La cuestión de los obstáculos no arancelarios, hasta ahora al borde del olvido, se sumó esta semana a las ya muy complicadas negociaciones en la Organización Mundial del Comercio sobre acceso a los mercados para los productos no agrícolas.
Esa producción, que en la práctica son de los bienes industriales, tropezaba en las discusiones de la llamada Ronda de Doha con dificultades casi insalvables cuando se trataba de concertar la fórmula de reducción o eliminación de los aranceles de importación.
Pero ahora y por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil han adquirido protagonismo crítico las negociaciones respecto de trabas comerciales ajenas a los altos impuestos aduaneros, como los requisitos de envase y embalaje, de marcado y etiquetado, las evaluaciones de conformidad de la exportación con los reglamentos técnicos y las normas, y algunos más.
La Ronda de Doha, que engloba también otras conversaciones tan decisivas para el comercio mundial como las de agricultura y servicios, había establecido que los estados miembros de la OMC que se sientan amenazados por esos obstáculos no arancelarios podrían presentar denuncias, en formas de notificaciones, antes del 31 de octubre de 2004.
El mismo comité de negociaciones de la reducción de los aranceles fue el encargado de atender esas barreras no arancelarias, según estableció en julio de 2004 la última actualización de la Declaración de Doha, aprobada en la capital de Qatar en noviembre de 2001.
Una vez presentadas las notificaciones, algunas organizaciones de la sociedad civil lanzaron una voz de alarma porque interpretaron que esas denuncias ponen en peligro estándares ambientales, de salud pública y sociales en todo el mundo.
La remoción de esas disposiciones extenderá mucho más que hasta ahora el alcance de la OMC sobre el espacio de política interna de los países, advirtió Ronnie Hall, experta de Amigos de la Tierra Internacional.
En las negociaciones de acceso a los mercados para los productos no agrícolas, que se conocen por su sigla en inglés NAMA, existe un peligro real de que los gobiernos socaven las regulaciones sociales y ambientales, confirmó a IPS el activista Daniel Mittler, de la organización ecologista Greenpeace.
Las notificaciones presentadas ante la OMC cuestionan disposiciones que regulan inversiones extranjeras o que promueven el uso de automotores de bajo consumo de combustible.
Por ejemplo, una notificación de Estados Unidos sostiene que existe un obstáculo no arancelario al comercio cuando las instituciones financieras de un país niegan préstamos accesibles para la compra de automóviles, explicó Martin Khor, director de la Red del Tercer Mundo.
Amigos de la Tierra sostiene que además de Estados Unidos, países como Japón, Corea del Sur y México se proponen utilizar las negociaciones de NAMA en la OMC para "desmantelar un amplio espectro de leyes de protección ambiental, bienestar social y salud pública".
Esa organización no gubernamental menciona también a los gobiernos de Argentina, Bulgaria, Cuba, Egipto, Noruega, Nueva Zelandia, Taiwan, Venezuela y al grupo de países de Asia, Pacífico y el Caribe, que promueven acciones semejantes en la OMC.
Las normas y regulaciones cuestionadas por esos gobiernos son disposiciones diseñadas para promover el desarrollo económico local e imponer restricciones a las inversiones extranjeras, requisitos de etiquetado y certificación y restricciones a las importaciones, indica Amigos de la Tierra.
Por esos motivos, Hall dijo a IPS que esa organización no gubernamental que representa propone la suspensión de las negociaciones de NAMA, para permitir así que se efectúe una evaluación de las consecuencias que pueden tener.
Tanto NAMA, como agricultura, servicios y la totalidad de temas que componen las negociaciones de la Ronda de Doha se encuentran atrasadas y han estado al borde del derrumbe, como ocurrió durante la V Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en 2003 en el sudoriental balneario mexicano de Cancún.
La OMC se ha visto obligada a posponer todos los plazos fijados desde 2001, a causa fundamentalmente de las diferencias a veces profundas entre países en desarrollo en industrializados, que paralizan las negociaciones.
El nuevo calendario establecido aspira a lograr acuerdos básicos en julio próximo, que permitirían relanzar las negociaciones de Doha durante la sexta conferencia ministerial, que se realizará en diciembre venidero en Kong Kong. El objetivo último es concluir el acuerdo a fines de 2006.
Aunque las últimas derivaciones en el tema de obstáculos no arancelarios sugieren que un entendimiento aún está lejano. Hall dijo a IPS que en ese rubro es necesario interrumpir las negociaciones antes de entrar en materia para efectuar la evaluación de las consecuencias que tendrán.
Negociadores de algunos países mencionados por Amigos de la Tierra dijeron que en el área de la OMC se hace difícil precisar los límites entre la conservación ambiental y el proteccionismo comercial.
Khor reconoció que algunos de los obstáculos técnicos al comercio "son proteccionistas". En contraste, los gobiernos tienen derechos legítimos a adoptar disposiciones en favor de la salud pública y el medio ambiente. Lo necesario es distinguir cuales son las disposiciones genuinas, aclaró.
Mittler, de Greenpeace, precisó también que apoyan los obstáculos no comerciales cuando contribuyen con bienes sociales y ambientales que la sociedad ha considerado necesario distribuir.
Por supuesto, hay obstáculos no comerciales que son proteccionismos simulados, aceptó. Nadie los apoya, incluida la sociedad civil, dijo el activista de Greenpeace.
Pero volviendo a la argumentación de fondo de las organizaciones de la sociedad civil, Mittler insistió en que hay ejemplos claros de regulaciones sociales y ambientales que son declaradas obstáculos no arancelarios.
De eso se ocupan distintos órganos industriales de Estados Unidos, bajo constante influencia de grupos de presión, pero también otros gobiernos, responsables de presentar como obstáculos no arancelarios a todas las normas de protección a los ciudadanos y al medio ambiente, dijo.
