Al menos nueve de cada 10 ejecuciones de la pena de muerte se perpetran en China, advirtió la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. El año pasado, se registraron como mínimo 3.797 en 25 países.
China, el país de más acelerado crecimiento económico, ejecutó al menos a 3.400 personas, si bien fuentes dentro del país calcularon que la cifra real se acerca a 10.000, indicó este martes Amnistía, uno de cuyos objetivos fundamentales es la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.
De acuerdo con esos cálculos, la proporción de nueve de cada diez podría ser una estimación sumamente conservadora. Las cifras divulgadas apenas son, por desgracia, la punta del iceberg, consideró esta organización de derechos humanos con sede en Londres.
El panorama real es difícil de descubrir, pues muchos países continúan ejecutando personas en secreto, contraviniendo los criterios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de divulgación de datos sobre la pena capital, lamentó Amnistía.
Por otro lado, al menos 7.395 personas fueron sentenciadas a muerte en 64 países el año pasado. Y esta cifra también podría estar alejada de la real. Buena parte de esas condenas ya fueron aplicadas.
Unos pocos países concentraron la mayoría de las ejecuciones, pero la situación en China es la peor.
Irán envió al cadalso al menos a 159 condenados y Vietnam a 64, informó Amnistía. Las ejecuciones se redujeron en Estados Unidos de 65 en 2003 a 59 en 2004, agregó.
A pesar de que la cantidad de ejecuciones se mantiene elevado, Amnistía sostuvo que se registra una tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte.
Cinco países eliminaron de sus leyes este castigo el año pasado: Bután, Grecia, Samoa, Senegal y Turquía. Ahora, son, en total, 120 los que han eliminado la pena capital en las leyes o en la práctica, indicó.
Varios de esos países mantienen el máximo castigo en sus normas, pero observan una moratoria en las ejecuciones, explicó en ese sentido.
El gobierno de Tayikistán sancionó en julio una ley de suspensión de la aplicación de la pena de muerte, y el presidente de Kirgizstán, Aksar Akayev, anunció en enero de este año la extensión por 12 meses más de la moratoria en las ejecuciones vigente desde 1998.
Entre los países donde rige una moratoria de esta práctica, a la que Amnistía ha calificado en diversos documentos de asesinato legal, figuran Malawi y Corea del Sur.
Para esta organización humanitaria, se trata de importantes avances que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hoy sesionando en Ginebra, debería aplaudir y alentar.'
A pesar de la tendencia hacia la abolición, las nuevas cifras revelan la necesidad de acciones concertadas de la comunidad internacional para enviar la pena de muerte a la historia, indicó Amnistía.
Por otra parte, esta institución aseguró que la mayoría de los condenados y ejecutados no tuvieron acceso a un juicio justo. Muchos fueron declarados culpables en virtud de evidencia extraída bajo tortura, sostuvo.
En ese sentido, Amnistía recordó el caso del estadounidense Ryan Matthews, declarado inocente años después de su condena. Entre 1973 y 2004 fueron 115 los casos de condenados como Matthews que se libraron de la ejecución en Estados Unidos.
Matthews había sido declarado autor de un homicidio cometido en 1999, cuando tenía 17 años, en el meridional estado de Louisiana.
En abril de 2004, un juez de apelaciones advirtió que los fiscales habían eliminado evidencia fundamental para el proceso. Una prueba de ADN comprobó que el condenado era inocente, y una nueva investigación condujo al culpable real del homicidio.
Amnistía consideró preocupante que algunos países continúen enviando a menores de 18 años al patíbulo.
Irán ejecutó al menos a tres niños en 2004, violando sus obligaciones como parte de tratados internacionales que prohíben esa práctica, indicó. La situación se reiteró con otro niño condenado en enero de este año..
China ejecutó a un joven a pesar de que era menor de edad cuando cometió el crimen, alertó Amnistía. Su ejecución se concretó cuando su abogado y su familia procesaban una petición ante el Supremo Tribunal del Pueblo para revisar el caso.
Amnistía solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que afirme claramente que la imposición de la pena de muerte de menores de 18 años en el momento de la comisión del delito es contrario al derecho internacional.
La organización también reclamó a la agencia de la ONU que declare a la propia pena de muerte como violación de derechos humanos fundamentales
