, que ha condenado de forma sistemática el despliegue de niños soldados, no actúa con la misma rapidez cuando se trata de establecer castigos a quienes cometen esos abusos.
Desde febrero circula entre los 15 miembros del consejo un proyecto de resolución que impondría embargos de armas y restricciones de viajes a líderes gubernamentales e insurgentes que someten a los niños y niñas de la guerra.
Sigo escuchando que la aprobación es inminente, dijo a IPS Casey Kelso, director de la red de organizaciones no gubernamentales Coalición contra el Uso de Niños Soldados, con sede en Londres, integrada, entre otras, por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Save the Children.
Pero lo que escuchamos de fuentes diplomáticas en Nueva York es que las negociaciones son extremadamente lentas y difíciles. No esperamos nada concreto para el futuro cercano, agregó.
La semana pasada, en un editorial titulado Niños en combate, el diario estadounidense The Washington Post también criticó la lentitud de las negociaciones en curso.
Tal vez por temor por la naturaleza tan específica de las recomendaciones, el Consejo de Seguridad aún no ha desarrollado una resolución basada sobre ellas, indicó el periódico.
Esta es un área en que el gobierno de Estados Unidos podría presionar a la ONU, si sus diplomáticos tuvieran interés, acotó el periódico.
En declaraciones a IPS, el subsecretario general del foro mundial Olara Otunnu, representante especial de la organización en materia de Niños y Conflictos Armados, admitió que existe un retraso.
De todos modos, informó que el borrador de la resolución está aun en negociación, pues los 15 miembros del Consejo de Seguridad solicitaron aclaraciones y analizan las implicaciones de algunos de los castigos propuestos para los infractores.
El cuerpo ya expresó su intención de tomar medidas concretas contra aquellos a los que encuentre culpables de abusar de niños y niñas.
Es importante que el Consejo cumpla su promesa en esta ocasión. De eso depende la credibilidad de la resolución, indicó Otunnu, de nacionalidad ugandesa.
La imposición de medidas cuidadosamente calibradas y específicas pueden lograr el impacto deseado sobre los gobiernos, así como sobre los insurgentes, agregó.
Además de limitaciones a los viajes de los funcionarios y el embargo de armas, Otunnu propuso prohibir la ayuda, la restricción del flujo de recursos financieros y la exclusión de dirigentes insurgentes y funcionarios de gobiernos de cualquier previsión de amnistía o cargo administrativo.
Una fuente diplomática indicó que estas sanciones deben concitar la unanimidad de los 15 países del Consejo antes de que el proyecto de resolución pueda presentarse.
Otunnu dijo que, si bien la cantidad de abusos se ha reducido en los últimos años, aún hay más de un cuarto de millón de niños y niñas explotados como soldados, peones, obreros, espías y esclavos sexuales.
Decenas de miles de niñas son sometidas a violación y otras formas de violencia sexual, incluido su uso como armas de guerra, afirmó.
Desde 2003, más de 11,5 millones de niños debieron abandonar sus hogares y trasladarse a otros puntos de sus países a causa de la guerra, y otros 2,4 millones se vieron obligados a buscar refugio en el extranjero.
Entre 800 y 1.000 niños y niñas resultan muertos o mutilados por minas antipersonales cada mes, informó Otunnu. En la última década, más de dos millones de niños murieron en situaciones bélicas, y más de seis millones resultaron heridos de gravedad o con discapacidades permanentes.
En el informe que presentó ante el Consejo de Seguridad en febrero, Otunnu enumeró 17 situaciones de grave preocupación en relación con los niños, y también a 54 bandos en conflictos bélicos que abusan de ellos, entre los que figuran gobiernos y organizaciones insurgentes.
Estos 54 ejércitos y milicias operan en países como Birmania, Burundi, Colombia, Costa de Marfil, Filipinas, Nepal, República Democrática del Congo, Somalia, Sri Lanka, Sudán y Uganda.
Nuestras investigaciones indican que el continuo flujo de armas, en particular las de pequeño porte, a bandos que reclutan y envían al frente a niños soldado ayuda a perpetuar el abuso, dijo Kelso a IPS.
El activista indicó que su Coalición pretende que la próxima resolución del Consejo de Seguridad incorpore una prohibición del suministro de armas pequeñas, otro equipamiento bélico o ayuda militar a bandos en conflicto, específicamente en Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán.
El Consejo debería, además, ordenar el fin del reclutamiento de niños y su participación en conflictos como condición para el levantamiento de sanciones ya existentes, agregó.
En años anteriores, el Consejo aprobó resoluciones contra el reclutamiento de niños. Este año, en cambio, existe reticencia en establecer amenazas referidas a las sanciones vigentes, indicó Kelso.
Se nos dijo que elementos extra como el abuso de los menores no ayudaría e la resolución de un conflicto, lo que haría poco realista esperar una resolución del Consejo, explicó.
